Una de las reformas estructurales que España debe acometer con más urgencia es la definición de un mix energético que permita precios asequibles a los ciudadanos y facilite la competitividad de nuestras empresas, que son la base del empleo y del estado del bienestar. Sin embargo, quienes tienen hoy la responsabilidad de afrontar este problema se conforman con poner parches, como lo es la ya nacida excepción ibérica. Les pueden los prejuicios ideológicos, cuando estos problemas deben resolverse con ciencia y no con teología. Volvamos la vista unos meses atrás.
La inflación dejó de considerarse un fenómeno pasajero a partir de los datos del mes de febrero. Todos los gobiernos de la Unión Europea tomaron medidas inmediatamente para frenarla, excepto el español. Justificó su decisión en que el INE consideró a la gasolina y la electricidad como los causantes esenciales de la subida general de precios y en que el Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo iba a abordar, entre otros aspectos, cuestiones relacionadas con las repercusiones de los elevados precios de la energía y las opciones para amortiguarlas, por lo que aplazó cualquier decisión hasta el Consejo de Ministros del día 29.
El burladero era idóneo para mantenerse en la inacción e intentar traerse del Consejo Europeo una respuesta afirmativa a la idea-obsesión que invoca todo progresista que se precie cuando se acerca al mercado eléctrico: abandonar el sistema marginalista de fijación de precios vigente en el mismo. Sin embargo, la propuesta del gobierno español fue rechazada una vez más, porque no se conoce una alternativa a este modelo que los garantice más bajos y que sea más eficiente, es decir, que haga uso en cada hora de la energía producida más barata. En su lugar, la posición aprobada fue la llamada excepción ibérica que permite a España y Portugal topar el precio del gas utilizado para la producción de energía eléctrica, según el mecanismo que finalmente autorice la Comisión.
El gobierno presentó el acuerdo del Consejo Europeo como un gran triunfo, pues permitiría un ahorro del 30% en la factura de los consumidores, "en pocas semanas". Sin embargo, la puesta en marcha se fue retrasando durante el mes de abril y mayo, a pesar de que se habían comprometido a enviarlo para su aprobación de manera inmediata en el Consejo de ¡finales de marzo! Finalmente, el Consejo de Ministros adoptó el 13 de mayo el Real decreto-ley por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. La presentación del Real Decreto en rueda de prensa fue acompañada del mismo triunfalismo fatuo del acuerdo del Consejo Europeo, a pesar de que su publicación no significara que fuese a entrar en vigor, porque no lo ha hecho hasta que el mecanismo ha sido admitido por la Comisión, como se dispone en el propio texto legal.
En realidad, y a pesar de tanta jactancia, la reducción de la factura, como ya ha reconocido el propio gobierno, no será del 30%, sino mucho menor, debido a la compensación en favor de las empresas gasísticas que asumirán los consumidores de la tarifa PVPC y los del mercado libre en el momento en el que haya alguna novación en sus contratos. Por otra parte, conviene tener presente que la Comisión, para minimizar la ruptura del mercado europeo, no ha permitido a España limitar la cantidad de energía a exportar, ni hacerlo a un precio distinto del que se configure para el mercado interior, de forma que esta gran victoria provocará que los españoles subvencionemos a nuestros vecinos importadores parte del coste de su electricidad. En otras palabras, nuestra factura no bajará tanto como se presumía y una parte de lo que paguemos será para abaratar el recibo eléctrico de los consumidores franceses y andorranos.
El Gobierno interviene en el mercado eléctrico olvidando que el problema no está en este, ni en el sistema por el que se de fijan los precios en el mismo, sino en los altos niveles que alcanza el del gas en su mercado, que sube, entre otras razones, porque se ha configurado un mix eléctrico disparatado que abandona el carbón, la energía de origen nuclear y se le pone fecha de caducidad al petróleo y al gas, lanzando el mensaje de que no tienen futuro las inversiones que se hagan en este sector, precisamente en el momento en el que la transición energética concentra la demanda en el gas natural, dada la discontinuidad y la imposibilidad de almacenar la energía renovable. Todo ello a toda prisa, sin medir los costes y olvidando que quien los paga son las familias más vulnerables, es decir, sin pensar en las consecuencias de sus obsesiones ideológicas. También olvida el ejecutivo que la mayor parte de la demanda de energía está en el mercado libre y por tanto no está sometida a los vaivenes de los precios que marca el mercado mayorista, como sí le ocurre a los acogidos a la tarifa regulada. De esta forma, lo que es solo un problema que afecta a menos de un 20% de la demanda nacional lo han extendido al 100%. Más sencillo hubiera sido, como ocurre en la mayor parte de los países europeos y ahora tendrán que hacer obligatoriamente, desligar la tarifa regulada del mercado diario y atender específicamente las necesidades de los más vulnerables.
En definitiva, no estamos para triunfalismos, porque solo se ha puesto un parche a un problema estructural. Seguir por más tiempo sin definir un mix energético que tenga presente nuestras capacidades y nuestro compromiso climático sin condicionamientos ideológicos, nos resta competitividad y hace asumir costes innecesarios tanto a las empresas españolas, como a las familias con más dificultades.
