La cruenta invasión de Ucrania por parte de Rusia va a marcar un antes y un después en el devenir económico, político y social de Europa, generando en el corto plazo una quiebra en el proceso de recuperación que habíamos emprendido tras la pandemia de la Covid 19.
Afortunadamente, sabemos que el futuro no está determinado, sino que depende de las políticas que se aplican ante cualquier circunstancia. Así, aprendimos en la crisis de 2008-2013 que, si se adoptan políticas de austeridad extrema, se devalúan los salarios y se recortan servicios públicos, la consecuencia es que se hunde la economía, el empleo y la calidad de vida de la mayoría de la población. No se debe repetir nunca más.
Por el contrario, en la reciente crisis pandémica hemos comprobado que, con ayudas públicas, con actuaciones solidarias para sostener el empleo y las rentas, y con cooperación entre las partes se genera menos daño económico y social y se sale antes de las dificultades. A través del diálogo social se han hecho avances importantes, y están teniendo efectos positivos. La reforma laboral ha introducido cordura y estabilidad en un mercado laboral carcomido por la precariedad, ayudando a generar contratos indefinidos como nunca antes se había hecho. Hay que esperar para ver su impacto final, pero el camino abierto es esperanzador.
Ahora, la guerra ha recortado las previsiones de crecimiento económico en toda Europa, y por supuesto en España, con el riesgo de arrastrar al empleo, que hasta ahora crece mucho. Pero, sobre todo, ha disparado la inflación, que se come el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras. El aumento anual del IPC de abril ha sido del 8,2% que, aunque 1,4 puntos inferior al de marzo, sigue siendo el más elevado desde 1986. La causa esencial es el precio de los productos energéticos, pero detrás de ello está un sistema de fijación de precios ineficiente e injusto, que genera enormes sobrerretribuciones a las grandes empresas del sector, en detrimento de toda la sociedad. La excepción ibérica en el precio del gas es una buena noticia, pero vamos a estar atentos como se traslada a las empresas y a las facturas de las familias. Además, se está extendiendo a toda la cesta de la compra: la tasa subyacente de IPC, que elimina los alimentos frescos y los productos energéticos, ha crecido hasta el 4,4%, la mayor desde diciembre de 1995.
Necesitamos una estrategia global para afrontar estas dificultades, que sea eficiente, solidaria y coherente con la construcción de un nuevo modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible. El diálogo social ha dado sus frutos recientes. Es necesario un acuerdo de negociación colectiva que recupere unos salarios estancados des del 2008. Es importante que haya la cláusula de revisión salarial en la mayoría de los convenios, sobre todo con la inflación disparada y sabiendo que la causa de la inflación no son los salarios sino el precio de la energía y las materias primeras. Las personas trabajadoras de nuestro país no pueden ser las paganas de la crisis; no pueden afrontar más ajustes, porque ya están en una situación económica difícil. El salario más habitual es tan sólo de poco más de 1.000 euros netos al mes, lo que, unido a la elevada precariedad existente, hace que haya casi diez millones de trabajadoras y trabajadores a las que no le llega el sueldo cada mes, y que el 11,8% esté en riesgo de pobreza.
Tampoco pueden los pensionistas, porque más de la mitad tiene una pensión de jubilación que tampoco supera los 1.000 euros. Para pedir esfuerzos hay que mirar a otro lado, hacia quienes poseen grandes rentas y patrimonios, normalmente ligados a rendimientos del capital y de propiedades. A los rentistas y a las grandes empresas del Ibex-35, que obtuvieron un beneficio neto conjunto récord de 58.543 millones de euros en 2021, más del doble de 2019 (28.000 millones), antes de la pandemia.
Sin embargo, hay que adoptar medidas para aumentar los impuestos a los que más tienen y ganan (personas y empresas), controlar los alquileres, moderar y reinvertir los beneficios de las empresas, reducir las retribuciones de directivos y accionistas de las grandes sociedades o elevar la competencia en los mercados del sector energético.
Para reivindicar ese reparto justo de esfuerzos, medidas eficaces para controlar la inflación y el reforzamiento de los servicios públicos salimos a la calle este Primero de Mayo. Porque solo con empleo más estable, salarios dignos y mayores dosis de igualdad superaremos esta nueva crisis y construiremos un futuro mejor.
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