Opinión

Los viejos

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Que el asunto de las pensiones no pinta bien es algo que cualquier español joven o viejo sabe, pero no está de más que veamos algunos datos referidos a 2022. Para empezar, sepamos que Madrid y Baleares son las dos únicas regiones que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de sus jubilados, lo que también podrían hacer Ceuta y Melilla. Quince autonomías, por tanto, estarían en una situación deficitaria y si el pago fuera de su competencia no podrían afrontar esas facturas. Así se refleja en un estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de pensiones.

O sea, que somos los madrileños –tras los baleares– quienes más aportamos al sostenimiento de las pensiones, y no solo porque sostenemos con nuestras aportaciones a la Seguridad Social lo que cobran (o cobramos) los jubilados madrileños, también porque somos los que más aportamos vía impuestos a las arcas del Estado, de donde salen las aportaciones a la Seguridad Social para cubrir los déficits que las pensiones generan en otras autonomías. Según el trabajo de Herce, la comunidad que mayor déficit registró en 2022 fue Andalucía, con 6.100 millones. La segunda región más deficitaria fue Cataluña, con 5.900 millones, seguida de Galicia y Castilla y León (4.400 millones) y del País Vasco (4.500 millones).

Esto del País Vasco merece un comentario, porque los residentes allí no aportan ni un solo euro para cubrir los déficits que generan las pensiones en aquel territorio y que son, de media, más altas que en el conjunto de España. Eso sí, el Gobierno vasco otorga a cada pensionista una cantidad añadida, con lo cual los pensionistas vascos cobran más, ceteris paribus, que el resto de los pensionistas españoles. Quizá sea por eso por lo que de vez en cuando vienen los pensionistas vascos a manifestarse en Madrid, reclamando a la Seguridad Social pensiones más altas. Jamás, que yo sepa, se han manifestado en Vitoria frente a la sede del Gobierno vasco.

Madrid y Baleares son las dos regiones que registran superávit en sus cuentas: Baleares 209.700 millones (7,3% del gasto en pensiones) y Madrid 179.800 millones (el 0,8%).

Ante estos datos, José Antonio Herce argumenta que si el sistema de pensiones estuviese íntegramente transferido, con sus recursos y sus gastos, la gran mayoría de las comunidades estarían en situación deficitaria, con las cuatro del cuarto noroccidental sufriendo "desequilibrios severos que les impedirían, seguramente, cumplir sus compromisos de pensiones o los de otros programas autonómicos del Estado del bienestar como la educación o la salud". Y es que las regiones del Cantábrico no son solo de las más envejecidas de España, son también las que más han sufrido la desindustrialización. Galicia, Asturias y el País Vasco son en este momento demográficamente insostenibles, con unas tasas de envejecimiento más que preocupantes que provienen de una fecundidad ínfima. Son sociedades destinadas a la desaparición de la juventud.

Detrás de este gravísimo asunto hay dos cuestiones relevantes de las cuales el Gobierno no quiere ni oír hablar: la preocupante situación demográfica y la desindustrialización que nos ha llevado a salarios muy bajos. La caída en picado de la fecundidad no parece preocupar en absoluto a la verde ministra tan preocupada por el cambio climático.

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