déficit público

El primer semestre del año, marcado, a excepción de los primeros compases del año, por una apertura de la actividad y un repliegue de las restricciones por la pandemia ha estado jalonado por un aumento de la recaudación tributaria en todas las figuras fiscales, que han permitido -además de dar un impulso a la recuperación que refleja el avance del PIB del 2,8% entre abril y junio en comparación con el arranque de 2021- contener el avance del déficit público, que en el acumulado hasta el mes de mayo roza el 3% del PIB. Así, el desequilibrio presupuestario se sitúa en 36.074 millones de euros hasta mayo, lo que supone restar 13.810 millones a la cifra registrada un año antes, es decir, un 27,7% menos.

El desorbitado gasto público forzado por la pandemia ya ha dejado un perdedor en el Reino Unido: el presupuesto de ayuda al desarrollo internacional. El Parlamento británico ha aprobado este martes, por 333 a 298 votos, recortar las aportaciones e inversiones en países pobres en unos 5.000 millones de libras anuales, unos 23.420 millones de euros en esta legislatura.

Tengo un gran respeto por el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. Es uno de los economistas mejor preparados y con las ideas más claras que conozco. Frente al pesimismo de los demás, siempre saca algún conejo de su chistera para solventar el problema. Lo hizo hace unos meses, con la renta mínima, cuando Sánchez sufría la presión de Iglesias por introducirla, y lo repite ahora con acuerdo de los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) demostró ayer que el aprobado, ya concedido por la UE, al Plan de Recuperación del Gobierno no implica que esa hoja de ruta esté libre de puntos oscuros.

El plan del Gobierno para abordar la reforma de pensiones prevé la vinculación por ley de las futuras subidas de las pensiones según la inflación. La medida, que aúna un amplio consenso en la mesa de diálogo social supone no obstante todo un reto en términos de financiación de las futuras pagas de jubilación. Concretamente, ante la ausencia de medidas concretas y en base a las medidas previstas sobre el Sistema con la reforma, la jubilación a partir de 2025 de la generación del baby-boom incrementará el déficit estructural de las pensiones hasta los 60.000 millones de euros, entre un 5% y un 6% del PIB.

Con la inflación subiendo si bien bajo control en Europa y algo desmelenada en Estados Unidos, que ha llegado al 5%, las dudas en torno a las políticas monetarias siguen aflorando. Vayamos por partes.

Las comunidades autónomas deberán afrontar la devolución de unos 3.000 millones de euros en 2022 por la liquidación negativa de los recursos recibidos por la Administración central, según estima la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Durante su intervención en el seminario La economía de la pandemia, organizado por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Herrero apuntó que los cálculos de la autoridad pasan por una liquidación negativa del entorno de unas tres décimas de PIB, aproximadamente.

El futuro siempre puede entenderse como un canto a la esperanza pensando firmemente en que todo irá mucho mejor. Sin embargo, el presente es el que es y en él estamos. Nuestra inquietante deuda pública sigue engordando a pasos agigantados, síntoma de que las cosas no funcionan y que nos adentramos en terrenos pantanosos de los que habrá que ver cómo y cuándo salimos.

Pues, nada, que ya era hora de que pudiéramos oír noticias reconfortantes que nos alegraran un poco la vida y nos insuflaran aires optimistas, de los que andábamos faltos durante tantos meses. No hay nada nuevo bajo el sol que no palpáramos e intuyéramos pisando las calles, eso sí, con cuidado por las de Barcelona que los ladrones de relojes atacan con fuerza y eso resta atractivo turístico a una ciudad necesitada de visitantes. Sería bueno que las autoridades locales comprendieran que la delincuencia supone un impedimento para que Barcelona reactive su tirón turístico.

Los impuestos marcan la actualidad. SI en Estados Unidos los ricos de verdad, esos que lideran la lista de los multimillonarios, pagan menudencias en el impuesto sobre la renta, en España a todo hijo de vecino afecta el impepinable IRPF, que este año depara algún que otro sustillo por lo que toca pagar. 2020 fue un año anormal, pero llegado el momento de rendir cuentas con Hacienda no hay más tutía que cumplir con las obligaciones tributarias.

La Comisión Europea (CE) ha recomendado este miércoles a España que mantenga una política fiscal "prudente" en 2022 debido a su elevada deuda pública, que ha alcanzado este año el 125% del producto interior bruto (PIB), y que utilice las ayudas europeas del fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales.

