déficit público

¿Se imaginan poder ir a un examen pudiendo elegir un tribunal de amigos y a los que se les apuntan los temas a tratar y las calificaciones a poner? Pues, mas o menos, eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno, con ese supuesto estudio encargado a unos supuestos expertos sobre el cumplimiento de su programa de Gobierno. Un estudio preparado por Moncloa en el que el propio examinado se adjudica un sobresaliente anunciando que ha cumplido ya el 23,4% de sus 1.238 compromisos y con el que Pedro Sánchez se convierte así en el primer aprobado atendiendo a los criterios de la nueva Ley Celaá de Educación, es decir con suspenso en casi todas las asignaturas.

El Govern cerrará 2020 con 5.000 millones de euros más de gasto respecto a 2019, y con un déficit entre el 0,7 y el 0,8%, según ha confirmado este miércoles en sesión parlamentaria el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès.

Ya no es un secreto a voces el batacazo que se espera en nuestra economía pues es de sobra conocido en casi todo el mundo, sólo falta que aparezca en Tik-Tok. La OCDE acaba de publicar sus previsiones para la economía mundial durante 2020 y 2021 donde, a excepción de Argentina, nuestro país es el que peores expectativas muestra a nivel mundial y europeo. No es el único, también lo afirman otros como el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España, Funcas, AIReF, CEOE y un largo sinfín de instituciones que ponen negro sobre blanco lo que se espera de nuestra economía.

La caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas a 75.417 millones de euros hasta septiembre, lo que equivale al 6,82% del PIB, por lo que casi se duplica respecto a los 19.682 millones del mismo periodo del año pasado, cuando suponía el 1,58% del PIB.

El déficit estructural de las cuentas españolas, que subirá a un 6% del PIB por la crisis del coronavirus, tardará en corregirse 10 años pese a que el Gobierno consiga reducirlo al ritmo que exige la Unión Europea (UE), 0,5 puntos del PIB anuales. El Círculo de Empresarios ha mostrado hoy su preocupación por "la normalización de un déficit estructural elevado" de cerca de 75.000 millones de euros, un porcentaje del PIB solo superado en el ámbito de la UE por Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, una odisea en el espacio presupuestario, va a ser la cinta de ficción, en este caso sin ciencia, menos creíble de la historia. Las escenas más espeluznantes serán las del cuadro macro, la previsión de ingresos y el incremento de gastos, en un film cuyo desenlace será, con casi toda seguridad, desastroso.

El aumento de los déficit presupuestarios y, por ende, de la deuda pública —la opción escogida por la práctica totalidad de los países desarrollados para contrarrestar la caída en picado de la actividad económica en primavera— resulta preocupante, y con razón. No obstante, estas preocupaciones legítimas no nos deben hacer perder de vista un obstáculo más inmediato, que deberemos superar para poder centrarnos después en el medio plazo.

El Comercio (Perú)

Fondos de pensiones, de nuevo rentables

Debido a la caída general de los mercados financieros en el pasado mes de marzo, la rentabilidad de los fondos privados de pensiones (AFP) tuvo resultados negativos en casi todos sus tipos, solamente el Fondo Cero, donde están los afiliados próximos a jubilarse, logró conservar un resultado en azul. Sin embargo, a mes de septiembre, la figura ya es de recuperación casi completa. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en un periodo de 12 meses, el Fondo 2 —que concentra a la mayor cantidad de afiliados— tiene una rentabilidad media del 4.47%, siendo AFP Habitat el que registra las mayores ganancias (7.27%).

Aún es pronto para saberlo, pero quizás se están poniendo las bases de un inevitable choque de trenes en Europa y, posiblemente, en buena parte del mundo. La cuestión es la siguiente: como consecuencia de la Gran Recesión y de la pandemia de la COVID, los volúmenes de deuda pública han aumentado a nivel mundial hasta niveles desconocidos.

Todos hemos oído de pequeños el cuento de la lechera que contaba las ganancias que iba a lograr con su cántaro lleno de leche, hasta que tropezó y se rompió el recipiente y con ello sus sueños de atesorar el dinero suficiente para sus proyectos.

La Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU (CBO por sus siglas en inglés) sacó a la luz hace unos días un tan esperado como aterrador gráfico: la proyección de deuda pública del país hasta el año 2050. En la figura se aprecia cómo esta deuda se iría disparando progresivamente hasta llegar al 195% del PIB dentro de 30 años. Una cifra inédita que queda lejos del 106% del PIB que alcanzó la deuda del Tesoro justo al acabar la II Guerra Mundial.

