Opinión

Las cuentas del cuento del gas

En el último minuto, con rebajas y por la indulgencia de la presidenta Von der Leyen, la Comisión Europea se inclinó por una solución salomónica para permitir a España y Portugal de topar el precio del gas, aunque 20 euros por encima de los 30 que solicitaban los ejecutivos ibéricos y sólo por un año.

Una medida intervencionista, que ha sido duramente criticada por los operadores y la compañías eléctricas, que no resuelve el origen del problema que es la subida del precio del gas y que estando ese precio en el entorno de los 80 euros la intervención va a generar déficits en los ciclos combinados que o se reparte entre el resto de los generadores o se incluye en el recibo de la luz subiendo los costes fijos para que lo terminemos pagando las empresas privadas y los contribuyentes. Solución esta última que es por la que parece ha optado el Gobierno por boca de la ministra Teresa Ribera.

Y es ahí donde está la trampa del asunto. Porque si es verdad que el mecanismo aprobado va a suponer una rebaja próxima al 20% en el precio de la luz para los clientes del mercado regulado, los analistas privados y las compañías ya han advertido que también va a encarecer la electricidad para los clientes del mercado libre que suponen el 80% de la demanda eléctrica nacional.

A ello hay que añadir que topar el precio no significa que las compañías eléctricas vayan a pagar el gas más barato. Expertos en el funcionamiento del mercado y técnicos de Red Eléctrica coinciden en afirmar que la subasta que determina los precios finales de la electricidad no está topada y recuerdan que las compañías tienen que pagar el 36% al mercado de emisión, es decir nunca menos de 110 euros teniendo en cuenta los costes fijos y los variables.

Como explicamos en su momento topar el precio del gas que está marcando el marginal exigiría después compensar a las empresas gasistas, es decir que si el megavatio de gas está a 110 euros en el mercado internacional, habría que compensar ese tope de 50 euros, lo que si se imputa en el recibo final los técnicos citados estiman el ahorro para consumidor estaría en torno a únicamente 6 euros y eso suponiendo que el agua, la nuclear y las renovables acepten pujar moderadamente en la subasta, que es mucho suponer, y dependerá siempre de la voluntad o la capacidad que tengan las compañías generadoras para enfrentarse al Gobierno.

Y todo ello por ese empecinamiento irracional en no bajar los impuestos, en contra del resto de los gobiernos europeos y para poder mantener el gasto desmesurado e ineficiente en ministerios innecesarios, ministros incompetentes y una pléyade de asesores y amiguetes enchufados a la teta del Estado que pagamos todos.

Los números, que como el algodón no engañan, muestran que mientras los españoles hemos perdido 16.700 millones de euros de poder adquisitivo y 94.000 millones en el valor de los ahorros por la inflación desbocada, el Gobierno había aumentado un 21,4% los ingresos por recaudación tributaria sólo en los dos primeros meses de este año y con una inflación del 7,6% que en marzo estaba ya rozando los dos dígitos. Sólo en 2021 había ganado más de 8.000 millones de euros a costa del bienestar de los ciudadanos a los que debería servir.

Y si nos atenemos a esa rebaja del IVA y del tipo del los impuestos especiales sobre la electricidad los datos oficiales muestran que esas reducciones fiscales suponen un coste para el Estado de 3.289 millones de euros mientras que el aumento de la recaudación que percibe por la subida de los precios supera los 15.000 millones. Es decir, un negocio que le aporta 12.000 millones de beneficio extraordinario.

Esta es su política social y este es el Gobierno que presumía de que no iba a dejar a nadie atrás. Aunque todo apunta que con ese "nadie" Sánchez se refería a sus socios independentistas, filoterroristas, bolivarianos y amigos de Putin a los que ahora les premia desprestigiando y anulando al CNI y prostituyendo el Parlamento para incorporarles a la Comisión de Secretos Oficiales dando un paso más en su estrategia de debilitar las instituciones democráticas para acabar con el régimen de libertades y el Estado de Derecho.

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