La dureza de la crisis económica provocada por la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de la Seguridad Social española para proteger a empresas, trabajadores y colectivos más vulnerables. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros el pasado año. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes de acabarse la legislatura. Además, confía en iniciar la aprobación parlamentaria de la reforma este mismo verano, un elemento crucial para recibir los fondos de reconstrucción europeos.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 15.527 millones de euros hasta marzo, lo que supone sumar 4.747 millones a la cifra registrada un año antes, un 44% más, como consecuencia del impacto de la pandemia, por lo que escala al 1,28% del PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. No obstante, en lo que se refiere al déficit del Estado hasta el mes de abril, el dato se sitúa en el 1,40% del PIB y desciende un 15,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

A mediados de la década de 1980 solo siete países tenían reglamentos de política fiscal. En 2015, según el último recuento del Fondo Monetario Internacional, eran 96. La mayoría contaba con disposiciones que limitaban la deuda pública, los déficit presupuestarios o ambas cosas, y había algunos con normas adicionales para el gasto público.

De algún sitio habrá que sacar el optimismo o saber por dónde se mercadea con él para que seamos capaces de recobrar confianzas perdidas. Uno querría ser vocero de buenas nuevas; empero, la terca realidad se empeña en intensificar la vis escéptica que quizá ahora, con el vocablo tan en boga, es la negacionista. Filosofías baratas al margen, las cosas económicamente no chutan por acá. Confiemos que sí lo sigan haciendo por Madrid después de sus elecciones autonómicas y que la luz económica que brilla por allí sirva para iluminar al resto de una España oscura que se mueve a trompicones.

No fue fácil alcanzar en el seno de Europa el acuerdo sobre la puesta en marcha de los fondos europeos que tendrían que servir para la reconstrucción económica de los distintos países. Por varias causas. La primera de ellas porque la situación financiera de las cuentas públicas no es la misma en unos países que en otros. La segunda, porque el daño económico provocado por la pandemia tampoco es homogéneo. En tercer lugar, porque se teme, desde el corazón de Europa, que algunos países no se ajusten, a la hora de invertir los dineros procedentes de los fondos, a las reglas del juego. Cuarto, porque el núcleo duro europeo se mantiene en sus trece de imponer unas condicionalidades a lo largo del período en que fluyan tales fondos, que determinados países del sur rechazan. Y quinta, porque igual algunos Estados confunden la finalidad de estos fondos, cuyo papel es el de actuar como catalizadores de reestructuraciones de modelos económicos, como parche para solventar los problemas estructurales que arrastran sus finanzas públicas.

El año 2020 ha sido el año del déficit público, algo que ya estaba previsto. El contexto sinuoso de un ejercicio muy delicado ha causado un destrozo de más o menos magnitud en las cuentas públicas de la mayoría de los países. En unos se ha logrado atenuar el shock, mientras que en otros el impacto ha sido de envergadura. La zona euro ha saldado 2020 con un déficit público del -7,2% y la Unión Europa del -6,9% sobre los respectivos PIB. Dicho en guarismos, los países integrantes de la zona euro han cosechado en conjunto un déficit público de 820.386 millones de euros con un PIB generado de 11.334.027 millones. Si comparamos estos números del pasado año con 2019, entonces el déficit público sumó solo 75.369 millones y el PIB alcanzó 11.949.223 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

El debilitamiento de la recuperación económica en España ha alcanzado ya tal grado que la revisión de las previsiones del Gobierno para 2021 era ya ineludible.

El gasto público batió marcas en España el año pasado al situarse en el 52% del PIB, con un incremento superior a los 92.000 millones en apenas dos años. A primera vista, nada habría que objetar a un desembolso forzado por una crisis imprevisible y de dimensiones históricas.

No cabe duda de la dependencia que España tiene de Europa, de la Unión Europea (UE) y de lo que supone para nosotros el papel que desempeña el Banco Central Europeo (BCE). ¿Qué sería de España hoy si no fuera por ese apoyo europeo y por el auxilio financiero del BCE? Desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 hasta finales de marzo de 2021, el BCE ha adquirido deuda soberana de España por importe de 104.227 millones de euros. Así que el frenesí de nuestra deuda pública que de fines de 2019 al cierre de 2020 aumentó en 156.750 millones – 125.515 millones sin incluir el asunto de SAREB -, al pasar de 1.188.820 millones de euros a 1.345.570 millones, se explica en parte gracias al socorro de la institución presidida por Christine Lagarde y vice presidida por Luis de Guindos que está siendo fundamental para sostener nuestras descarriadas cuentas públicas.

