Opinión

En quiebra y cacareando

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno

Los números como el algodón no engañan. La economía española se estanca y crece sólo un paupérrimo 0,3% en el primer trimestre. Un freno que obliga al gobierno a darse un baño de realismo y rebajar la previsión de crecimiento para este año al 4,3%, casi tres puntos menos que el cuento de la Lechera del 7% que había presupuestado, y que nadie en su sano juicio se creía.

Los efectos de la segunda ronda del IPC sitúan la tasa de inflación en el 8,4% en abril y elevan la inflación subyacente (excluyendo la energía y los alimentos no elaborados) hasta el 4,4%, cifra inédita desde 1995. Una escalada de precios desbocada que ha costado ya a los españoles 16.700 millones de euros de poder adquisitivo y 94.000 millones en el valor de sus ahorros sólo en los dos primeros meses del ejercicio mientras el gobierno aumentaba un 21,4% sus ingresos por recaudación de impuestos.

La EPA del primer trimestre nos devuelve a la normalidad de destrucción de 100.200 puestos de trabajo y el incremento de los parados en 70.900 personas, elevando a 3.174.000 el número de desempleados, a los que hay que sumar los miles de trabajadores en ERTE. Reducción que los analistas interpretan como el "el inicio de una senda de deterioro en el mercado laboral" consecuencia del empeoramiento de la actividad económica. Y con el añadido de que los contratos fijos discontinuos, es decir de trabajo a tiempo parcial, han crecido en más de un 500%.

Los datos contratados de Eurostat muestran que España crece más lentamente que el resto de los países de la Unión Europea, que es líder de los 27, en paro, inflación, déficit y deuda, estando nuestro endeudamiento en torno al 120% del PIB y en vísperas de que el BCE anuncie el fin de las compras de deuda y la subida de los tipos de interés. Mientras que, en el ámbito de las empresas las ampliaciones de capital han caído un 15,5% entre enero y marzo, con datos del Radar empresarial de Axesor, que resalta también como aumentaban un 109% las reducciones de capital con respecto al mismo periodo del año pasado hasta superar los 6.704 millones de euros.

Una situación que no es por causa de Putin y la guerra, como quieren hacernos creer Sánchez, Calviño, Montero y compañía sino de una gestión económica incompetente, de la ausencia de reformas, de un gasto público ineficiente y del empecinamiento en una política de subidas de impuestos e intervencionista. Porque los precios de la electricidad en España se mantienen en niveles históricos desde el verano y la inflación cerró 2021 en el 6,5%, la mayor tasa en 29 años. Como tampoco tiene que ver Putin con que España sea el país que más aumentó su deuda pública en términos de PIB durante el último ejercicio, hasta el 118,7%, y las estadísticas oficiales muestren que cada día que pasa con Sánchez en el gobierno nuestra deuda aumenta en 200 millones de euros.

Y con la economía española tambaleándose al borde de la quiebra técnica la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se permitía el cinismo de cacarear que "hemos mejorado la vida de los trabajadores" arropada por los llamados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, resucitando aquellos primeros de mayo del franquismo con los sindicatos verticales festejando al dictador.

Unas centrales sindicales que sus actuales dirigentes han convertido en aparatos serviles y estómagos agradecidos al Gobierno del que viven, que se reparten este año 17 millones de euros en subvenciones del Estado y a los que el gobierno ha regalado 100 millones de los Fondos Europeos como premio a su fidelidad. Que se manifiestan con los independentistas catalanes y en defensa de los presos de ETA en el País Vasco, pero a los que no les ocupa ni les preocupa la inflación galopante, el empobrecimiento de los ciudadanos, los más de tres millones de desempleados y que siguen sordos, mudos e insensibles ante la situación de los refugiados y trabajadores en Ucrania.

Será que los parados y los ucranianos no pagan cuotas ni les financian mariscadas. Será.

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