El Estado acumula hasta mayo un déficit de 7.937 millones, un 35 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. La reducción de ingresos del 3,4 por ciento explica en parte los números rojos, con partidas especialmente preocupantes en este sentido, como son las caídas del 8,7 por ciento en la recaudación por impuestos directos y cotizaciones.
Pero resulta evidente que sin un incremento del gasto corriente, el déficit no sería tan abultado. La contabilidad nacional indica que en este arranque de año solo el gasto en personal ha subido un 8 por ciento por el incremento de sueldo a los funcionarios. Si a ello se une la carga que para las arcas del Estado suponen las medidas incluidas en los conocidos como viernes sociales, se llega a este peligroso desequilibrio de las cuentas. Máxime si se tiene en cuenta que la prórroga presupuestaria y la permanencia de un Gobierno en funciones impiden que se puedan tomar medidas de consolidación fiscal. La única solución, por tanto, está en controlar el gasto. El hecho de que hayamos salido de procedimiento de déficit excesivo no debe servir de excusa para ejercer un adecuado control con el desembolso corriente en capítulos tan cuantiosos como el gasto en personal. Primero porque el comportamiento del Estado no debe crear un precedente en el que luego se amparen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que también están empezando a mostrar desviaciones en su gasto. Aunque lo más importante es que la falta de control pone en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit de este año, que está en el 2 por ciento. Urge, por tanto, que el Estado dé ejemplo y mantenga el necesario control que el gasto público exige.