Muchos todavía no salen de su asombro. Cuando España económicamente está tocada, y no sé si hundida, y lo prudente ahora es promover todo tipo de acciones que den empuje a un país muy molido por la crisis, sin duda uno de los más golpeados como evidencian los datos, el Gobierno de la nación habla de reformas fiscales y laborales como si acá no pasara nada y todo marchara viento en popa. Ayer decíamos que este no es el momento de plantear una reforma fiscal cuyos resultados ya sabemos de antemano: subidas de impuestos. Pero convendría señalar de qué impuestos hablamos.

El descenso del 10’8% del PIB en el año 2020 tiene una dimensión histórica y su cara más dramática la vemos reflejada en los datos de desempleo que lo acompañan y en el incremento de la desigualdad. El ejemplo de esta crisis social podemos verlo en la crudeza del informe del Observatorio de la Realidad Social de Caritas, publicado en Madrid el mes pasado, que recoge sus actuaciones desde marzo de 2020. En él se describen las circunstancias en las que viven casi 2.000.000 de personas en nuestro país, a la espera de los datos que nos suministre el informe definitivo en el mes de junio. Otra dimensión trágica aparece al conocer que se han incrementado en 500.000 los ciudadanos que tienen que acudir a las “colas del hambre” y la pone especialmente de manifiesto la Federación Española de Bancos de Alimentos cuando señala, que en sus 54 servicios asociados, atienden a 1’63 millones de ciudadanos, 600.000 más que antes de la crisis sanitaria.

Nuevo revés para Moncloa en sus previsiones de crecimiento y recuperación de la economía española para este año. El impacto de la cuarta ola en ciernes y del lento proceso de vacunación en nuestro país obligarán al Gobierno a rebajar las expectativas para este año, tal y como arroja el último informe publicado este jueves por AIReF en el que empeora su estimación de crecimiento para este año por la severidad de la crisis sanitaria y la revisión del impacto del Plan de Recuperación. Concretamente, la AIReF estima que el PIB crecerá un 6,6% en 2021 y el déficit público bajará al 7,6% del PIB, algo más de tres décimas menos respecto a lo estimado en el informe publicado el pasado mes de noviembre.

Cada cual a su manera y siempre bajo el yugo de las restricciones imperantes que nos han impuesto como única alternativa para combatir la pandemia, mientras andamos expectantes con esas prometidas vacunas cuya llegada se va demorando, celebraremos estos días de Semana Santa que, si habían perdido su tradicional mística, ahora, en 2020 y 2021, vuelven a ser jornadas profundamente espirituales al percatarnos, desde hace un año, de lo frágiles que somos cuando se desata una plaga.

En el pasado diciembre, el conjunto de las administraciones públicas españolas acumulaba una deuda de 1,345 billones de euros -cifra récord-, equivalente al 120% del PIB del pasado año, según los datos hechos públicos este miércoles por el Banco de España, lo que supone un incremento de 24,5 puntos respecto al ejercicio anterior. Hay que remontarse a la Guerra Civil, cuando la deuda se colocó en el 123%, para ver cifras similares. El regulador ha tenido que elevar sus previsiones con los 34.100 millones de deuda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tras los cambios exigido por Eurostat, lo que ha añadido tres puntos del PIB.

La cifra definitiva de déficit público registrada en 2020 se sitúa en el 10,9%, por debajo del 11,3% previsto. Pese a esa mejora, las cifras ofrecen pocos motivos de celebración. El desplome de los ingresos fiscales se vio parcialmente mitigado por las persistencia de medidas excepcionales como los Ertes.

La Comunitat Valenciana ha acabado el año con un déficit de 1.206 millones, lo que representa un déficit del 1'15% del PIB regional. Es la autonomía que registra al cierre de 2020 un mayor déficit, según los datos del Ministerio de Hacienda.

Pendientes aún de los últimos ajustes, porque Europa siempre tiene la última palabra y la experiencia nos dice que cada año Bruselas hace un retoque de carácter negativo, el déficit público de España en 2020 fue del 10,09% sobre el PIB, lo cual equivale en dinero contante y sonante a 113.179 millones de euros que se han gastado de más por parte de Papá Estado respecto de lo que ha ingresado. En consecuencia, la magnitud del déficit público de 2020 es más o menos la presumida, aunque, repetimos, a la espera de esos retoques de última hora que Bruselas suele formular.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2020 en el 10,09% del PIB como consecuencia del aumento del gasto para hacer frente a la pandemia y se situó en 113.172 millones de euros, 77.557 millones más respecto a 2019. El dato multiplica casi por cuatro el dato de 2019 (2,86% del PIB) y alcanza el nivel más alto desde 2009 (11,06% del PIB).