
Reino Unido ha vivido diez días aleccionadores, en los que su economía, su sistema financiero y el bienestar de sus ciudadanos han estado repentinamente en peligro. Pero con una acción rápida y coordinada, los responsables políticos aún pueden salvar la situación.
El viernes pasado, la agencia de calificación Standard & Poor's puso la calificación crediticia AA del Reino Unido en "vigilancia negativa" -amenazando de hecho al país con una rebaja- por la preocupación de que el paquete de recortes fiscales sin financiación (el "mini-presupuesto") propuesto por el nuevo gobierno aumente la carga de la deuda del país. Una rebaja de la calificación sería más probable si "el crecimiento económico resulta más débil debido a un mayor deterioro del entorno económico o si los costes de endeudamiento del gobierno aumentan más de lo previsto, impulsados por las fuerzas del mercado y el endurecimiento de la política monetaria".
Aunque la calificación de S&P no afectará materialmente al acceso del Reino Unido al crédito, representa otra vergüenza -junto con la extraordinaria volatilidad de los costes de endeudamiento y la reprimenda del Fondo Monetario Internacional- para el gobierno de la Primera Ministra Liz Truss. Además, socava tres pilares del bienestar del Reino Unido: la credibilidad de las políticas, los resultados económicos y la integridad del mercado financiero.
La decisión de S&P no fue la única consecuencia del anuncio del minipresupuesto por parte del canciller Kwasi Kwarteng el 23 de septiembre. El plan asustó a los mercados financieros y desencadenó una precipitada caída del valor de la libra, ya que indicaba que Kwarteng iba a pisar a fondo el acelerador de los estímulos, incluso mientras el Banco de Inglaterra pisaba el freno. De hecho, sólo dos días antes, el Banco de Inglaterra había decidido aumentar el tipo de interés oficial del 1,75% al 2,25% -el nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2008- y apuntaba a nuevas subidas en el futuro.
Ahondando en la contradicción política, el economista jefe del BOE advirtió unos días después que el plan del Gobierno exigiría una "respuesta monetaria significativa". Pero, al día siguiente, el 28 de septiembre, el BOE se vio obligado a anunciar un programa de dos semanas para comprar 65.000 millones de libras (73.000 millones de dólares) de bonos a largo plazo, con el fin de restaurar la estabilidad financiera y evitar un colapso del sector de las pensiones.
La amenaza de un accidente en los mercados financieros complicó considerablemente la ya complicada tarea del BOE de encontrar el equilibrio adecuado entre la lucha contra la inflación y la minimización de los daños a la actividad económica. De repente, la estabilidad financiera también estaba en juego. Socavando aún más la credibilidad de la política del Reino Unido, el gobierno trató de eludir el marco institucional establecido mientras avanzaba en sus medidas presupuestarias, entre otras cosas, no consultando adecuadamente con la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) y otros organismos.
Las consecuencias negativas para la economía empezaron a manifestarse inmediatamente en el mercado de la financiación de la vivienda, un sector importante no sólo desde el punto de vista económico, sino también social y psicológico. El encarecimiento de las hipotecas vino acompañado de una alteración de su disponibilidad. Esto, sumado a las subidas del 1 de octubre de los precios de la energía y el gas, seguramente erosionará aún más la confianza de las empresas y los hogares, a pesar de las medidas para impedir nuevas subidas de los precios de la energía durante algún tiempo.
Las salvajes oscilaciones que se apoderaron de los mercados financieros británicos durante tres días tras el anuncio del minipresupuesto eran impensables para muchos sólo un día antes. Sin embargo, palidecen en comparación con la intervención del BOE del 28 de septiembre.
Incluso en modo de emergencia, los bancos centrales prefieren esperar al fin de semana o, como mínimo, al final de la sesión bursátil, antes de tomar una medida política brusca. Esto les permite enmarcar la decisión política y proporcionar información de fondo, mitigando así las dramáticas reacciones del mercado.
Al parecer, esto no fue posible para el Banco de Inglaterra, que anunció su programa de compra de bonos a las 11 de la mañana de un miércoles. El trastorno inmediato en el sector de las pensiones, así como los temores de que se produzcan efectos secundarios perturbadores en otras partes del sector financiero y de la economía real, hicieron necesaria la audaz e histórica medida del BOE.
Las malas noticias son obvias: el bienestar económico y la estabilidad financiera del Reino Unido están en peligro. Si los responsables políticos siguen por este camino, los segmentos más vulnerables de la población -que ya soportan el peso de una crisis del coste de la vida, la inseguridad de los ingresos y el aumento de los costes de los préstamos- serán los que más sufran.
La buena noticia es que la situación se va solucionando. Para ello, el Gobierno ha dado marcha atrás en parte de las medidas. Pero además debería adelantar la publicación de las próximas previsiones del OBR (previstas para el 23 de noviembre), aprovechando la ocasión para posponer sus recortes fiscales sin financiación y dotar de un contenido analítico más sólido a su plan de crecimiento y obtener un mayor apoyo institucional para el mismo. El Gobierno debería evitar los recortes de gastos que socavarían el potencial de crecimiento del país y perjudicarían a los servicios públicos. Por su parte, el Comité de Política Monetaria del BOE debería reunirse antes de la próxima fecha prevista (3 de noviembre) y volver a subir los tipos de interés.
Estos dos pasos deben ir acompañados de medidas específicas para proteger a los segmentos más vulnerables de la población, así como de una supervisión prudencial más estricta del sector no bancario y de una mejor coordinación de las políticas mundiales, que debería llevarse a cabo en especial colaboración con Estados Unidos. Para mitigar las preocupaciones sobre los costes políticos de los ajustes significativos del minipresupuesto, esta corrección del rumbo puede presentarse como una respuesta a la inestabilidad del mercado exterior, de la que hay mucha, y a la evidencia de que la economía mundial se está desacelerando más rápido de lo que la mayoría esperaba.
Después de diez días difíciles e impactantes, los responsables políticos de Reino Unido han aprovechado la oportunidad de un reajuste. Así han evitado que agraven los desequilibrios económicos, políticos y financieros actuales, aunque necesario un ajuste más costoso y complicado en el futuro.