La incertidumbre política con la que arrancó la última legislatura venía a definir un contexto político de extrema dificultad, antesala inequívoca de perturbaciones sociales y económicas. En aquel momento, nadie podía suponer que la mayor crisis sanitaria y, por consiguiente, económica de la última centuria se cerniría inclementemente sobre todas las economías, afectando en mayor medida a aquellas que tenían menores márgenes fiscales y una propensión manifiesta a los desequilibrios económicos y presupuestarios. España.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en el 6,5% del producto interior bruto (PIB) hasta el mes de julio, mientras que el del Estado escaló al 5,4% hasta agosto, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, que muestran el impacto de la pandemia en las cuentas públicas.

El Gobierno vasco confía en que la Comisión Mixta del Concierto Económico se celebre el próximo 30 de septiembre, fecha a falta de confirmar por parte del Gobierno central. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro María Azpiazu, así lo espera, ya que es un encuentro importante y necesario para ratificar los acuerdos alcanzados a finales de julio.

Mucho se ha comentado sobre la actuación del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de hace dos semanas en Jackson Hole y su revisión del marco de actuación de la política monetaria de la Fed, vigente desde 2012. Básicamente hay novedades en los objetivos de estabilidad de precios, con el objetivo del 2% que no cambia, pero con un añadido que sí es novedad: después de periodos en los que la inflación se ha situado persistentemente por debajo del 2%, la política monetaria será la que aporte inflación de manera moderada por encima del 2% durante algún tiempo. Es decir, cuando la recuperación asome acompañada de inflación no se cortará la misma con subidas de tipos, evitando lo que muchos consideran “errores” cometidos en el pasado que, por lo visto, impidieron la recuperación. También es notable el cambio que supone la reformulación del objetivo de máximo empleo, reportando déficits en vez de desviaciones y, así, evitar que cuando éstas sean positivas se dispare de manera automática la corrección mediante un sesgo restrictivo de la política monetaria. La valoración que se hace de manera mayoritaria de esta medida coincide con la anterior: evitar cortar la recuperación y jugársela a que la inflación será contenida. Matchball y partido para las “palomas”.

Un repaso a la prensa, a los medios de comunicación económicos o al debate político en materia económica muestra que lo coyuntural domina sobre lo estructural. Las cuestiones del momento, la situación del ciclo económico o la última cifra publicada llenan las portadas, los telediarios y los debates parlamentarios. Sin embargo, muchas de esas noticias, gran parte de esos acontecimientos que en esos momentos parecían importantísimos pasan a la irrelevancia en un muy corto espacio de tiempo. Esto no es nuevo; siempre el debate económico siempre ha estado presidido por lo coyuntural. Pero, a medida que pasan los años, se acrecienta su dominio ante la saturación informativa que ha acompañado al desarrollo de las nuevas tecnologías. La reflexión pausada ha pasado a un segundo plano.

El déficit del balance de las finanzas públicas mexicanas creció un 170 % anual en el periodo enero-julio de 2020 hasta 414,644 millones de pesos, reveló este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

España está fuera de juego, y todo parece indicar que, tras la incomprensible parálisis política del mes de agosto, una mayoría todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Tener pactados unos presupuestos, o los 21.300 millones de euros de la UE para los ERTEs no debería de darnos ninguna tranquilidad si estos presupuestos son insostenibles, la ayuda resulta insuficiente y ni siquiera se están planteando las reformas necesarias.

El Gobierno baraja la posibilidad de crear un nuevo subsidio de desempleo (de 430 euros mensuales) destinado a parados que hubiesen agotado su prestación ordinaria, y no hubiesen podido encontrar un empleo entre el inicio del estado de alarma y el 30 de septiembre de 2020.

Sánchez vende la piel del oso antes de cazarlo. Los ministros de su Gabinete hicieron un paseíllo para recibirle en Moncloa cuando logró que la UE diera a España 140.000 millones del fondo de recuperación y resiliencia, la mitad a fondo perdido. Pero lo que no dijo es que Bruselas puso dos condiciones, que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, explica con todo detalle: la presentación en otoño del plan nacional de reformas, de acuerdo con los requisitos que pide la Comisión Europea, y un amplio acuerdo presupuestario que las respalde.

El paso de las semanas, la paulatina reactivación de la actividad y la llegada de la nueva normalidad, lejos de apremiar la recuperación, parecen estar situando a nuestro país ante la verdadera envergadura de la crisis económica que se avecina. Así lo advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el el Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y regla de gasto 2020 publicado este jueves donde se han empeorado las previsiones lanzadas hace escaso mes y medio en la evaluación del Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno. Así, para este año se prevé una caída del PIB de entre el 10,1% y el 12,4% en función de la duración de la epidemia y de un posible rebrote, con una caída del empleo equivalente a tiempo completo de entre el 10,7% y el 12,8% y un déficit público que podría alcanzar el 14,4%.Concretamente, en materia presupuestaria, la AIReF estima un déficit público para 2020 del 11,9%, que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso. Respecto al informe anterior, la AIReF ha incrementado su estimación de déficit en 1% en el escenario uno por las nuevas medidas aprobadas, y, en menor cuantía, por la revisión de las previsiones macroeconómicas. En el escenario más adverso, la revisión ha sido menor, 0,6% del PIB, y se debe esencialmente a las nuevas medidas.

