23-J: Llega la hora de la gestión

Una de las consecuencias de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo ha sido la decisión del presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el 23 de julio. Esto cierra una legislatura que ha estado marcada en todo el mundo por la pandemia, la crisis de suministros e inflación y la invasión rusa de Ucrania.

El Gobierno español ha presentado estos hechos como circunstancias excepcionales que han condicionado su política económica. Nada se puede objetar a la excepcionalidad de las mismas. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos explican la deriva negativa que presentan algunas de nuestras variables macroeconómicas o la degradación de los datos en términos microeconómicos, sobre todo, si atendemos a la caída del poder de compra de los españoles y la comparamos con la de los ciudadanos de los países de nuestro entorno. La pandemia, el cierre del mercado subsiguiente y las crisis de suministros e inflación no pueden ser la excusa que justifique los datos negativos, porque afectó a todos los estados, sin que ninguno de ellos presente resultados tan nefastos. Tampoco puede serlo la invasión de Ucrania, porque la exposición de nuestro país ha sido mucho más limitada que la de otros socios de la Unión Europea, tanto por la menor dependencia española de la energía rusa, como por la poca relevancia de las relaciones comerciales y financieras de nuestro país con los estados en conflicto.

Despejado que estos acontecimientos no expliquen en su totalidad el "estado de cosas" en términos económicos de nuestro país, cabe pensar también que la crisis pandémica llevó a las autoridades europeas a tomar un conjunto de decisiones en política monetaria y fiscal que a grosso modo consistieron en garantizar la compra de la deuda emitida, suspender la aplicación de las reglas fiscales que obligaban a mantener el déficit por debajo del 3% y poner a disposición de los gobiernos de los estados miembros una ingente cantidad de dinero a fondo perdido o en forma de préstamos. Las crisis subsiguientes lo único que hicieron fue prolongar esas decisiones.

Con Europa trabajando en esta dirección, conviene no olvidar que la política económica del gobierno ha conducido a que seamos el último país de la Unión en recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia y que los españoles seamos los europeos que hemos perdido más poder adquisitivo en estos años, cayendo nuestra renta per cápita hasta el 85% de la media de la que disfrutan nuestros socios.

Todo esto se ha producido en un contexto en el que la deuda ha crecido en España 332.000 millones de euros y los ingresos fiscales han aumentado en 100.000 millones de euros, sin que se haya evitado que nos situemos, según Eurostat, en el tercer lugar en tasa de pobreza y de exclusión social de la Unión. Los datos de empleo tampoco mejoran la situación, porque por muy intensa que es la propaganda, las horas trabajadas y el número de afiliados a la Seguridad Social sugieren que no se crea empleo sino que se trocea, es decir, las horas de trabajo se reparten entre más gente y, por tanto, también los salarios. En otros términos, hay más gente trabajando cobrando menos. Además, el ámbito en el que más incrementa la afiliación es en el sector público, utilizándose la deuda para financiarlo y, por último, la duración media de los contratos y los de vigencia inferior a una semana siguen creciendo en el primer trimestre de 2023, última referencia conocida al escribir estas líneas.

Como evidencian los datos, la realidad y la situación que viven las familias españolas cuando tienen que llenar la cesta de la compra, están muy alejadas del triunfalismo de los discursos económicos oficiales y ponen de manifiesto el fracaso de la política de gasto de los últimos años, a pesar de haber contado, como se ha señalado, con una dirección europea que, en términos monetarios y fiscales, la sustenta.

¿Qué hubiera ocurrido si las distintas autoridades de la UE no hubieran adoptado las decisiones en el sentido que lo hicieron? Es obvio que la deuda la hubiéramos tenido que vender en el mercado, la mayor parte en el internacional, con el consiguiente estrés en nuestra prima de riesgo, que el déficit no podría estar, como lleva desde hace años, por encima del 3% y no se tendría garantizado una parte del crecimiento del PIB como consecuencia de los fondos Next Generation. Conviene no olvidar ninguna de estas decisiones adoptadas por el Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo, porque todas ellas han reforzado una política económica tendente a elevar el gasto y la intervención del sector público. Por eso, a la vista de los resultados cosechados hasta ahora, nos tememos lo peor si tienen la oportunidad de seguir gobernando después del 23 de julio, cuando las decisiones de las autoridades europeas insistan en la política monetaria restrictiva en su doble vertiente de limitar la compra de deuda y subir los tipos de interés, mientras la inflación siga en los términos conocidos, y la finalización de la política fiscal expansiva.

Ahora que, como se ha señalado, las instituciones de la Unión están virando su política económica, llega la hora de la gestión, de tomar decisiones que vayan más allá de aumentar el gasto, subir los impuestos, incrementar la deuda y aplazar las reformas, porque lo que es urgente es ponerse manos a la obra para incrementar nuestro crecimiento potencial, ser más competitivos, crear empleo y mejorar los servicios públicos controlando el gasto, bajando déficit y deuda, reduciendo impuestos y acometiendo con decisión las reformas estructurales que necesita la economía española.

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