Sigue siendo preciso un pacto de rentas que sirva como herramienta para la lucha contra la inflación. Frente a una situación de alza de precios tan preocupante y mantenida –llevamos dieciocho meses con una tasa de inflación superior al 2 por cien, que es la cifra de referencia máxima del Banco Central Europeo- y hemos acabado el año 2022 en el 8,4 por cien.
Aunque el alza de los alimentos ha sido casi el doble de esta cifra y la mayor preocupación viene dada por la inflación subyacente, la estructural, el comportamiento inflacionario no puede imputarse a los salarios porque los aumentos recogidos en la negociación colectiva giran en torno al 2,5 por cien de incremento y, por otra parte, tampoco puede decirse que las empresas reflejen beneficios a causa de la inflación, sino que –salvo las energéticas, sometidas a un vaivén de inestabilidad- están, por el contrario, anotando beneficios a la baja en sus cuentas de resultados. Solo la Administración ha realizado actividades inflacionarias disparando el gasto, asumiendo unos presupuestos generales del Estado inconvenientes en el momento actual y sobre todo, elevando las pensiones en la misma cifra que el aumento del IPC, estimulando así el crecimiento de la inflación al incrementar casi nueve millones de pensiones en un 8,5 por cien.
La inflación no deriva por tanto del comportamiento del sector privado pero es precisamente éste y la improbable colaboración del Estado las dos bases sobre las que se pueda librar una lucha eficaz contra la inflación, una inflación que deriva sobre todo de la crisis energética producida por la guerra de Ucrania y en muy buena medida por el comportamiento del propio Banco Central Europeo, que ha mantenido una política monetaria inflacionista al comprar constantemente la deuda soberana de los países en apuros a unos tipos de interés muy bajos.
Es preciso acordar un pacto de rentas como se hizo en los Pactos de la Moncloa y que sirvió para bajar la inflación que había llegado hasta más allá del 26 por cien, también con ocasión de otra guerra, la del Yom Kippur y otros factores adicionales. No se puede tensionar la negociación colectiva con exigencias de incrementos salariales que eleven la inflación ni se puede permitir que las empresas trasladen los costes de la inflación a los precios, ni se debe permitir que el Estado se convierta en la alegre espiral inflacionista que se produce cada año electoral. Se necesita un acuerdo general que reparta entre los afectados –que somos todos, incluidos los pensionistas- las consecuencias negativas de la situación.
Este pacto de rentas, que es claramente una necesidad urgente y que se planteó hace unos meses sin que hasta ahora hayan arrancado ni la determinación de sus bases ni el acuerdo de voluntades, está amenazado por la política cortoplacista de un año en el que no solo hay elecciones autonómicas y locales sino también generales. Pero si no se pacta entre todos cómo y en qué medida se reparte, entre todos también, el hecho de que la inflación nos ha hecho más pobres, la situación se prolongará durante todo este año 2023, el alza de precios continuará haciéndonos más pobres y la situación se enquistará estructuralmente.
Sindicatos y empresarios y especialmente el Gobierno, tienen la responsabilidad de hacer lo necesario para alcanzar un pacto de rentas que permita que España frene la escalada de precios y corte el aumento de la pobreza. No hacerlo así sería irresponsable e insensato. Pero ni el mayor optimismo puede hacer pensar que este Gobierno impulsará esta medida porque las elecciones –la política- van a impedir al enfermo tomar su medicina. Y si eso va a ser así, a las elecciones de este año habrá que incorporar menos actividad económica, más crisis de empresas y aumento del desempleo.
