La sostenibilidad se ha convertido en los últimos años en una prioridad para la sociedad y para el tejido empresarial, que ha ido implantando progresivamente políticas sostenibles para lograr procesos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, esta tendencia no ha llegado de igual manera a todos los sectores ni actores de la sociedad.
El sector inmobiliario es uno de los sectores que más rezagado se ha quedado en materia de sostenibilidad. El 55% del parque edificado es anterior a 1980, según datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por lo que no son energéticamente eficientes. Asimismo, actualmente los edificios consumen un 40% de energía y suponen un 36% de las emisiones CO2 a la atmósfera.
Esta situación debe cambiar. El sector ya ha comenzado un largo camino para lograr edificaciones eficientes, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Prueba de ello son las construcciones pasivas, que necesitan un 90% menos de energía, logrando mantener una temperatura constante y confortable a través de la optimización de los recursos existentes y contribuyen a la conservación del planeta. Ya existen más de 5.000 edificaciones pasivas, que ponen a las personas en el centro, cuidando su salud y su bienestar.
La sociedad está comenzando a cambiar su mentalidad y entiende que optar por una vivienda de estas características es una inversión a largo plazo, ya que permite el ahorro energético, pero lo más importante, es una firme apuesta por la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la salud.
A pesar de que la sociedad prioriza la sostenibilidad, no todo el sector se está desarrollando al mismo ritmo por lo que necesitamos más impulso por parte de todos los agentes que formamos el sector de la edificación para cumplir con los compromisos medioambientales adquiridos.
La regulación española referida a la edificación de vivienda se encuentra retrasada respecto a las demandas y necesidades de la sociedad, en términos de sostenibilidad y existen áreas clave donde necesita actualizarse para poder abordar de manera eficaz los desafíos medioambientales, avanzar hacia un futuro sostenible y cumplir con la Agenda 2030.
La Administración debe apostar por políticas en materia de vivienda mucho más ambiciosas. Aunque, es cierto que ya existen ciertas leyes y regulaciones relacionadas con el medio ambiente, estas son insuficientes, carecen de un enfoque integral y no han proporcionado un marco adecuado para respaldar y fomentar las iniciativas llevadas a cabo por las empresas del sector e incluso las necesidades de la sociedad.
Algunas comunidades autónomas, como Navarra, están más adelantadas y ya han implantado políticas comprometidas con la sostenibilidad de las edificaciones, lo cual debe servir como ejemplo para las demás comunidades autónomas y para la Administración estatal.
Por otro lado, es cierto que el Gobierno ha articulado los Fondos Next Generation a través de distintas ayudas. En concreto, para el sector inmobiliario se ha desarrollado el Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética de viviendas, lo que supone una oportunidad para el sector. Pero esto no puede quedar como una ayuda puntual. Juntas, administraciones y empresas del sector, debemos trabajar para desarrollar distintos programas a corto plazo para fomentar la construcción de edificaciones sostenibles y eficientes.
Otra problemática a la que se enfrentan las empresas españolas y, en concreto, las del sector inmobiliario es la falta de digitalización en los procesos administrativos, lo que retrasa los procesos constructivos y, por tanto, desincentiva la inversión sostenible en el sector. Por ello, resulta esencial que las administraciones públicas adopten la digitalización en sus procesos para acelerar la inversión y, por tanto, la producción de edificación sostenible.
Respecto a la transición energética, queda camino por recorrer para la total implementación de las energías limpias y alcanzar un sistema energético más sostenible con efecto directo y positivo en el sector de la edificación, que cada vez está más comprometido con la implantación de sistemas que aporten energía limpia al proceso constructivo. Para ello, es necesaria la colaboración con las administraciones.
La regulación española y las administraciones públicas deben avanzar con mayor agilidad en materia de sostenibilidad en colaboración con el sector privado y la sociedad, para fomentar las construcciones saludables y conscientes a través de mecanismos que apuesten por poner a las personas en el centro de las edificaciones y lograr ciudades y, por tanto, un mundo más eficiente, sostenible y saludable.