El Banco de España, la Airef, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI y todos los institutos de estudios públicos y privados que se han referido a la situación económica de nuestro país en el último año han señalando la necesidad de trazar un plan de consolidación fiscal, para trasladar a los inversores privados la seguridad de que se puede confiar en nuestra deuda soberana y como herramienta contra la inflación.
Sin embargo, el gobierno se ha obstinado en creer que para encauzar las cuentas públicas españolas basta con que las autoridades europeas continúen con la política monetaria que inunda de liquidez el mercado desde hace una década y la política fiscal que suspendió los principios rectores del pacto de estabilidad e incrementa el gasto a través de los fondos Next Generation financiados vía deuda. En apoyo de su inacción utilizan los recientes datos de paro, la reducción de la deuda expresada en términos de PIB y la evolución de la recaudación tributaria.
En este sentido, cuando se refieren a la evolución aparentemente positiva de los datos de paro, ocultan que en su mayor parte es el resultado de considerar empleados a efectos estadísticos a quienes son parados reales y al incremento del empleo público, sin que dejemos de ser el país con el mayor número de desempleados de Europa. Por otra parte, si se considera la temporalidad, lo cierto es un cambio en la denominación de los contratos y no el fin de la dualidad en el mercado laboral.
En segundo término, cuando se refieren a la deuda, se afanan en destacar su reducción, porque lo estiman en términos de PIB, evitando hablar de su incremento en términos cuantitativos. Así, subrayar que se ha pasado del 125,2% en el primer trimestre del 2021 al 117,7% del PIB del primer trimestre de 2022, no impide ver que la deuda española alcanza 1.453.853 millones de euros, de los que 398.000 millones están en el BCE, más de una tercera parte de la que se encuentra en el exterior, que alcanza el 75% del total si le sumamos los 501.620 millones de euros adquirida por fondos, aseguradoras y bancos extranjeros.
En tercer lugar, se refieren a los datos de recaudación tributaria que están marcando una evolución creciente. De hecho, 2021 cerró con un 15% más que 2020, hasta 223.385 millones de euros y en los cuatro primeros meses de 2022 ha crecido un 18% respecto al mismo período del año anterior, 85.922 millones frente a 72.778 millones. Esta evolución no oculta a los ojos de los inversores un elemento cuantitativo y otro cualitativo que preocupa a todo los analistas, pero que parece no hacerlo a los responsables políticos del Ministerio de Hacienda. El primero es que las administraciones públicas españolas gastaron 82.819 millones de euros más de lo que ingresaron en el año 2021 y que el déficit estructural se encamina hacia el 4% del PIB. El segundo es que el incremento de la recaudación tiene su origen esencialmente en que la inflación la favorece, aunque, al mismo tiempo, reduzca la renta disponible de las familias y la competitividad de nuestras empresas, es decir, penalice el consumo privado y la inversión, disminuyendo el crecimiento del PIB.
La vulnerabilidad de la economía española es tan evidente que ha bastado que el BCE, ante la incontrolada subida de los precios, se vea obligado a cambiar su política monetaria, desactivando la compra de deuda iniciada en la pandemia y concretara la subida de los tipos de interés en julio, para que la prima de riesgo española pasara de 118 a 140 y la rentabilidad del bono español con vencimiento a 10 años subiera al 3%. Esto hizo necesario que la Presidenta del Banco Central anunciara nuevas herramientas para aliviar los costes de financiación e impedir una crisis de deuda soberana como la sufrida hace unos años.
Es cierto que basta con que volvamos la mirada a la historia económica, para que resulte complicado no encontrar un momento en el que la financiación de programas de gasto y de la deuda por medio de la impresión de billetes durante más tiempo del debido no termine en inflación, pues, como nos enseñó Milton Friedman, la inflación es siempre un fenómeno monetario. También lo es que los gobiernos de los países del sur, rogamos por la política expansiva que estuvo detrás del whatever it takes de Draghi en los tiempos de la crisis financiera y que durante la paralización del mercado que provocó la pandemia, todos los miembros de la eurozona pidiesen la misma política. Pero nuestra responsabilidad reside en saber qué podemos, qué debemos hacer, por cuánto tiempo y decirlo.
Se abre ante nosotros un escenario en el que la política monetaria restrictiva dirigida a frenar la inflación, conducirá inexorablemente a ralentizar el crecimiento, la cuestión esencial es que no lo paralice o lo haga retroceder. Las autoridades españolas no deberían seguir utilizando la política fiscal con criterios expansivos dados los niveles de precios, déficit y deuda a los que nos hemos referido más arriba, porque estamos obligados a trazar una estrategia que, a diferencia de la actual, evite perjudicar la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de las familias más vulnerables. La política monetaria se nos escapa, pero no lo hace la consolidación fiscal que puede utilizarse para reducir el gasto, lo que no impide dirigir nuestra atención a quienes más dificultades están pasando y las reformas estructurales. A encontrar esos equilibrios es a lo que nos deberíamos aplicar.
El gobierno, entre tanto, atisba en el horizonte restricciones de gasto aparejadas a la nueva herramienta europea y que Lagarde describió en el foro de los bancos centrales celebrado en Sintra diciendo que tendría las suficientes salvaguardas para que los países diseñasen una política económica sana, pero esto no parece preocuparle a los responsables políticos actuales, porque para resistir no es necesario consolidar las cuentas públicas, les basta con haber encontrado a Europa como culpable.
