Opinión

Más transparencia en ASG: así lo indica la nueva directiva CSRD

  • El Parlamento Europeo ha aprobado la directiva de reporte sostenible
  • Da el pistoletazo de salida a una visión más rigurosa de la información no financiera
Imagen: iStock

El pasado 10 de noviembre, mientras representantes de países, empresas y de la sociedad civil continuaban con los debates en la Cumbre del Clima de Egipto sobre el nivel de ambición y la velocidad con la que se está llevando a cabo el proceso de descarbonización, el Parlamento Europeo aprobaba la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, más conocida por sus siglas en inglés como CSRD. Conozca el portal 'elEconomista Inversión sostenible y ESG'.

Esta regulación es otra de las piezas clave de la Unión Europea para estructurar todo su Pacto Verde, en consonancia con los compromisos de la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Todo ello con el objetivo de alcanzar la recientemente ampliada meta de la UE de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero del 55 al 57 %, desvincular el crecimiento económico del uso intensivo de recursos naturales y promover la igualdad social de aquí a 2030.

Con la mayoría aplastante de 525 votos a favor, y tan solo 60 en contra, los europarlamentarios han acordado incrementar la rendición de cuentas de las empresas ante sus partes interesadas en materia ambiental, social y de buen gobierno (ASG). Para ello, les requerirán datos fiables, comparables y verificados por personal externo cualificado, supliendo así algunas de las carencias de los actuales Estados de Información No Financiera derivadas de la Directiva 2014/95/UE. 

Aunque la normativa está enfocada a grandes compañías y pymes cotizadas, acabará afectando a más empresas 

Entre otras cuestiones, las empresas deberán aportar una descripción acerca de la resiliencia del modelo de negocio y la estrategia de la empresa, frente a los riesgos relacionados con la sostenibilidad. Además, deberán incluir las oportunidades que pudieran surgir y los planes para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C, en consonancia con el Acuerdo de París. Finalmente, una descripción de la función de los órganos de administración, dirección y supervisión en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad, el sistema de incentivos ligados a cuestiones de sostenibilidad o los principales efectos negativos, reales o potenciales, relacionados con las propias actividades de la empresa y con su cadena de valor. Le puede interesar: A partir de ahora, su banco le preguntará si quiere usted ser inversor ESG.

Otra de las principales características de esta regulación es la integración que presenta con otras legislaciones. En materia ambiental,  por ejemplo, se deben comunicar los impactos generados sobre los seis objetivos ambientales definidos en el reglamento de Taxonomía (de los cuales todavía están pendientes de publicación los actos delegados relativos al uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; la transición hacia una economía circular; la prevención y control de la contaminación; y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas). También se recogen aspectos de debida diligencia, ya incluidos en el borrador de Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que se encuentra en este momento en tramitación. En relación con las cuestiones sociales, se incluyen referencias al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Otras novedades con respecto a los Estados de Información No Financiera actual es el requisito de aportar la información en horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, así como de los planes para alcanzar los objetivos establecidos, incentivando la mejora continua y la adaptación hacia la transición ecológica. Además, la dirección de la empresa tiene la obligación de informar a los representantes de los trabajadores y tratar con ellos los medios para obtener, elaborar y comprobar dicha información ASG, implicando directamente a los trabajadores en la sostenibilidad corporativa. 

A pesar de que la normativa está enfocada a grandes empresas y pymes cotizadas, la implantación progresiva y el requisito de reportar las características ASG de la cadena de valor completa obligarán a dar información a empresas que, en este momento, no tienen capacidad para establecer las medidas necesarias, para realizar una toma de datos continuada y de calidad suficiente. Esta cuestión se recoge en el texto aprobado, especificando que la información requerida a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas proveedoras deberá ser proporcionada y pertinente para las capacidades y características de estas, y en función de la magnitud y complejidad de sus actividades. Lea también: Se cumple un año del 'Big Bang' de los fondos sostenibles.

Esta nueva normativa supone una traba más para aquellas organizaciones tentadas al greenwashing al exigir el reporte de indicadores concretos y normalizados en materia ambiental, social y de buen gobierno, que la Comisión encargó realizar a EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) y quien aprobó la versión definitiva de los primeros estándares cinco días después de que lo hiciera la CSRD. Estos indicadores, a su vez, son coherentes con el resto de regulaciones y establecen puentes con otros sistemas de reporte como los de Global Reporting Initiative (GRI), los estándares integrados de International Sustainability Standards Board (ISSB), y que tienen prevista su publicación en 2023, según un reciente anuncio, o los que está desarrollando la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, en Estados Unidos. 

En definitiva, es solo el pistoletazo de salida a una nueva visión de la información no financiera, más rigurosa y concreta, basada en la doble materialidad económica y de sostenibilidad, y capaz de aportar datos relevantes que permitan identificar a las empresas más comprometidas con la sostenibilidad. Por delante, quedan varios meses de adaptación y formación, tanto de empresas como de verificadores, para poder hacer frente a los informes que empezarán a llegar en 2025 y que, como fin último, deberán cumplir con las expectativas de las partes interesadas. 

Verónica Sanz Izquierdo es responsable de Sostenibilidad y ASG en certificación de OCA Global. 

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