La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social crece a un ritmo cinco veces superior al que registra la de los españoles, que se revelan así más afectados por el enfriamiento de la actividad económica.
Este desigual dinamismo explica que aunque solo suponen un 13% del empleo, los foráneos aportan el 43% del creado en el último año.
Aun así, el Ejecutivo parece considerar que esta evolución avala su tesis de que la inmigración ha de ser una de las claves de la sostenibilidad de la Seguridad Social, como lo fue hace casi veinte años bajo el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Bajo esta óptica, el ministro José Luis Escrivá, que recoge bajo una misma cartera las responsabilidad es en Seguridad Social y Migraciones, ha diseñado una estrategia que combina contrataciones en origen y mayor flexibilidad en las regularizaciones.
Pero estos planes parecen obviar el hecho de que el empleo que se reserva para estos inmigrantes es el de peor calidad. Así lo muestran las estadísticas de bases de cotización, que revela que los asalariados inmigrantes ganan un 22,4% menos que los asalariados nacionales.
La razón es que se concentra en puestos y sectores de baja cualificación, que se reparten entre trabajadores marroquíes o de Europa del Este que se encuentran con puestos que abren nulas expectativas profesionales y de progreso.
En un país con 2,7 millones de parados registrados, que las empresas y el Gobierno aún defienda este modelo no se explica por una búsqueda del mejor talento, sino por la idea de que se debe competir en costes laborales y no en productividad. Un prejuicio que ya no pasa factura solo a la economía, sino también a las futuras pensiones.
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