déficit público

Pese al modo en que la alerta sanitaria se modera desde los niveles máximos que alcanzó en 2020, la necesidad de plantear la contención del gasto público que la emergencia motivó no entra en los planes, ni siquiera a medio plazo, de las comunidades autónomas. Y esa complacencia tendrá graves consecuencias en el equilibrio fiscal de esos territorios. En la situación actual, el catedrático y colaborador de Funcas Santiago Lago, junto a los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín, estiman que el 60% del desembolso extra acometido por estas Administraciones quedará consolidado en sus cuentas, es decir, no se revocará cuando la crisis quede atrás.

La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo por el Gobierno hará que a medio plazo se reduzca el gasto por al menos en dos vías: el endurecimiento de la jubilación anticipada en el supuesto más extremo y el eventual incremento de años cotizados para el cálculo de la cuantía, que podría extenderse de 25 años a 35 años. La primera de las medidas implicaría un ahorro en el medio plazo de casi medio punto del PIB, mientras que el aumento del periodo de cálculo rebajaría la factura anual en un 0,88% del PIB. Ambas medidas implicarán una reducción del gasto de hasta 15.000 millones (1,3 puntos porcentuales de PIB) de euros en el momento de mayor tensión financiera de la Seguridad Socia, previsto para la década entre 2040 y 2050, cuando la jubilación del baby boom amenaza con abrir una brecha entre ingresos y gastos de 50.000 millones de euros al año -según las estimaciones del Banco de España-.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado del riesgo en la sostenibilidad de la deuda española a medio y largo plazo. Concretamente, AIReF prevé que el déficit público alcanzará el 190% del Producto Interior Bruto (PIB) español para 2050. Para mitad de siglo, prevén en su Observatorio de Deuda que la deuda pública española sumaría un 140% en un escenario en el que no hubiera cambios en las políticas fiscales y el gasto estructural relativo al envejecimiento, es decir, las pensiones, sumaría otros 52 puntos a la deuda.

Este pasado miércoles estaba marcado en rojo en el calendario del mundo financiero y económico. La Reserva Federal americana, la Fed, celebraba el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc, por sus siglas en inglés), se esperaban noticias sobre las actuaciones, que el banco central norteamericano tomaría en cuanto a su política monetaria. La actuación de la Fed se miraría con ojos críticos tanto por las repercusiones en la economía americana, como por ser la referencia para ver que puede ocurrir con otras autoridades monetarias como el Banco Central Europeo (BCE).

El FMI aplica un contundente recorte a su previsión sobre el PIB español en 2021. El avance del 5,7% que ahora estima es medio punto inferior a su cálculo del pasado julio y se sitúa a notable distancia del 6,5% que aún espera el Gobierno.

Joe Biden decía a principios de este año: "Hay un coro creciente de los mejores economistas diciendo que deberíamos estar menos enfocados en el déficit y más en las inversiones que podemos hacer, en empleos, en mantener a las familias fuera de la pobreza y en prevenir daños económicos a largo plazo a nuestra nación. La simple verdad es que si hacemos estas inversiones ahora, con tasas de interés a un nivel histórico bajo, generaremos más crecimiento, mayores ingresos, una economía más fuerte y nuestras finanzas también estarán en una posición más sólida".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avaló unos Presupuestos Generales del Estado para 2022 con las reglas fiscales suspendidas y un déficit para ese ejercicio del 5%. La ministra destacó que la suspensión, por tercer año, de las reglas de gasto son "un paso más para que nuestro país cuente el año que viene con unos Presupuestos estatales que consoliden una recuperación económica justa socialmente que llegue a todas las personas y todos los territorios".

Ahora que se cumple un mes de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, perpetrada más con alevosía que con premeditación, me viene a la memoria ese cambiar para que nada cambie de la paradoja de Giusseppe Tomasi di Lampedusa, porque el lifting operado en el Consejo de Ministros ni ha mejorado la gestión, ni ha apaciguado las discordias y enfrentamientos en el gabinete y, ni siquiera, ha dado la vuelta a las encuestas que continúan acentuando esa cuesta abajo en la rodada en que ha entrado el PSOE y una mayoría absoluta del centroderecha si hoy se celebraran elecciones.

Mientras nuestros deportistas se esforzaban en Tokio por conquistar una medalla que les permitiera ascender al pódium de los Juegos Olímpicos, nuestro presidente del Gobierno se solazaba en Lanzarote disfrutando de esas otras medallas que se autoimpuso por su sancha voluntad y que ni ha trabajado ni le corresponden. Como la de las vacunas que, por cierto, las compra la Unión Europea y las gestionan e inoculan las comunidades autónomas que son quienes ponen los recursos y la logística.

