Madrid
En medio de una prórroga presupuesta y de la situación de interinidad del Gobierno que impiden que se puedan tomar medidas de consolidación fiscal, las arcas del Estado se enfrentan a un problema de números rojos. Hasta mayo, acumulan un déficit, según la contabilidad de caja, de 7.937 millones, un 35% más que en el mismo periodo del año pasado que equivale a 2.038 millones. Esto se combina con una preocupante reducción de los ingresos del 3,4%, principal causa de la citada alza del déficit.
En este sentido, el área más preocupante es la de la recaudación tributaria, particularmente la que ocupa a los impuestos directos y las cotizaciones sociales. Según los datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos por este campo se recortaron un 8,7%, en casi 2.000 millones. La disminución es especialmente llamativa en los ingresos por renta de las Sociedades, que se redujeron un 32%, principalmente por una mayor cantidad de devoluciones, según el departamento que dirige María Jesús Montero.
Con todo, el caso más destacado es el del impuesto sobre la producción y almacenamiento de electricidad. Los ingresos por él se redujeron en su práctica totalidad hasta mayo debido a que el Gobierno lo había suspendido para bajar la factura eléctrica de los hogares. Pero esta situación cambiará en el futuro, puesto que la susodicha suspensión no se ha renovado, lo cual llevará a que este impuesto retome su potencial al cien por cien.
Más gasto en personal
Esta bajada de los ingresos se ha producido paralelamente a un alza del gasto, que solo en mayo subió un 2,6% ( aunque en el acumulado hasta el quinto mes del año el incremento se queda en el 0,5%).
Una de las causas de este fenómeno son los gastos de personal, que registraron un notable incremento del 7,9%. Dentro de este apartado, la subida más destacada es la de salarios y sueldos, que fue del 10%, causada principalmente por la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos, con un cargo aproximado a finales de mayo de 210 millones.
A esto hay que sumar el impacto que han tenido algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez antes de entrar en el estatus de en funciones, como fue la subida de salarios de los funcionarios y de los empleados públicos del 2,25% para este año.
Pero no es esta la única circunstancia que aumentó el gasto. Las pensiones, con una aumento del 1,6% de las generales y del 3% de las mínimas y no contributivas, también tuvieron un notable impacto en el gasto con un incremento de más del 8% en la partida que les corresponde.
Todo esto tiene su efecto en el déficit público. De hecho, ya en abril, cuando el déficit de Estado registró un alza del 40%, Hacienda argumentó que se debía tanto a la revalorización del sueldo de los funcionarios como a la subida de las pensiones. Con todo, desde el departamento afirmaron que "este mayor gasto no tiene equivalencia en el mismo periodo del año pasado ya que computó más tarde", puesto que no se produjo hasta la aprobación de los Presupuestos de 2018 en julio.
De ahí que argumenten que "este efecto se diluirá en la segunda parte de 2019 cuando se hará más evidente la reducción del déficit público". Es decir, que a partir de este verano el déficit del Estado se debería comenzar a contener y será visible cierto equilibrio de las cuentas públicas.
Objetivo difícil
Más vale que estas previsiones se cumplan, puesto que el Gobierno envió a la Comisión Europea un objetivo de déficit del 2% del PIB para final de 2019, una meta ambiciosa teniendo en cuenta la parálisis en la que se encuentra el Estado por la prórroga presupuesta y la escasa funcionalidad del Ejecutivo actual, hasta que se dirima la investidura o no como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez a partir del próximo 23 de julio, que es cuando se produce la primera votación al respecto.
Estas circunstancias impiden que se pueda ejecutar medida alguna de disciplina fiscal, con las que Hacienda podría haber contado para revertir la situación.
Y es que cabe recordar que el Ejecutivo pronosticó en un principio que el déficit de 2019, en una situación de prórroga presupuestaria como la presente, podría llegar hasta el 2,4% del PIB. De hecho, fuentes de Hacienda en su momento admitieron que serían necesarias medidas de ajuste -contención del gasto, concretamente- por valor de unas tres décimas de PIB, es decir, más de 2.600 millones.
Pero es muy difícil, casi imposible, que el Gobierno vaya a poder aplicar medidas de esta naturaleza. Aunque haya investidura en julio y Ejecutivo de forma inmediata, fuentes del Ministerio de Hacienda en funciones reconocen que hay escasas probabilidades de que se vayan a sacar unos presupuestos de urgencia para este 2019 que, en el mejor de los casos, se aprobarían en noviembre o poco antes y solo tendrían una duración de dos meses. De ahí que consideren que es mejor poner toda la carne en el asador con unos presupuestos para 2020.
En cualquier caso, la meta de dejar el déficit público en el 2% del PIB todavía no está en vigor. Para ello tiene que haber sido aprobada por el Congreso de los Diputados y por el Senado, algo que no hay sido posible aún por la disolución de las Cortes causada por la convocatoria electoral y la, todavía, interinidad del Gobierno. De ahí que el objetivo de déficit todavía en vigor sea del 1,3% del PIB, que es la meta que dictó el Gobierno de Mariano Rajoy.