Todas las instituciones reconocen que nuestra economía se encuentra en un proceso de desaceleración que, sin llegar a una recesión técnica, hará que la actividad económica del año 2023 se debilite sustancialmente y que el PIB crezca alrededor del 1%. Además, la crisis energética seguirá estando presente y la inflación, en especial la subyacente, va a mantenerse en niveles elevados durante bastante tiempo, lo que junto a la contracción monetaria lastrará aún más la recuperación futura.
A pesar de todo ello, el Gobierno saca pecho sobre lo bien que va nuestra economía, los buenos datos de empleo y paro, que vamos a cerrar el año con un crecimiento del PIB superior al 4%, que las reformas estructurales en marcha están comenzando a dar sus frutos, que los fondos europeos nos van a poner en la parrilla de salida y que el año que viene nuestra economía va a superar a la media de la zona euro, superando a Alemania, Francia o Italia. Todo un cuento de Navidad, lleno de magia y de ilusión que puede acabar despertándonos y viendo que lo que nos han traído como regalo es carbón y no dulce, porque aún no hayamos recuperado los niveles de PIB precrisis.
Es paradójico que, tras estas gratas noticias, el Gobierno presuma de un paquete vigoroso cuando, aparentemente, lo peor ya ha pasado y las medidas deberían haberse implantado hace varios meses para ser eficaces y no ahora cuyo impacto va a ser muy limitado y nos va a costar a todos unos 10.000 millones, lo que implica más déficit estructural y mayor endeudamiento, a pesar de la recaudación "record" de este año.
Es muy posible que el paquete que se muestra tenga mucho relleno y no sea tan vigoroso como aparenta, más bien mucho ruido económico y pocas nueces sociales a la caza de voto cautivo. Nada nuevo porque los gobernantes de la antigua Roma utilizaban esta estrategia de Pan y Circo para el pueblo como una estrategia que mantenía calmados y contentos a los ciudadanos ante la magnanimidad y generosidad del César.
Lo cierto es que la puesta en escena ha sido acorde a las fiestas que hemos vivido recientemente, pues recordó a la cabalgata de los Reyes Magos desde la que se lanzan caramelos al aire con la esperanza de que el pueblo acuda en masa y ya sabemos que muchos de esos caramelos son inservibles y acaban pisoteados por la gente y los carruajes.
El cheque de 200 euros es algo tan ridículo y raquítico que no llega ni a la categoría de limosna pues poco van a solucionar 17 euros mensuales en una familia de 4 miembros, si es que llegan y no vuelve a ser un fiasco como el anterior, además de que no la pueden solicitar ni los pensionistas ni los perceptores de IMV. De entrada, supone unos 840 millones de euros y no descartemos otro más en los próximos meses. Veremos cuántas solicitudes se deniegan y el papeleo que exigen y si luego hay que incluirlas en la declaración de la renta, pero lo mejor es que el cobro se recibirá a las puertas de las elecciones.
Igual de famélica es la rebaja del IVA, muy necesaria desde hace tiempo, pero tardía e insuficiente, pues ahorra unos 3 euros mensuales rebajando un 4% los alimentos que menor recaudación generan mientras que la carne y el pescado, que representan casi el 70% del gasto de la compra, no tienen descuento. Unas medidas que también llevan letra pequeña porque están condicionadas a que la inflación subyacente no baje del 5,5%, algo que ya pronostica el Banco de España que ocurrirá.
Y la congelación del alquiler es lo más populista del paquete, recuerda a ese conocido que invita a todos a tomar copas en el bar para caer bien, pero no trae la cartera y tienen que pagarlas los demás. La medida es financiada por el pequeño propietario que tiene una hipoteca que se ha encarecido sustancialmente con la subida del Euribor al igual que las cuotas de la comunidad de vecinos, los gastos de mantenimiento, los suministros, el seguro de hogar y el IBI. Como ya está demostrado, medidas cortoplacistas que contraen la oferta de alquiler, ahuyenta la inversión e incrementa precios para los futuros inquilinos.
Es una medida parcialmente expropiatoria de las rentas a percibir, un lucro cesante que distorsiona el mercado o un impuesto encubierto que genera ineficiencias por la intervención, además de que penaliza al pequeño tenedor que, en muchos casos, también es vulnerable y se sirve de estas rentas para complementar sus ingresos o su pensión, una vez pagada la cuota hipotecaria. Sin embargo, no se aplica a autónomos y PYMES que tendrán que sufrir el encarecimiento de sus gastos de alquiler. Y por supuesto, beneficia a los arrendatarios con elevado poder adquisitivo, que los hay. La falta de coherencia apunta a que se trata de una medida ideológica y electoralista.
Todo parece mostrar que el escudo social no va dirigido al pueblo sino a quienes nos gobiernan ante la próxima cita electoral y no descartemos un segundo paquete de medidas, sacadas de la chistera, para afrontar los retos políticos en las generales. Lo cierto es que, cada año pagamos más impuestos y no se deflactan las bases impositivas. Como decían los gladiadores en Roma, "Ave, Caesar, morituri te salutan".