El primer semestre del año, marcado, a excepción de los primeros compases del año, por una apertura de la actividad y un repliegue de las restricciones por la pandemia ha estado jalonado por un aumento de la recaudación tributaria en todas las figuras fiscales, que han permitido -además de dar un impulso a la recuperación que refleja el avance del PIB del 2,8% entre abril y junio en comparación con el arranque de 2021- contener el avance del déficit público, que en el acumulado hasta el mes de mayo roza el 3% del PIB. Así, el desequilibrio presupuestario se sitúa en 36.074 millones de euros hasta mayo, lo que supone restar 13.810 millones a la cifra registrada un año antes, es decir, un 27,7% menos.

El desorbitado gasto público forzado por la pandemia ya ha dejado un perdedor en el Reino Unido: el presupuesto de ayuda al desarrollo internacional. El Parlamento británico ha aprobado este martes, por 333 a 298 votos, recortar las aportaciones e inversiones en países pobres en unos 5.000 millones de libras anuales, unos 23.420 millones de euros en esta legislatura.

Tengo un gran respeto por el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. Es uno de los economistas mejor preparados y con las ideas más claras que conozco. Frente al pesimismo de los demás, siempre saca algún conejo de su chistera para solventar el problema. Lo hizo hace unos meses, con la renta mínima, cuando Sánchez sufría la presión de Iglesias por introducirla, y lo repite ahora con acuerdo de los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) demostró ayer que el aprobado, ya concedido por la UE, al Plan de Recuperación del Gobierno no implica que esa hoja de ruta esté libre de puntos oscuros.

El plan del Gobierno para abordar la reforma de pensiones prevé la vinculación por ley de las futuras subidas de las pensiones según la inflación. La medida, que aúna un amplio consenso en la mesa de diálogo social supone no obstante todo un reto en términos de financiación de las futuras pagas de jubilación. Concretamente, ante la ausencia de medidas concretas y en base a las medidas previstas sobre el Sistema con la reforma, la jubilación a partir de 2025 de la generación del baby-boom incrementará el déficit estructural de las pensiones hasta los 60.000 millones de euros, entre un 5% y un 6% del PIB.

Con la inflación subiendo si bien bajo control en Europa y algo desmelenada en Estados Unidos, que ha llegado al 5%, las dudas en torno a las políticas monetarias siguen aflorando. Vayamos por partes.

Las comunidades autónomas deberán afrontar la devolución de unos 3.000 millones de euros en 2022 por la liquidación negativa de los recursos recibidos por la Administración central, según estima la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Durante su intervención en el seminario La economía de la pandemia, organizado por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Herrero apuntó que los cálculos de la autoridad pasan por una liquidación negativa del entorno de unas tres décimas de PIB, aproximadamente.

El futuro siempre puede entenderse como un canto a la esperanza pensando firmemente en que todo irá mucho mejor. Sin embargo, el presente es el que es y en él estamos. Nuestra inquietante deuda pública sigue engordando a pasos agigantados, síntoma de que las cosas no funcionan y que nos adentramos en terrenos pantanosos de los que habrá que ver cómo y cuándo salimos.

Pues, nada, que ya era hora de que pudiéramos oír noticias reconfortantes que nos alegraran un poco la vida y nos insuflaran aires optimistas, de los que andábamos faltos durante tantos meses. No hay nada nuevo bajo el sol que no palpáramos e intuyéramos pisando las calles, eso sí, con cuidado por las de Barcelona que los ladrones de relojes atacan con fuerza y eso resta atractivo turístico a una ciudad necesitada de visitantes. Sería bueno que las autoridades locales comprendieran que la delincuencia supone un impedimento para que Barcelona reactive su tirón turístico.

Los impuestos marcan la actualidad. SI en Estados Unidos los ricos de verdad, esos que lideran la lista de los multimillonarios, pagan menudencias en el impuesto sobre la renta, en España a todo hijo de vecino afecta el impepinable IRPF, que este año depara algún que otro sustillo por lo que toca pagar. 2020 fue un año anormal, pero llegado el momento de rendir cuentas con Hacienda no hay más tutía que cumplir con las obligaciones tributarias.

La Comisión Europea (CE) ha recomendado este miércoles a España que mantenga una política fiscal "prudente" en 2022 debido a su elevada deuda pública, que ha alcanzado este año el 125% del producto interior bruto (PIB), y que utilice las ayudas europeas del fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales.

