El periodo trascurrido entre enero de 2020, -subida del SMI a 950 euros-, hasta febrero de 2022, -convalidación de la reforma laboral- es uno de los más fructíferos en materia de diálogo social de nuestra historia.
Se ha dado, además, en medio de una situación extrema: la concatenación de una pandemia global con una guerra en Europa. Si la primera situación paralizó buena parte de la actividad económica y la movilidad, esta segunda está disparando los precios y agravando problemas de suministros de materias primas o en las cadenas globales de producción.
Para CCOO, la crisis producto de la COVID tenía como prioridad sindical la salvaguarda del empleo y las empresas. En este momento, es evitar una devaluación de los salarios.
En la pandemia, una docena de acuerdos cualitativamente muy importantes y la socialización temporal de los costes salariales y las cotizaciones sociales a través de los ERTE sirvieron para evitar la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo y un número difícil de cuantificar de empresas.
La corresponsabilidad entre Gobierno y agentes sociales fue un contrapunto virtuoso a la crispación política que en algunos momentos se parecía a una irresponsable estrategia de desestabilización.
Esa corresponsabilidad se está echando de menos en este momento. Por un lado, se nos ha emplazado desde el Gobierno a alcanzar un pacto de rentas, en el que de forma sorpresiva nos encontramos con que las aportaciones del propio Gobierno a tal pacto no aparecen por ningún lado o, en todo caso, lo hacen como medidas unilaterales del ámbito político. No conviene confundir un pacto de rentas con un pacto salarial, y sí conviene llamar a las cosas por su nombre.
El Gobierno debía aportar a tal pacto medidas destinadas a la contención de precios energéticos y esperemos que de precios en general. También medidas de carácter fiscal y de protección de las personas con menores recursos. Estas medidas se han ido tomando con mayor o menor acierto (en nuestra opinión, claramente insuficientes en protección de rentas bajas) pero, en todo caso, desde la acción política y de forma autónoma a la negociación salarial, que ahora mismo aparece bloqueada.
Desde esta perspectiva planteamos este Primero de Mayo. Mejorar salarios, contener precios y políticas de igualdad, son nuestros mensajes fuerza.
Ante una inflación por encima del 8% y con la subyacente escalando hasta el 4,4%, hemos planteado la necesidad de generalizar las cláusulas de revisión salarial. Tales cláusulas son la herramienta que permite mantener el poder adquisitivo sin riesgo de espiral inflacionista en España.
Pensamos que ese riesgo no existe. Más bien que una devaluación salarial conllevaría un debilitamiento de la demanda interna. Un lastre para un factor clave en la recuperación de la economía. Téngase en cuenta la dificultad para recuperar las tasas de comercio internacional ante la inestabilidad geopolítica, o las incertidumbres sobre la evolución de un sector como el turismo extranjero.
Pongámonos en esta hipótesis: si hubiera una contención de los costes energéticos y sus derivadas en la segunda parte del año, ¿habría una reducción de precios en la misma proporción? Todos sabemos que no. Es perfectamente factible que se diese una mejora de los márgenes empresariales que, si no va acompañada de acuerdos salariales suficientes, conllevaría una distribución intolerable del crecimiento.
No nos vamos a resignar a ese escenario. Desde CCOO estamos en disposición de afirmar que habrá una estrategia conjunta con UGT para llevar a cabo un proceso de tensionamiento en la negociación de los convenios colectivos para escalar una movilización.
La segunda reivindicación principal tiene que ver con controlar los precios. El sistema de fijación de precios energéticos debe ser modificado. El acuerdo de España y Portugal con la Comisión Europea puede servir temporalmente y tiene que recaer en los márgenes multimillonarios y no justificados que este sistema facilita a las empresas energéticas.
Y por último hay que apostar por medidas que favorezcan la igualdad y la cohesión social. Existen múltiples situaciones de exclusión y precariedad laboral, pérdida de expectativas vitales, inseguridades e incertidumbres ante las transformaciones económicas y sociales que se suceden de manera acumulativa y a gran velocidad. Existen territorios que se perciben como agraviados y alejados de los circuitos de modernización.
No es solo España, es también Europa donde empiezan a surgir opciones políticas reaccionarias y nacionalismos de extrema derecha que, nutriéndose de estos descontentos, suponen un riesgo para la estabilidad y la necesaria integración que requiere la UE, además de ser una amenaza para la propia pervivencia de los estados de derecho.
