El Gobierno vasco confía en que la Comisión Mixta del Concierto Económico se celebre el próximo 30 de septiembre, fecha a falta de confirmar por parte del Gobierno central. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro María Azpiazu, así lo espera, ya que es un encuentro importante y necesario para ratificar los acuerdos alcanzados a finales de julio.
Mucho se ha comentado sobre la actuación del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de hace dos semanas en Jackson Hole y su revisión del marco de actuación de la política monetaria de la Fed, vigente desde 2012. Básicamente hay novedades en los objetivos de estabilidad de precios, con el objetivo del 2% que no cambia, pero con un añadido que sí es novedad: después de periodos en los que la inflación se ha situado persistentemente por debajo del 2%, la política monetaria será la que aporte inflación de manera moderada por encima del 2% durante algún tiempo. Es decir, cuando la recuperación asome acompañada de inflación no se cortará la misma con subidas de tipos, evitando lo que muchos consideran errores cometidos en el pasado que, por lo visto, impidieron la recuperación. También es notable el cambio que supone la reformulación del objetivo de máximo empleo, reportando déficits en vez de desviaciones y, así, evitar que cuando éstas sean positivas se dispare de manera automática la corrección mediante un sesgo restrictivo de la política monetaria. La valoración que se hace de manera mayoritaria de esta medida coincide con la anterior: evitar cortar la recuperación y jugársela a que la inflación será contenida. Matchball y partido para las palomas.
Un repaso a la prensa, a los medios de comunicación económicos o al debate político en materia económica muestra que lo coyuntural domina sobre lo estructural. Las cuestiones del momento, la situación del ciclo económico o la última cifra publicada llenan las portadas, los telediarios y los debates parlamentarios. Sin embargo, muchas de esas noticias, gran parte de esos acontecimientos que en esos momentos parecían importantísimos pasan a la irrelevancia en un muy corto espacio de tiempo. Esto no es nuevo; siempre el debate económico siempre ha estado presidido por lo coyuntural. Pero, a medida que pasan los años, se acrecienta su dominio ante la saturación informativa que ha acompañado al desarrollo de las nuevas tecnologías. La reflexión pausada ha pasado a un segundo plano.
El déficit del balance de las finanzas públicas mexicanas creció un 170 % anual en el periodo enero-julio de 2020 hasta 414,644 millones de pesos, reveló este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
España está fuera de juego, y todo parece indicar que, tras la incomprensible parálisis política del mes de agosto, una mayoría todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Tener pactados unos presupuestos, o los 21.300 millones de euros de la UE para los ERTEs no debería de darnos ninguna tranquilidad si estos presupuestos son insostenibles, la ayuda resulta insuficiente y ni siquiera se están planteando las reformas necesarias.
El Gobierno baraja la posibilidad de crear un nuevo subsidio de desempleo (de 430 euros mensuales) destinado a parados que hubiesen agotado su prestación ordinaria, y no hubiesen podido encontrar un empleo entre el inicio del estado de alarma y el 30 de septiembre de 2020.
Sánchez vende la piel del oso antes de cazarlo. Los ministros de su Gabinete hicieron un paseíllo para recibirle en Moncloa cuando logró que la UE diera a España 140.000 millones del fondo de recuperación y resiliencia, la mitad a fondo perdido. Pero lo que no dijo es que Bruselas puso dos condiciones, que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, explica con todo detalle: la presentación en otoño del plan nacional de reformas, de acuerdo con los requisitos que pide la Comisión Europea, y un amplio acuerdo presupuestario que las respalde.
El paso de las semanas, la paulatina reactivación de la actividad y la llegada de la nueva normalidad, lejos de apremiar la recuperación, parecen estar situando a nuestro país ante la verdadera envergadura de la crisis económica que se avecina. Así lo advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el el Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y regla de gasto 2020 publicado este jueves donde se han empeorado las previsiones lanzadas hace escaso mes y medio en la evaluación del Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno. Así, para este año se prevé una caída del PIB de entre el 10,1% y el 12,4% en función de la duración de la epidemia y de un posible rebrote, con una caída del empleo equivalente a tiempo completo de entre el 10,7% y el 12,8% y un déficit público que podría alcanzar el 14,4%.Concretamente, en materia presupuestaria, la AIReF estima un déficit público para 2020 del 11,9%, que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso. Respecto al informe anterior, la AIReF ha incrementado su estimación de déficit en 1% en el escenario uno por las nuevas medidas aprobadas, y, en menor cuantía, por la revisión de las previsiones macroeconómicas. En el escenario más adverso, la revisión ha sido menor, 0,6% del PIB, y se debe esencialmente a las nuevas medidas.
