La persistencia de abultados déficits externos es una preocupación macro-financiera de la economía colombiana, tal como lo ha venido alertando no solo Anif sino las calificadoras de riesgo.
La coyuntura deficitaria de la Seguridad Social supone una rémora para los futuros beneficiarios de las prestaciones a clases pasivas y los trabajadores encargados de aportar a la caja común, que habrán de hacerse cargo de los actuales desequilibrios financieros que sufre el sistema público. De hecho ese escenario ya está empezando a dibujarse en las cuentas de la Seguridad Social, cuyo déficit anual se sitúa por encima de los 16.000 millones de euros desde 2016 alcanzó los 18.000 millones de euros en el año 2018. Esto supone, tal y como se refleja en el informe sobre La deuda pública en España. Implicaciones sobre la política económica publicado recientemente por el Inistituto de Estudios Económicos (IEE), que 150 euros mensuales de cada pensión media del sistema son abonados a través de emisiones de deuda.
La formación del próximo Gobierno aún está en el aire, pese al preacuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos, lo que no impide que exista ya certeza de que, en ese Ejecutivo, la presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos seguirá siendo Nadia Calviño.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) muestra preocupación por el muy probable incumplimiento del objetivo de déficit en 2019 por parte de las autonomías. Ante esta inquietud, es comprensible que el organismo presidido por José Luis Escrivá dirija ya recomendaciones a los Gobiernos regionales para que atajen el desequilibrio.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se muestra pesimista respecto al cumplimiento de las reglas fiscales de las comunidades autónomas, al menos en 2019. Alerta de que, para cuando acabe el año, el conjunto de las regiones se habrá saltado el límite de déficit en unos 5.200 millones de euros y ya manda avisos para navegantes pensando en 2020: el ente reclama a Madrid, Andalucía y Aragón que aparquen sus prometidas bajadas de impuestos o que las compensen de alguna manera para cumplir la regla de gasto.
En pleno periodo de negociaciones para la formación de un Gobierno que tendrá como uno de sus principales retos la reforma del sistema público de pensiones, el foro de expertos del Instituto Santalucía arroja algunas líneas sobre las que sería fundamental actuar para solventar el problema sostenibilidad de las pensiones.
La portavoz de Hacienda del grupo parlamentario popular de las Cortes de Aragón, Carmen Susín, ha alertado este lunes de que el déficit de la Comunidad Autónoma se sitúa en el 0,69 por ciento del PIB en el tercer trimestre del año, de manera que en enero "nos van a pasar una Visa por 267 millones de euros", lo que "invalida los Presupuestos" de 2020.
Aunque en términos de porcentaje de PIB el déficit autonómico está manteniéndose en proporciones controlables, en millones de euros el crecimiento de los números rojos es preocupante. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, hasta septiembre, cuando los impagos del Estado a los regiones todavía perduraban, el déficit regional se disparó respecto al mismo periodo de 2018, cuando las comunidades registraron superávits. | Editorial: el coste de demorar las entregas a cuenta.
Los últimos datos sobre el déficit de las autonomías muestran un fuerte deterioro. En septiembre pasado, su saldo pasó de un superávit de 1.591 millones a un déficit de más de 3.600 millones.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas (excluidas las corporaciones locales) hasta el mes de septiembre se situó en 20.957 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,4% respecto al mismo periodo del año anterior y el 1,68% del producto interior bruto (PIB); mientras que el déficit del Estado se redujo un 20,7% hasta septiembre, con 6.303 millones de euros (el 0,5% del PIB).
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