Trabajo acuerda con las asociaciones de autónomos la actualización de sus cotizaciones a la Seguridad Social en 2019. Finalmente, como se barajaba en octubre, el Gobierno acepta una pequeña subida, del 1,25 por ciento, de las bases mínimas, lo que implica un pago de 5,36 euros más al mes.
A cambio, no solo elevará la cuantía de la pensión futura, sino que su protección se amplía en conceptos que hasta ahora no cubrían a todos los autónomos. Es el caso del seguro por cese de actividad (equiparable al cobro del paro en los empleados por cuenta ajena), cuyos requisitos además se flexibilizan y aumenta su duración.
Parecida evolución mostrarán el seguro de contingencias profesionales (para las bajas por enfermedad) y la formación continua. Sin duda, es deseable una mejora en problemas tradicionales de los autónomos, como sus apuros para acceder incluso a las pensiones más bajas.
Pero conviene también avisar sobre los posibles riesgos de un incremento tan amplio de la protección. Es cierto que el desembolso por cese de actividad de autónomos apenas llegó a 20 millones en 2017 y que este capítulo de la Seguridad Social presenta un amplio colchón. Debe evitarse el deterioro de esas cifras que amenazas como el fraude podrían provocar. El pago de coberturas como la propia del paro resulta ahora más caro a una empresa que tenga trabajadores en nómina y es posible que muchas firmas opten por recurrir a falsos autónomos.
Por desgracia, este engaño acompañó a otras medidas como la tarifa plana. Por ello, resulta aún más llamativo que el Gobierno se incline por subirla levemente (de 50 a 60 euros al mes) en vez de eliminarla como el Ejecutivo defendía antes con acierto. Para evitar situaciones así, el papel de las mutuas es crucial.