La aprobación del ingreso mínimo vital puede ser la tabla de salvación no solo de las familias más vulnerables, en riesgo de pobreza y en situación vulnerable ante la crisis económica en ciernes, sino que podría funcionar como un acicate para el consumo, o al menos como un retén para evitar su desplome en el presente ejercicio, tal y como se prevé a consecuencia de la pandemia. Así lo cree la AIReF, que considera clave esta prestación y las ayudas aprobadas para las pymes como un balsa de salvación del tejido productivo durante los peores momentos de la crisis sanitaria y económica de este 2020.
Analizar los efectos de la covid-19 sobre la producción es relativamente sencillo si se recurre a un simple cálculo. El año tiene 12 meses y en cada mes aproximadamente se produce un 8,3% del PIB anual. La mayoría de los expertos se inclinan por una pérdida de PIB en el entorno del 9% o 10% en 2020. Podemos tomar, pues, como referencia el 9.5% que es la cifra avanzada por el Banco de España. La economía española, al igual que todas las occidentales, ha experimentado años de crecimiento y de decrecimiento del PIB, pero nunca una caída de su producción del orden del 10% y habría que remontarse a la Guerra Civil española para hallar un parangón similar. En concreto, desde 1957, que es cuando se dispone de datos cuasi oficiales de Contabilidad Nacional, la mayor caída del PIB se registró en 2009 a raíz de la crisis financiera con un 3.8%. Una pérdida que tuvo efectos devastadores sobre el tejido productivo y el empleo, pero cabe señalar que su cuantía es claramente inferior al orden de magnitud que se atribuye a los potenciales efectos derivados del Covid-19.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revisado en dos décimas su previsión de déficit para este año, elevándolo hasta el 14% del PIB en el peor de los escenarios posibles, por la puesta en marcha del nuevo ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno y un mayor gasto sanitario del previsto. Todo ello después de que a comienzos del pasado mes de mayo, la Autoridad Fiscal pusiese los puntos sobre las íes a inicios del pasado mes de mayo a cuenta de la actualización del Plan de Estabilidad Presupuestaria. Entonces, el organismo auditor elevó las estimaciones del déficit público que el Ejecutivo sitúa en el 10,3% hasta el 10,9% y el 13,8% en el peor de los escenarios, en el cual la actividad económica no se recuperaría hasta finales de año, estimaciones que vuelve a revisar.
La vicepresidenta Calviño abre la puerta a recortes del ya muy elevado gasto no productivo del Gobierno. No es sólo una declaración de intenciones. Calviño bosqueja ya una hoja de ruta al mostrarse proclive a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal haga de nuevo informes sobre cuáles son los desembolsos susceptibles de rebaja.
El golpe para la Seguridad Social asestado por la crisis sanitaria del coronavirus muestras unas dimensiones desproporcionadas con el paso de las semanas. Tanto es así que el déficit presupuestario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país triplicará este año el registrado en el pasado ejercicio, pasando de los 17.500 millones de euros de 2019 hasta los 60.000 millones de desfase previsto para este año en el mejor de los escenarios, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) arrojadas en la evaluación realizada del nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 publicado por el Gobierno recientemente y en el que se plasma el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía.
El nuevo Plan de Estabilidad del Gobierno revela un aumento récord del gasto público en 2020: 150.000 millones más. Resultaría ingenuo justificar todo ese desembolso aludiendo a las exigencias de la lucha contra la pandemia.
El déficit del Estado alcanzó los 5.509 millones de euros al cierre del primer trimestre, lo que supone un descenso del 13,9% respecto a los 6.402 millones del mismo periodo del año pasado, al no haber recogido apenas los efectos sobre las cuentas públicas de la pandemia del Covid-19, según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota.
El Fondo Monetario Internacional presentaba el miércoles su Monitor Fiscal en Washington como parte de las reuniones de primavera que dadas las circunstancias se celebran virtualmente. El equipo liderado por Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales de la institución reitera en el informe el papel crucial que juega la política fiscal para paliar los efectos de la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
El déficit sobre PIB se elevará hasta el 15,21%, con el consiguiente incremento de deuda pública, situándose en 182.800 millones de euros como resultado de la pandemia, según los cálculos elaborados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas.
La Seguridad Social registró un déficit de 16.793,3 millones de euros en 2019, lo que supone el 1,34% del PIB y una reducción del 11,6% frente a los 18.286,46 millones de euros registrados en 2018, pero registró un saldo positivo de 1.472,24 millones de euros hasta febrero de 2020, según la ejecución presupuestaria del organismo conocida este martes.
