Eclipsado por los ecos de las elecciones de Castilla y León esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos han confirmado que la inflación en España encadenaba en enero su decimocuarta tasa anual positiva consecutiva y suma ya dos meses seguidos en tasas superiores al 6%. Este 6,1% en el primer mes del año tras el 6,5% en diciembre, la más alta desde mayo de 1992 que supera en 1 punto a la media de la zona euro y que casi duplica la de algunos de nuestros socios como Francia (3,3%) y Portugal (3,4%).
Una escalada inflacionista que afecta especialmente a las clases más desfavorecidas de la sociedad y los trabajadores que sufren en sus bolsillos una pérdida de poder adquisitivo que les deteriora sensiblemente su capacidad de compra y su nivel de vida. Y un diferencial con nuestros socios europeos que está minando también la competitividad de nuestras empresas y de nuestras exportaciones además de provocar una fuerte rebaja del crecimiento de la economía española, convirtiendo en una quimera las previsiones presupuestarias del Gobierno.
Como era de esperar, pasadas las fiestas navideñas, este IPC muestra ya que las empresas están empezando a trasladar el incremento de los costes energéticos y laborales a los precios penetrando de forma preocupante a todos los productos. La inflación subyacente, la que se contabiliza descontando los alimentos frescos y la energía, aumentó hasta el 2,4% en el mes, la tasa más elevada de este indicador desde octubre de 2012 y con tendencia al alza porque el dato de enero todavía no refleja el posible impacto de la subida del salario mínimo, mientras que los analistas más optimistas alargan este crecimiento al menos durante seis meses más, y eso suponiendo que el conflicto entre Rusia y Ucrania no derive en peores escenarios.
Pero lo peor puede estar aún por llegar. Los expertos estiman que los precios de la electricidad volverán a repuntar en enero, que los precios del petróleo están superando todas las previsiones, los cuellos de botella en la cadena global de suministros persisten y los sindicatos están empezando a disparar sus reivindicaciones salariales en la negociación colectiva, en contra de lo que aconseja la lógica económica y de las recomendaciones de todos los organismos internacionales.
Un escenario en el que lo más preocupante son las derivadas que se están planificando a nivel europeo para intentar contener esta escalada y que, además del control de los salarios, apuntan a una subida de los tipos de interés, gradual sí, pero subida, en línea con lo que están haciendo ya la Reserva Federal norteamericana y el Banco de Inglaterra, lo que en el caso de España con una deuda superior al 120% del PIB obligará a desviar partidas presupuestarias al pago de los intereses, además de dificultar seriamente su acceso a los mercados financieros con el agravante de que el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado su intención de reducir las compras de deuda de los estados miembros a partir de marzo próximo.
A ello se une el más que probable cierre del grifo del crédito, además de una caída generalizada de las Bolsas y un recorte de las ayudas europeas por el Covid con el consiguiente retraso en la recuperación y el empobrecimiento general que puede llegar a ser dramático para muchas empresas y familias si el ejecutivo socialcomunista insiste en su política de subida de impuestos y de derroche del gasto en ministerios innecesarios con ministros incompetentes y el pagar los favores recibidos en forma de miles de asesores y altos cargos prescindibles.
Y mientras esto pasa en la economía real, el Gobierno y el Partido Popular jugando a cordones sanitarios, dando espectáculos bochornosos en el Parlamento y con la sociedad civil anestesiada. Así nos va.
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