Opinión

El pacto de rentas

Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno

Le ha costado. Pero al final a la señora Calviño no le ha quedado más remedio que darse un baño de realismo, y después de afirmar hace dos meses que la inflación estaría en el 2% después del verano -recordar que también vaticinó que el COVID apenas tendría impacto sobre la economía española- ahora nos pide que nos preparemos para "trimestres complicados" por la subida de los precios, al tiempo que urge a los agentes sociales a alcanzar un pacto de rentas.

Cuando los españoles estamos sufriendo la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 45 años y en vísperas del cambio de orientación en la política monetaria de la UE para subir los tipos de interés, con el 40% de las familias españolas cancelando sus vacaciones o modificando significativamente sus planes estivales por culpa de la inflación, y con un gobierno que está provocando la subida de impuestos más brutal del último medio siglo, el pacto de rentas se hace no sólo necesario sino extremadamente urgente para evitar eso que los economistas denominan inflación de segunda vuelta.

Como recordaba recientemente un ex alto cargo del Ministerio de Economía, "ni siquiera en la crisis de Zapatero se perdió tanta renta en tan poco tiempo entre las clases más desfavorecidas", mientras que los últimos datos de la recaudación tributaria muestran que el Gobierno ha recaudado ya entre enero y mayo casi 100.000 millones de euros en impuestos de IRPF, Sociedades, IVA y especiales. Cifra que supone 15.500 millones más que el año anterior y que supera las previsiones de aumento de recaudación del Ejecutivo para todo el año.

Por ello, la primera premisa para empezar a negociar ese pacto de rentas debería ser una rebaja de la fiscalidad sobre el trabajo que permita a las empresas reducir sus costes laborales en unos momentos que, como muestran los datos del paro registrado en junio, la contratación ha entrado en fase de desaceleración y se avecina un otoño desastroso tras el final de la temporada turística.

Como apuntaba un reciente informe de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, los costes laborales de las pymes han aumentado un 5,7% durante el primer trimestre del año, mientras que los costes totales subían un 23% frente a la subida del 19,8% de las ventas. Recordar que el 98% de nuestro tejido empresarial son pymes y más del 80% tienen menos de diez empleados, al tiempo que el Banco de España constata que los márgenes empresariales "están cuatro puntos porcentuales por debajo de 2019 y se han hundido en 2022 para la mayoría de los sectores".

Un pacto de rentas de verdad, y no una foto para la galería, exige dos cosas fundamentales para ser realmente útil: sacrificio y liderazgo. Pero sacrificios para todos, empezando por el Gobierno que debería ser el primero en apretarse el cinturón recortando gastos mediante la supresión de ministerios inútiles con ministros incapaces que están en la mente de todos y suprimiendo gran parte de esos 800 asesores enchufados a dedo, más del doble de los que tenía el último gobierno de Rajoy, de los 383 son sólo para Sánchez.

Sacrificios para las empresas y sacrificios también para los trabajadores, funcionarios y los pensionistas conscientes de que con una inflación superior a los dos dígitos la promesa gubernamental de indexar los salarios públicos y las pensiones a la subida de los precios es un brindis al sol más de un Ejecutivo hecho para la propaganda y no para para el buen gobierno y la gestión.

Y respecto al liderazgo, ni Nadia Calviño, ni Yolanda Díaz ni, por supuesto, un Pedro Sánchez en sus horas más bajas y sin credibilidad tienen hoy la suficiente autoridad moral para acaudillar el "sangre, sudor y lágrimas" que la situación requiere. La concentración sindical de este miércoles a las puertas de la CEOE con los secretarios generales de CCOO y UGT a la cabeza, reclamando una subida de salarios que no deje atrás la inflación, demuestra que ni el liderazgo político existe y que la sensatez sindical ni está ni se la espera.

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