En un alarde de generosidad y de altruismo, insólito en los tiempos que corren para la coalición socialpopulista, el Gobierno se puso de acuerdo por una vez consigo mismo, que no con la sociedad y los principales afectados, y alumbró una reforma de las pensiones que más que una solución para el sistema es un nuevo impuesto revolucionario al empleo, a la competitividad de las empresas y a la atracción de inversiones, además de un nuevo estímulo a la fuga de nuestras multinacionales y talento siguiendo la estela que ha marcado Ferrovial.
Más allá de los cambios en el cómputo de años trabajados para el cálculo de la pensión, la reforma del tándem Sánchez&Escriva con la inestimable colaboración de Yolanda Díaz, esconde un castigo fiscal al empresariado y a las clases medidas -una renta de 50.000 euros anuales no es de ricos- que se produce en un contexto global de subida de los costes energéticos, de los tipos de interés, de los alquileres, de los costes de producción y suministro, de los costes laborales con el añadido de la caída de las ventas y el negocio.
Una subida generalizada de cotizaciones que si se aprueba tal y como se ha anunciado va a imponer un marginal en imposición directa a las rentas superiores a 60.000 euros de un 70%, contando con repartir la cuota patronal entre empresa y empleado, en palabras de un destacado técnico de la Tesorería de la Seguridad Social. Mientras que como recuerda el presidente de la asociación mayoritaria de trabajadores autónomos, ATA, y vicepresidente de la CEOE; Lorenzo Amor el Gobierno ha puesto en marcha "dos impuestos revolucionarios al empleo" que son el recargo de solidaridad y el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que figura como cotización y no genera prestación y que ahora se duplica para pasarlo del 0,6, al 1,2.
Y esto lo hace en un país que ya tiene una de las imposiciones más altas para el empleo de alta cualificación de los países desarrollados de la OCDE, que tiene tres millones y medio de parados reales, que lidera duplicándola la tasa de desempleo de la Unión Europea, que es también el líder del paro juvenil y con un 81% del crecimiento de la afiliación media a la Seguridad Social entre febrero de 2022 y febrero de 2023, un total de 421.732 trabajadores, bajo la modalidad de fijos discontinuos.
Como resalta un reciente informe del Gabinete de Estudios del sindicato USO, seguimos teniendo sólo la mitad de los afiliados en el régimen general de la Seguridad Social realizando una jornada completa de trabajo. Para concluir que "no basta con tener contratos indefinidos para mantener el sistema, sino que estos deben tener jornadas más amplias y, por tanto, mejor remuneradas.
Pero, para más inri, la reforma que José Luis Escrivá ha llevado a Bruselas tiene trampa, primero porque aborda sólo el cambio por el lado de los ingresos cuando el problema principal del sistema es el de gastos, que ni se tocan ni se adaptan, y que alcanzan ya los 40.000 millones de euros en dos décadas incluyendo también las pensiones no contributivas y de clases pasivas. Y segundo porque lo que aquí no han dicho, aunque al final se ha descubierto, es que las cuentas se revisarán cada tres años y si el déficit de la Seguridad Social se desvía respecto a las previsiones se impondrán nuevos impuestos o se aumentarán los existentes además de, posiblemente, algunos recortes en las prestaciones.
Es decir que, como ya ocurriera con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, serán los gobiernos posteriores, las empresas y los trabajadores quienes pagarán los derroches, la compra de votos, las veleidades y la fiesta del gobierno más mastodóntico y más disoluto de la historia.
