El Gobierno aumenta la presión sobre Ferrovial para frenar su traslado a Países Bajos. Con ese objetivo, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, envío una carta al CEO de la constructora, Ignacio Madridejos, en la que volvía a rebatir los argumentos económicos esgrimidos por Ferrovial para justificar la mudanza de su sede.
Es decir: la firma tendrá que convencer al Gobierno de que la fusión con la filial neerlandesa tiene lógica empresarial y no persigue únicamente un ahorro tributario. De lo contrario, Hacienda podría negar a la empresa las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, lo que podría suponer un duro golpe económico para la compañía. La sanción, en concreto, sería del 25% de las plusvalías latentes de los activos que Ferrovial pase a la firma absorbente. Pero más allá del impacto en las cuentas, el mero hecho de que el Ejecutivo haya mandado la misiva tres días antes de la Junta refleja su interés por presionar a los accionistas para que voten en contra del traslado. Una inaceptable injerencia en la legítima decisión de una empresa en la que el Ejecutivo no debería entrar, ya que carece de argumentos para hacerlo. Ferrovial no es una empresa estratégica para la economía española. Además es europea, lo que le da derecho a moverse por la UE como le parezca. De ahí que la conocida como acción de oro, que da al Ejecutivo el derecho de veto, no tenga cabida. El Gobierno, por tanto, se está inmiscuyendo en una operación empresarial con el claro objetivo de presionar y asustar a los accionistas para evitar el escándalo que supone la marcha de Ferrovial en pleno año electoral. Una clara operación política con la que crea más inseguridad entre las empresas, lo que podría animar a otros a seguir los pasos de Ferrovial.
