La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos aumentó su estimado para el déficit presupuestal y predice que éste llegará a 960,000 millones de dólares en el año fiscal 2019, que termina el 30 de septiembre) y tocará el billón de dólares en el año fiscal 2020.
El panorama financiero de las autonomías es sombrío. La falta de Gobierno y la prórroga presupuestaria impiden que tengan acceso a unos 7.500 millones de euros que les corresponderían para este 2019. Esto pone muy cuesta arriba, casi imposible, que se puedan cumplir los objetivos de estabilidad para este 2019, sobre todo teniendo en cuenta que el déficit de las regiones es ya un 13% superior al del año pasado.
La revalorización de las pensiones conforme al IPC estaría en el aire a partir de 2020, puesto que el índice de actualización del 0,25% aprobado por el Gobierno del PP seguiría en vigor y solo un nuevo Ejecutivo con plena capacidad podría derogarlo o modificarlo.
Todo viaje tiene un final. El de mi padre concluyó el pasado 26 de julio, y quisiera aprovechar estas líneas para agradecer las condolencias de los profesionales de El Economista, y de muchos lectores de estos artículos. Por una ironía del destino, este final prácticamente coincidió con el final de mi presencia en los órganos de dirección de Ciudadanos. Como hasta la fecha todos mis artículos han sido como dirigente político, creo que es de justicia subrayar que estas líneas sobre el final del viaje de la economía española son una opinión exclusivamente personal.
En 2018, la Balanza por Cuenta Corriente española se mantuvo en superávit por sexto año consecutivo, algo sin precedentes en la historia reciente de España. A pesar de esta fuerte mejora sobre el máximo nivel de déficit en 2007, los técnicos del FMI (External Sector Report 2019) consideran que para lograr un PIB suficientemente fuerte y nuevas reducciones del desempleo, se requiere una tasa de crecimiento del PIB relativamente elevada, por encima del 2%, y un tipo de cambio efectivo real moderadamente más débil durante un período sostenido.
La España vaciada, como se ha venido a denominar a aquellas zonas rurales del país donde el éxodo de la población amenaza con traducirse en el completo abandono de estas regiones y localidades, se ha puesto en el centro del debate político, tal y como se pudo observar en las últimas elecciones generales, donde todos los partidos incluyeron en sus programas medidas para relanzar la actividad económica, y como consecuencia cortar la sangría de pérdida poblacional. La falta de relevo generacional y de sectores productivos de creación de empleo y riqueza hace que cada vez más habitantes de los pueblos abandonen la vida rural para buscar un futuro más próspero en las grandes urbes, con el efecto colateral de que estas zonas vislumbren un futuro oscuro en términos económicos y de subsistencia social.
El Estado acumuló en los seis primeros meses del año un déficit de 10.514 millones de euros, equivalentes al 0,84% del PIB, lo que supone un incremento del 27,1% respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de un aumento de los gastos superior al crecimiento de los ingresos. Esto supone que el déficit público sube al 1,35% del PIB hasta mayo y el del Estado se eleva al 0,84% hasta junio.
El primer día de 1999 estrenábamos el Euro. Tres años más tarde, muchos estrenamos el primer día de 2002, acudiendo al cajero de nuestro banco para tocar los primeros billetes, que además nos apresuramos a cambiar para hacer lo mismo con las primeras monedas. El paso más atrevido del largo proceso de integración europea comenzaba así su andadura. La moneda única prometía una larga etapa de estabilidad económica, baja inflación y acceso al crédito como nunca se había conocido, especialmente para los países más periféricos de Europa.
La alerta roja económica vuelve a sonar en las comunidades autónomas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha anunciado que el Ministerio de Hacienda no contempla arreglar este año el problema que surgió en 2017 al cambiar el Sistema de Información del IVA (SII)- y que en su momento se solventó con un incremento presupuestario de las entregas a cuenta-, por lo que las regiones se quedarán este 2019 sin 2.500 de los millones que les corresponden por este impuesto, mientras que las entidades locales perderán unos 500 millones, un problema que el Gobierno quería resolver con el proyecto de Presupuestos de la legislatura pasada, que fue vetado.
Finalmente, la tasa de ahorro de las familias tocó fondo en 2018. Después de que el Banco de España alertara de esta situación y de la inestabilidad que podía suponer ante crisis futuras, este indicador está remontando el vuelo... aunque a costa de uno de los principales impulsores de el crecimiento de la economía española a día de hoy: el consumo de los propios hogares.
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