El plan de choque del Gobierno frente al coronavirus, con el que prevé movilizar 200.000 millones de euros, supondrá una elevación de la deuda pública hasta el 106% del PIB a cierre del año 2020 -desde el 95,5% de diciembre del año anterior-, es decir, en aproximadamente 130.000 millones de euros. Son los cálculos de los expertos consultados por elEconomista en un escenario favorable, ya que en el más adverso -ante una fuerte recesión- el pasivo público llegaría al 115% del PIB. La inyección a la economía prevista, por importe de 200.000 millones, se repartirá entre el Estado (117.000 millones) y entidades privadas (83.000 millones)
El Gobierno aprobó el techo de gasto público para 2020, bajo la previsión de un alza de ese desembolso del 3,8% en este ejercicio. Es más, Hacienda fue más lejos y anticipó que dicha partida crecerá a un notable 3% el año que viene.
España no solo gasta mucho, además gasta mal. Los expertos y economistas destacan que uno de los grandes problemas del gasto público en España es la falta de eficiencia. "Es un gasto poco efectivo y poco eficiente", destaca Gregorio Izquierdo, director de general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Según un nuevo indicador del organismo, España debería crecer un 4% en eficiencia del gasto para alcanzar la media de la Unión Europea (UE) y hasta un 14% para llegar a los niveles del promedio de la OCDE.
El Ejecutivo socialista dio ayer el primer paso en la elaboración de los nuevos presupuestos, cuyo aprobado resulta determinante para su propia longevidad. Al Gobierno de Pedro Sánchez le preocupa más el mensaje que llegue de Barcelona que de Bruselas respecto a las nuevas cuentas, por las consecuencias políticas. Pero el visto bueno de la Comisión Europea resulta clave para la credibilidad de la política económica de la coalición, en un momento en el que nuestro país busca ganar peso en la UE, e incluso colocar a la ministra de Economía, Nadia Calviño, al frente del Eurogrupo.
María Jesús Montero podría presentar este viernes unos objetivos de déficit a las Comunidades Autónomas superiores a los que envió a Bruselas con motivo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El conflicto autonómico de la liquidación del IVA en siete preguntas
El Ministerio de Hacienda retiene unos 2.000 millones de euros que debía haber transferido al sistema eléctrico para cubrir parte de sus costes regulados y evitar agujeros, con la intención de mejorar la posición del Gobierno en la negociación con Bruselas sobre la senda de reducción del déficit público. Contando con los 2.500 millones del IVA de las comunidades autónomas correspondientes al mes de diciembre de 2017, que no piensa devolver, la Cartera de María Jesús Montero reserva 4.500 millones.
El Gobierno continúa con su plan de negociar con la UE una senda de reducción del déficit más suave, de modo que el equilibrio presupuestario se logre en 2022 ( y no un año antes como se comprometió el último Gobierno del PP). El primer escollo se sitúa en el recién comenzado 2020, un ejercicio para el que Bruselas reclama un ajuste de 8.000 millones en las cuentas públicas.
El déficit presupuestario de la zona euro cerró el tercer trimestre de 2019 situado en el 0,7% del producto interior bruto (PIB), lo que supone mantener la lectura observada en los tres meses anteriores, según los datos publicados este martes por Eurostat, la agencia comunitaria de estadística.
El primer Consejo de Ministros que el nuevo Gobierno celebra los martes terminó con la aprobación de la nueva subida salarial para los funcionarios. Era una medida descontada, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez barajaba desde finales del año pasado, pese a retrasarla en diciembre. Finalmente se ha concretado en un avance del 2% desde febrero con efecto retroactivo a enero.
Es un hecho que Alemania, evitó la recesión en 2019 pero eso no quiere decir que la eurozona esté libre de peligros. Como el FMI resalta, la Unión Monetaria podría ver su PIB contraerse debido a que la guerra comercial está lejos de terminar. La tregua entre EEUU y China no afecta al frente abierto que Washington mantiene con la UE y amenaza con aranceles al automóvil europeo.
Los Presupuestos de la Generalitat para el 2020, acordados entre el Govern y Catalunya en Comú Podem, contemplan aumentar el gasto no financiero en 3.070 millones de euros con respecto a las anteriores cuentas, del año 2017. También supondrán acabar con el estancamiento de la inversión, que subirá en 405,2 millones (+25,7%) y ronda los 2.000 millones.
El Gobierno se afianza en su intención de negociar con la UE una nueva senda de reducción del déficit sin presentar antes su proyecto de Presupuestos para 2020, como Bruselas le reclama. Moncloa espera convencer a la Comisión Europea planteándole una meta de déficit del 1 o el 1,1% del PIB en este año, frente al 0,5% al que se comprometió el expresidente Mariano Rajoy.
