Madrid
El Supremo sorprende tras corregir su doctrina sobre la titularidad del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (aquél que grava la firma de una hipoteca), al asegurar que corresponde a los bancos abonarlo y no a sus clientes. Renace así la indefinición en que la normativa sobre este tributo se sume desde 2015. Fue entonces cuando el Supremo falló que las cláusulas que cargan al cliente con todos los gastos de constitución de una hipoteca son abusivas y, por tanto, nulas.
Dicha sentencia no explicaba cómo debían repartirse las cargas. Las dudas persistieron hasta febrero pasado, cuando la sala de lo Civil del Alto Tribunal aseguró que Actos Jurídicos correspondía a los clientes. Pero la sala de lo Contencioso-Administrativo discrepaba y mantuvo la tesis que ahora se impone, según la cual los bancos deben pagar. Quedan, además, importantes incógnitas como determinar a qué hipotecas afecta este fallo y, por tanto, cuál será el impacto para la banca.
Si la sentencia asume el límite de cuatro años que la ley marca en las reclamaciones fiscales, el coste se limitaría a 1.800 millones. Pero existe la posibilidad de que las devoluciones afecten a toda la cartera hipotecaria actual, más allá de los créditos firmados a partir de 2014, con lo que la factura rebasaría los 6.400 millones. Es más, tampoco es descartable que puedan reclamarse los préstamos ya amortizados.
Todos los escenarios están abiertos, por culpa de la excesiva indefinición que este mercado sufre, a la espera de otra nueva sentencia del Supremo sobre cláusulas abusivas y con la reforma de la ley hipotecaria bloqueada en el Congreso. Una incertidumbre así no solo perjudica a los bancos, sino que amenaza con lastrar una actividad tan básica para la economía como la concesión de hipotecas.