La aprobación del ingreso mínimo vital puede ser la tabla de salvación no solo de las familias más vulnerables, en riesgo de pobreza y en situación vulnerable ante la crisis económica en ciernes, sino que podría funcionar como un acicate para el consumo, o al menos como un retén para evitar su desplome en el presente ejercicio, tal y como se prevé a consecuencia de la pandemia. Así lo cree la AIReF, que considera clave esta prestación y las ayudas aprobadas para las pymes como un balsa de salvación del tejido productivo durante los peores momentos de la crisis sanitaria y económica de este 2020.

Analizar los efectos de la covid-19 sobre la producción es relativamente sencillo si se recurre a un simple cálculo. El año tiene 12 meses y en cada mes aproximadamente se produce un 8,3% del PIB anual. La mayoría de los expertos se inclinan por una pérdida de PIB en el entorno del 9% o 10% en 2020. Podemos tomar, pues, como referencia el 9.5% que es la cifra avanzada por el Banco de España. La economía española, al igual que todas las occidentales, ha experimentado años de crecimiento y de decrecimiento del PIB, pero nunca una caída de su producción del orden del 10% y habría que remontarse a la Guerra Civil española para hallar un parangón similar. En concreto, desde 1957, que es cuando se dispone de datos cuasi oficiales de Contabilidad Nacional, la mayor caída del PIB se registró en 2009 a raíz de la crisis financiera con un 3.8%. Una pérdida que tuvo efectos devastadores sobre el tejido productivo y el empleo, pero cabe señalar que su cuantía es claramente inferior al orden de magnitud que se atribuye a los potenciales efectos derivados del Covid-19.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revisado en dos décimas su previsión de déficit para este año, elevándolo hasta el 14% del PIB en el peor de los escenarios posibles, por la puesta en marcha del nuevo ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno y un mayor gasto sanitario del previsto. Todo ello después de que a comienzos del pasado mes de mayo, la Autoridad Fiscal pusiese los puntos sobre las íes a inicios del pasado mes de mayo a cuenta de la actualización del Plan de Estabilidad Presupuestaria. Entonces, el organismo auditor elevó las estimaciones del déficit público que el Ejecutivo sitúa en el 10,3% hasta el 10,9% y el 13,8% en el peor de los escenarios, en el cual la actividad económica no se recuperaría hasta finales de año, estimaciones que vuelve a revisar.

La vicepresidenta Calviño abre la puerta a recortes del ya muy elevado gasto no productivo del Gobierno. No es sólo una declaración de intenciones. Calviño bosqueja ya una hoja de ruta al mostrarse proclive a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal haga de nuevo informes sobre cuáles son los desembolsos susceptibles de rebaja.

El golpe para la Seguridad Social asestado por la crisis sanitaria del coronavirus muestras unas dimensiones desproporcionadas con el paso de las semanas. Tanto es así que el déficit presupuestario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país triplicará este año el registrado en el pasado ejercicio, pasando de los 17.500 millones de euros de 2019 hasta los 60.000 millones de desfase previsto para este año en el mejor de los escenarios, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) arrojadas en la evaluación realizada del nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 publicado por el Gobierno recientemente y en el que se plasma el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía.

El nuevo Plan de Estabilidad del Gobierno revela un aumento récord del gasto público en 2020: 150.000 millones más. Resultaría ingenuo justificar todo ese desembolso aludiendo a las exigencias de la lucha contra la pandemia.

El déficit del Estado alcanzó los 5.509 millones de euros al cierre del primer trimestre, lo que supone un descenso del 13,9% respecto a los 6.402 millones del mismo periodo del año pasado, al no haber recogido apenas los efectos sobre las cuentas públicas de la pandemia del Covid-19, según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota.

El Fondo Monetario Internacional presentaba el miércoles su Monitor Fiscal en Washington como parte de las reuniones de primavera que dadas las circunstancias se celebran virtualmente. El equipo liderado por Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales de la institución reitera en el informe el papel crucial que juega la política fiscal para paliar los efectos de la peor crisis económica desde la Gran Depresión.

El déficit sobre PIB se elevará hasta el 15,21%, con el consiguiente incremento de deuda pública, situándose en 182.800 millones de euros como resultado de la pandemia, según los cálculos elaborados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas.