Gentiloni, el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios ha señalado textualmente que Bruselas evaluará "con las autoridades españolas la sostenibilidad de su sistema de pensiones en 2023".
Es natural, porque se ha evidenciado que al ministro Escrivá tienen que ayudarle a hacer las cuentas de la Seguridad Social en Bruselas. Y no porque a él le salgan mal. De hecho, a él le salen bien las cuentas. Pero están mal hechas. A él le parece que el sistema de Seguridad Social es sostenible. Y que las reformas que acomete sirven para mantenerlo. Le parece bien derogar el factor de sostenibilidad y cree que ligar las pensiones al IPC es muy electoralista, muy progresista y muy sostenible. A la ministra Montero también se lo parece. Pero esta ministra lleva las finanzas del Estado con un ábaco de juguete.
Así que Gentiloni, ha dicho: "Tenemos una segunda solicitud de pago por parte del Gobierno español del fondo de recuperación y vamos a analizar esta solicitud para asegurarnos de que el sistema de pensiones es fiscalmente sostenible".
El sistema de Seguridad Social se ha construido con esfuerzo a lo largo de ciento veinte años. Una tercera parte de su historia se ha cubierto bajo un régimen constitucional democrático. Ha contribuido al cambio más importante de los últimos años y a la transformación de las costumbres. En realidad, la Seguridad Social ha sido un instrumento, quizá el más poderoso, para asegurar la supervivencia del régimen de economía liberal. Más aún, en ella reside la clave para hacer posible la convivencia entre los fundamentos del capitalismo y los principios que sustentan el ideal democrático. La Seguridad Social, más que cualquier otra cosa, más que cualquier programa político concreto, más que cualquier corriente de pensamiento, ha venido a establecer en las sociedades avanzadas que un cierto intervencionismo estatal es conveniente y útil en el interior de una economía libre de mercado.
Pero esa intervención, en un momento como éste, debe tomar en cuenta la completa situación del país y decidir sobre las pensiones de acuerdo no sólo con los principios del Estado del bienestar, sino también con las finanzas del Estado. Vivimos un momento en que el sistema de Seguridad Social debe ser defendido absolutamente. Y sobre todo, debe ser defendido de sus entusiastas. Porque si se quiere mantener, será preciso contener su coste, a menos que se pretenda hacer con las pensiones otra burbuja cuyo pinchazo produzca un súbito crecimiento de la pobreza extrema.
El Gobierno debe tener presente que revalorizar las pensiones no puede ser un gesto de partido, ni una excusa para un discurso brillante, ni una decisión que no tenga en cuenta que la Seguridad Social influye en el bienestar de las personas. Que vale la pena. Que define el desarrollo de una sociedad y que es la historia del Estado contemporáneo. Que hay que mantenerla, reforzarla y financiarla. Y que el camino para eso ahora es desvincular las pensiones del IPC. Porque una inflación desbocada como la actual no puede contenerse con pensiones inflacionarias y unas pensiones sostenibles exigen un sistema que contenga el gasto. Saber y aplicar esto es la labor de los políticos con sentimiento de pertenencia al futuro, sin electoralismos. El futuro es lo que hoy está en juego y lo que los españoles tenemos que ganar.
A Escrivá le salen tan mal las cuentas que no tiene margen para el error. Le salen tan mal las cuentas que ahora, si viajara hacia las Indias, ni siquiera descubriría América. Por eso, el gobierno no puede derrumbar las finanzas de la Seguridad Social apostando por una subida equivalente al IPC de este año. Y no puede arriesgar los fondos de recuperación por una decisión tan equivocada como la vinculación de las pensiones al IPC. Por eso, Gentiloni va a ayudarle a hacer los números. Porque ni a Montero ni a Escrivá se les puede dejar jugar con las cosas que son de todos.
