El Gobierno cierra su legislatura con la aprobación de la contrarreforma laboral, muy dañina para la economía. Tanto la implantación de controles horarios como la vuelta al sistema de convenios colectivos elevará el coste laboral de las empresas en un momento de desaceleración, en que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se encareció el 22% de un plumazo. Es el pacto de última hora alcanzando con los sindicatos para tenerlos satisfechos a espaldas de la gran patronal española, dirigida por Antonio Garamendi, que no logra colocar su mensaje de protesta en la calle.
El consejo de ministros de este viernes acordó, además, ampliar el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas y a 16 desde 2021, así como una orientación de los alquileres por barrios para frenar la subida de precios.
Dos propuestas con sabor al chavismo de Podemos, que serán utilizadas por Sánchez en la campaña, para recalcar sus esfuerzos por dignificar los salarios y revertir los ajustes, que sacuden a las clases medias.
Afortunadamente, se trata de actuaciones que antes de entrar en vigor tendrán que pasar por el filtro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la que PP y Ciudadanos, con ayuda del Grupo Mixto, pueden bloquear su aprobación.
"Quedarán temas en el tintero"
La ministra de Industria, Reyes Maroto, reconocía esta semana en su intervención en el Ágora de elEconomista que quedarán muchos temas en el tintero. Entre ellos, el anteproyecto de cambio climático, que pretende poner en marcha iniciativas para acabar con los coches con motores de combustión. La industria automovilística sigue temerosa, pese a que en la redacción final fue eliminada la prohibición sobre la producción o venta de este tipo de motores en 2040.
Otra de las medidas en la cuneta es la del impuesto al diésel, que iba a subir alrededor de 30 céntimos por litro, con la pretensión de recaudar más de 2.000 millones anuales.
Tampoco está garantizado, según reconoció Maroto, que el Gobierno pueda aprobar antes de marcharse el estatuto de la industria electrointensiva, necesario para reducir el coste de la electricidad y garantizar la continuidad de varias plantas fabriles amenazadas de cierre, como las de Alcoa en Avilés y La Coruña.
Entre las propuestas que jamás se llevarán a cabo, si no vuelve Pedro Sánchez al Gobierno, están la subida del Impuesto de Sociedades o del IRPF para los directivos. Tampoco hay tiempo ya para implementar los futuros impuestos a las transacciones financieras ni la denominada tasa Google a las tecnológicas foráneas.
La ausencia de estos impuestos no impedirá los incrementos de gasto público anunciados por parte de las ministras de Hacienda y de Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente.
Se acordó subir las pensiones de acuerdo a la inflación, reactivar la ayuda a parados de larga duración mayores de 52 años ó intentar recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios, con subidas salariales del 2,5%. El gran anuncio electoral será la convocatoria de más de 30.000 plazas de empleo público.
Con este currículo fiscal, las posibilidades de que Calviño acceda a alguna comisaría en la nueva legislatura europea son reducidas.
El déficit público se desviará de la senda de la reducción para volver a tasas próximas al 3%. Un año perdido desde el punto de vista de la consolidación fiscal, que puede desencadenar tensiones sobre la deuda, pese a que el Gobierno había prometido bajar su porcentaje en más de dos puntos, hasta alrededor del 96% del PIB.
Con este currículo fiscal, las posibilidades de que Calviño acceda a alguna comisaría en la nueva legislatura europea son reducidas. La ministra de Economía, hábil tejedora de los hilos de la burocracia bruselense, se movió con agilidad entre bambalinas para colocar a José Manuel Campa al frente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Ni siquiera el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos estaba al corriente del asunto.
Campa cuenta una trayectoria impresionante, con excepción de su paso por la Secretaría de Estado de Economía, entre 2009 y 2012, donde no supo advertir del descontrol en el déficit autonómico y siguió a Elena Salgado en su imaginario de los brotes verdes, como Don Quijote con los molinos.
Los malos augurios con los que comenzó el año, se disipan, gracias a que China y Estados Unidos encarrilaron las conversaciones para la consecución de un acuerdo comercial y que el crecimiento americano, con un alza del 2,6% en el último trimestre del año, sigue sin dar muestras de cansancio.
España se mantiene a la cabeza del PIB europeo, aunque la incertidumbre derivada de las elecciones generales de abril y de las autonómicas y municipales en mayo, así como el frenazo de Alemania, que está al borde de la recesión, pasarán factura en algún momento. Las malos datos de producción manufacturera anticipan malos tiempos. Así que mejor no cantar victoria. Las subidas fiscales ahora en el tintero volverán si gana Sánchez y la ausencia de ajustes sigue pendiente.
PD.-Por los demás, asistimos al entierro de la operación de Abanca para hacerse con el control de Liberbank. Las prisas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que exigió diez días para lanzar la opa, y la negativa de Liberbank a facilitar una due diligence en un tiempo exprés, dieron al traste con los deseos de Juan Carlos Escotet. El presidente de Abanca, un hábil empresario, había pactado con los principales accionistas para presentar una opa amistosa. Pero quizá no reparó en la posición del consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, quien al verse desplazado de los puestos de responsabilidad en la futura entidad fusionada, rehusó destapar los secretos más íntimos del banco, para evitar ser adquirido por su rival. El fracaso de las conversaciones siembra dudas sobre las verdaderas intenciones de Menéndez de unirse con Unicaja, con la que reconoció formalmente la celebración de negociaciones hace ya varios meses, si no se garantiza el control ejecutivo de la nueva entidad fusionada.