Madrid
España es la única gran economía del euro que toma únicamente el Índice de Precios al Consumo (IPC) como referente para la revalorización de las pensiones públicas. Otros países como Francia, Italia, Alemania y Portugal sí consideran factores demográficos y de esperanza de vida además del IPC en la evolución de la retribución de los jubilados, y Francia se asemeja al modelo español (toma previsión de IPC y paguilla). Ante esta diferencia, Bruselas se inquieta y pone en duda la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a causa de la indexación a un IPC esperado del 6% por el Gobierno.
El Factor de Sostenibilidad introducido por el Partido Popular (PP) en la reforma de pensiones de 2013 pretendía actualizar la cuantía de las pensiones teniendo en cuenta los factores demográficos que paulatinamente van a presionar en mayor medida al sistema de la Seguridad Social, con un aumento progresivo de el número de pensionistas que se dan de alta con retribuciones más altas por sus carreras laborales. Esta medida iba en línea con otros países europeos: la comparativa más clara es Portugal, que incluye un factor de sostenibilidad con datos de esperanza de vida.
Pero esta medida se borró del mapa el año pasado, cuando en la nueva reforma de pensiones del titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que introdujo la revalorización inexorable de las pensiones públicas según la evolución de los precios a partir de este 2022.
Según cálculos de los Analistas Financieros Internacionales (AFI), el impacto de la reducción de la pensión pública para adaptarla a las obligaciones demográficas hubiera comenzado reduciendo un 0,57% la pensión pública en 2019, para alcanzar un 12% en 2040 y comerse una quinta parte de la paga a los jubilados a mitad de este siglo.
Vista a Europa
En Francia, la esperanza de vida impacta sobre la vida laboral. Italia, uno de los países señalados por la OCDE en materia de sostenibilidad de las pensiones, toma tablas de mortalidad y esperanza de vida para el cálculo de la pensión, conscientes del peso demográfico en la península itálica. También cuentan con un vínculo de la cuantía de las pensiones a los precios que ramifica la indexación al IPC según el poder adquisitivo de cada una: a la pensión mínima le suben el 100%.
Según información facilitada por el Ministerio, Francia cuenta con un sistema que combina previsión de inflación y paguilla; a partir de este verano, la economía francesa previsiblemente introducirá un sistema de revalorización como el español.
Y en Portugal la marcha de los precios es un ingrediente fundamental en el mecanismo automático de revalorización de las pensiones, que tiene dos componentes: la inflación media de los últimos 12 meses (sin contar la vivienda) y la evolución del PIB de los últimos dos años.
En Alemania, un complejo sistema de puntos de cotizaciones tiene un pesos determinado en función de los factores demográficos en relación entre cotizantes y pensionistas, por ejemplo.
Y es que la Comisión Europea anda detrás de España -igual que revisa, comenta y hace recomendaciones al resto de países miembro del euro- especialmente por sus cuentas públicas, la sostenibilidad y el peso que tienen las pensiones sobre este apartado concreto.
En línea con la auditora pública encargada de revisar el Plan de Estabilidad 2022-2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión prevé que la revalorización elevará el gasto a causa de una evolución extraordinaria de los precios durante este año. Eso sí, el papel del Gobierno hasta ahora es férreo: mantienen la una medida que se aprobó apenas hace seis meses y los jubilados recuperarán el poder adquisitivo perdido este año. La AIReF, por su parte, avisa que el gasto en pensiones crecerá un 8,8% del PIB a causa de la revalorización.
Bruselas remarca que, de mantenerse esta evolución de precios, "la indexación de las pensiones puede provocar un gasto mayor de lo esperado". El objetivo pactado con la Comisión Europea pasa por aliviar el déficit público por debajo del 3%, un objetivo que no se cumplirá hasta finales del trienio, según las previsiones oficiales.
Todo apuna a que la actual reforma tarde o temprano requerirá ajustes de mayor medida, tanto en la partida del gasto como en la de los ingresos, tal y como hace entender Europa a la cartera de Seguridad Social en plena ola de recuperación, incertidumbre e inflación en la economía Española.