La dureza de la crisis económica provocada por la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de la Seguridad Social española para proteger a empresas, trabajadores y colectivos más vulnerables. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros el pasado año. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes de acabarse la legislatura. Además, confía en iniciar la aprobación parlamentaria de la reforma este mismo verano, un elemento crucial para recibir los fondos de reconstrucción europeos.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 15.527 millones de euros hasta marzo, lo que supone sumar 4.747 millones a la cifra registrada un año antes, un 44% más, como consecuencia del impacto de la pandemia, por lo que escala al 1,28% del PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. No obstante, en lo que se refiere al déficit del Estado hasta el mes de abril, el dato se sitúa en el 1,40% del PIB y desciende un 15,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

A mediados de la década de 1980 solo siete países tenían reglamentos de política fiscal. En 2015, según el último recuento del Fondo Monetario Internacional, eran 96. La mayoría contaba con disposiciones que limitaban la deuda pública, los déficit presupuestarios o ambas cosas, y había algunos con normas adicionales para el gasto público.

De algún sitio habrá que sacar el optimismo o saber por dónde se mercadea con él para que seamos capaces de recobrar confianzas perdidas. Uno querría ser vocero de buenas nuevas; empero, la terca realidad se empeña en intensificar la vis escéptica que quizá ahora, con el vocablo tan en boga, es la negacionista. Filosofías baratas al margen, las cosas económicamente no chutan por acá. Confiemos que sí lo sigan haciendo por Madrid después de sus elecciones autonómicas y que la luz económica que brilla por allí sirva para iluminar al resto de una España oscura que se mueve a trompicones.

No fue fácil alcanzar en el seno de Europa el acuerdo sobre la puesta en marcha de los fondos europeos que tendrían que servir para la reconstrucción económica de los distintos países. Por varias causas. La primera de ellas porque la situación financiera de las cuentas públicas no es la misma en unos países que en otros. La segunda, porque el daño económico provocado por la pandemia tampoco es homogéneo. En tercer lugar, porque se teme, desde el corazón de Europa, que algunos países no se ajusten, a la hora de invertir los dineros procedentes de los fondos, a las reglas del juego. Cuarto, porque el núcleo duro europeo se mantiene en sus trece de imponer unas condicionalidades a lo largo del período en que fluyan tales fondos, que determinados países del sur rechazan. Y quinta, porque igual algunos Estados confunden la finalidad de estos fondos, cuyo papel es el de actuar como catalizadores de reestructuraciones de modelos económicos, como parche para solventar los problemas estructurales que arrastran sus finanzas públicas.

El año 2020 ha sido el año del déficit público, algo que ya estaba previsto. El contexto sinuoso de un ejercicio muy delicado ha causado un destrozo de más o menos magnitud en las cuentas públicas de la mayoría de los países. En unos se ha logrado atenuar el shock, mientras que en otros el impacto ha sido de envergadura. La zona euro ha saldado 2020 con un déficit público del -7,2% y la Unión Europa del -6,9% sobre los respectivos PIB. Dicho en guarismos, los países integrantes de la zona euro han cosechado en conjunto un déficit público de 820.386 millones de euros con un PIB generado de 11.334.027 millones. Si comparamos estos números del pasado año con 2019, entonces el déficit público sumó solo 75.369 millones y el PIB alcanzó 11.949.223 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

El debilitamiento de la recuperación económica en España ha alcanzado ya tal grado que la revisión de las previsiones del Gobierno para 2021 era ya ineludible.

El gasto público batió marcas en España el año pasado al situarse en el 52% del PIB, con un incremento superior a los 92.000 millones en apenas dos años. A primera vista, nada habría que objetar a un desembolso forzado por una crisis imprevisible y de dimensiones históricas.

No cabe duda de la dependencia que España tiene de Europa, de la Unión Europea (UE) y de lo que supone para nosotros el papel que desempeña el Banco Central Europeo (BCE). ¿Qué sería de España hoy si no fuera por ese apoyo europeo y por el auxilio financiero del BCE? Desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 hasta finales de marzo de 2021, el BCE ha adquirido deuda soberana de España por importe de 104.227 millones de euros. Así que el frenesí de nuestra deuda pública que de fines de 2019 al cierre de 2020 aumentó en 156.750 millones – 125.515 millones sin incluir el asunto de SAREB -, al pasar de 1.188.820 millones de euros a 1.345.570 millones, se explica en parte gracias al socorro de la institución presidida por Christine Lagarde y vice presidida por Luis de Guindos que está siendo fundamental para sostener nuestras descarriadas cuentas públicas.