Madrid
Movimiento estratégico de Ferrovial en medio del debate sobre la contribución fiscal de las grandes compañías en España. La empresa constructora comunicó ayer que ha propuesto una fusión entre su matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía. Este movimiento supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos y, en la práctica, un ahorro del 5% de los beneficios que la compañía perciba a través de los dividendos recibidos por las filiales del grupo en el extranjero.
Las fuentes consultadas apuntan que, además de este ahorro para el grupo constructor, los altos directivos del grupo también podrán beneficiarse de la política fiscal laxa del país europeo. Ejecutivos como Rafael del Pino, presidente de la compañía, podrían esquivar el denominado impuesto a los ricos si declaran su residencia fiscal en Países Bajos, teniendo en cuenta el nuevo domicilio social de la matriz y que su rol como principal ejecutivo le podría llevar a permanecer fuera de España más de la mitad del año.
Ferrovial justifica este movimiento en que es una firma internacional con la mayor parte de su negocio fuera de España. En concreto, el 82% de los ingresos de 2022 se generaron más allá del mercado nacional y el 90% de su valor en bolsa procede del extranjero. Fuentes del sector recuerdan que otras compañías, como Stellantis, han seguido el mismo camino que Ferrovial, tras la fusión de PSA Groupe y Fiat Chrysler.
La decisión de Ferrovial supone un claro aviso al Gobierno sobre su política fiscal. Queda por ver si la mudanza de Ferrovial provoca un efecto llamada en otras grandes cotizadas que en enero de 2021 ya mostraron su descontento por la limitación a la exención a los dividendos y las plusvalías en el extranjero.
En 2018, Ferrovial ya traspasó su holding internacional de Reino Unido a Países Bajos. La operación implicó el cambio de domicilio de seis sociedades británicas que contaban con unos activos totales de 6.000 millones de euros. En aquella ocasión, la decisión de acometer este cambio estuvo motivada por los temores a los efectos negativos del Brexit.
El traslado de sede debe aprobarse en la próxima junta de accionistas
La operación no se ha adoptado en firme y todavía está sujeta a la aprobación de los accionistas en la próxima junta. Quienes voten en contra podrán ejercitar el derecho de separación, que en ningún caso podrá exceder de 500 millones de euros.
La medida de Ferrovial va dirigida a la exención de impuestos sobre los dividendos, tanto los que reparte la compañía a sus accionistas como los que repatria y percibe de sus filiales. A modo de ejemplo, solo en 2022 la compañía recibió 475 millones de euros en dividendos, gracias, entre otros, a la contribución de infraestructuras participadas como la autopista canadiense 407 ETR.
En paralelo, la compañía anunció además que cotizará a partir de ahora en Estados Unidos. Sobre este último cambio, la compañía española comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que solicitará la doble admisión a negociación en ese país y seguirá cotizando así también en España.
La compañía considera el país otra plaza internacional clave donde hacerse fuerte ya que, junto con Canadá, es uno de los mayores mercados de infraestructuras del mundo y un mercado con gran potencial de crecimiento para la compañía, a la vista de sus últimas operaciones.
Ferrovial considera que existe un limitado número de compañías cotizadas con activos en Estados Unidos, por lo que su cotización en el mercado estadounidense podría potenciar su marca en ese país, permitiéndole acceder a un mercado de capitales mayor.
Reducción de beneficios
Ferrovial cerró 2022 con una caída de beneficios pese a mejorar sus ventas. La compañía reportó unas ganancias netas de 186 millones de euros, lo que supone una caída del 84% respecto a 2021. La compañía achacó este descenso a menores extraordinarios.
En el plano financiero, Ferrovial cerró el ejercicio con una liquidez de 6.118 millones de euros y una posición neta de caja ex-infraestructuras de 1.439 millones de euros. La deuda neta consolidada alcanzó los 5.781 millones de euros, tras incrementarse un 30%.
El consejo de administración aprobó también proponer a la junta general de accionistas un programa de dividendo flexible que sería equivalente a un dividendo total aproximado de 0,715 euros por acción. Esta política puede llevar a distribuir un máximo de 520 millones.
