La Comisión Europea ha dado luz verde a la propuesta española y portuguesa, denominada como "excepción ibérica", para limitar el precio del gas y de esta manera rebajar de forma prácticamente inminente el recibo de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) hasta un 20%, aunque todos los consumidores se verán beneficiados de este mecanismo a largo plazo. El acuerdo, alineado con la decisión del Consejo del 24 y 25 de marzo, llega justo al límite del plazo que había establecido el Gobierno español para recibir una respuesta por parte de los mandatarios europeos.
"Es un acuerdo muy importante para los consumidores tanto domésticos como industriales. Es un sistema que con la excepción ibérica reconocida por el Consejo Europeo nos permitirá que el precio de la electricidad no suba en el mercado spot como consecuencia del precio del gas y permitirá que los consumidores industriales se puedan beneficiar de esa reducción de la referencia y los precios a futuro. Es un buen acuerdo que nos protege frente a las turbulencias, frente a incrementos del precio del gas de los próximos meses", anunció la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una rueda de prensa en Bruselas junto a su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, tras una larga reunión con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
Así pues, España y Portugal podrán limitar inicialmente a 40 euros por megavatio hora, lo que supone 10 euros más de lo propuesto inicialmente por España y Portugal, el precio del gas y el carbón para las centrales. Desde Bruselas obligan a que este tope se incremente de manera progresiva hasta alcanzar los 50 euros al final del periodo de 12 meses en los que estará en vigor este acuerdo, dando cobertura hasta que finalice el próximo invierno. De esta manera, la factura eléctrica pasará de los más de 200 euros en los que se encuentra actualmente a rondar los 130 euros el megavatio hora.
Esta quiso además poner en valor el hecho de que el acuerdo se extienda un año y añadió que "el punto de partida era 30, es obvio, pero en un proceso complejo se han valorado las distintas alternativas y cómo mejorar y ofrecer una respuesta lo más solvente posible. Se ha ampliado el plazo para dar cobertura al próximo invierno a los consumidores de gas y electricidad. En su balance de conjunto y equilibrio es un acuerdo positivo para los consumidores".
Se prevé que la medida vaya al Consejo de Ministros el próximo martes para que entre en vigor "cuanto antes" y tenga impacto en la factura de mayo, tal y como ya comentó Teresa Ribera hace una semana en un acto en Cáceres.
"Hay que plasmar los cambios producidos en la notificación formal en la respuesta a las preguntas que la Comisión nos plantea a los dos países. En principio creemos que antes del fin de semana tendremos tener resuelta esta parte formal con la Comisión y podría ser presentado en el Consejo de Ministros en el caso de España la próxima semana con una aplicación inmediata, teniendo en cuenta los ajustes necesarios en el mercado" aseguró la ministra.
Las últimas declaraciones de las eléctricas españolas han jugado también un papel clave, en forma de presión a la cúpula europea. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, arremetió hace una semana contra el plan que defendía Pedro Sánchez ante las autoridades comunitarias, indicando que "el camino" para reducir el precio de la electricidad en España pasaba por "modificar la tarifa regulada de electricidad (PVPC) que existe en el país y aplicar la fórmula portuguesa". Este concluyó que "sólo de esta manera la factura podría rebajarse entre un 30% y un 40%".
Resolución
La medida se encontraba en espera después de que el Consejo Europeo aprobara a finales de marzo permitir a España y Portugal limitar temporalmente el impacto del gas en la formación de precios del mercado eléctrico, algo que se denominó como "excepción ibérica". Esta excepcionalidad se aprobó bajo la justificación y/o condición de "isla energética" que tienen España y Portugal dado el alto nivel de renovables de la Península pero las escasas interconexiones con la red europea, algo que la Comisión se ha comprometido a mejorar de forma activa en este acuerdo, con el fin de lograr los objetivos de incremento de interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa.
Cabe destacar que aunque los países ibéricos hayan conseguido llegar a un acuerdo tras duras negociaciones, los precios no caerán tanto como las previsiones que manejaba el Ejecutivo, que proyectaba que el precio medio en el mercado mayorista cayera a la mitad.
La propuesta inicial de 30 euros el megavatio hora que se hizo a Bruselas fue rechazada ante los temores de la Comisión Europea por la posibilidad de haber un diferencial entre el precio mayorista ibérico y el resto de países de la UE muy grande, haciendo que otros países demandaran la misma condición, y el riesgo de poner en evidencia el actual sistema marginalista.
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