En el entorno geopolítico actual, no hay muchas cosas en las que los gobiernos del mundo estén de acuerdo. Pero poner freno a las megatecnológicas se está convirtiendo en una de las pocas ideas en las que todos pueden coincidir. En China, en la Unión Europea o en Estados Unidos, las autoridades están usando las leyes de defensa de la competencia para poner límites al abuso de poder de mercado y promover economías más justas y competitivas. Es probable que la búsqueda de un nuevo acuerdo entre los mercados y el Estado se intensifique durante el próximo año. El esfuerzo se centrará en la legislación antimonopolio, y su blanco principal serán las grandes empresas tecnológicas.
Detrás de estos hechos opera el temor compartido a que las megatecnológicas hayan adquirido un poder excesivo. Estas empresas llevan años enfrentando acusaciones de dar preferencia a sus propios productos en los mercados virtuales en los que operan, abusar del acceso privilegiado a datos de los consumidores para obtener ventajas competitivas y asfixiar la competencia comprando cualquier empresa que pueda amenazar su posición de mercado. Estas prácticas dejan pocas opciones a los consumidores, que se han vuelto dependientes de los productos y servicios de un puñado de empresas.
La UE está hace tiempo a la vanguardia de una respuesta a estos problemas, mediante la aplicación de sus leyes de defensa de la competencia con el objetivo de redistribuir el poder de mercado y mejorar el bienestar de los consumidores. Sólo contra Google, llevó adelante en la década pasada tres investigaciones por abuso de posición dominante, que se saldaron con multas por casi diez mil millones de dólares. Ahora la Comisión Europea está investigando las prácticas de recolección de datos y el uso de tecnología publicitaria por parte de Google, la tienda de aplicaciones y los sistemas de pago móvil de Apple, el modelo de recolección de datos y publicidad digital de Facebook y el funcionamiento del mercado digital de Amazon. Y los reguladores europeos van por más.
En 2020, la Comisión Europea propuso la Ley de Mercados Digitales, con el objetivo de dar a la UE nuevos poderes para regular a las megatecnológicas y otros «guardianes de acceso» que conectan a empresas y usuarios finales. La LMD surge de reconocer que la legislación antimonopólica actual no ha sido suficiente para aumentar la competitividad de los mercados digitales. La nueva ley daría a la UE poder para prohibir una serie de prácticas de los «guardianes», por ejemplo el favoritismo hacia sus productos o el uso de datos de sus competidores. Es probable que la ley se apruebe en 2022, y desde ese momento tendrá impacto mundial. En virtud de un fenómeno llamado «efecto Bruselas», es común que las grandes empresas multinacionales apliquen la normativa de la UE a sus operaciones en todo el mundo. De modo que las tecnológicas ya se preparan para sentir el impacto.
Hasta hace poco, Estados Unidos se mantuvo al margen mientras la UE empleaba sus leyes de defensa de la competencia contra grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Los tecnolibertarios atribuyen las acciones de la UE a un proteccionismo continental movido por la envidia, pero los legisladores y organismos de fiscalización estadounidenses están empezando a darse cuenta de los excesos de la industria, y dudan cada vez más de que el mercado irrestricto esté produciendo resultados deseables.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos citó en varias ocasiones a directivos de las megatecnológicas a dar testimonio en audiencias sobre sus prácticas anticompetitivas. En 2020, la subcomisión de la Cámara para la legislación antimonopólica, comercial y administrativa publicó un exhaustivo informe sobre la competencia en los mercados digitales, y pidió una revitalización de la legislación estadounidense de defensa de la competencia. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio también se están involucrando; el primero cuestionó las prácticas monopólicas de Google y la segunda demandó a Facebook por el empleo de acciones ilegales contra la competencia. El presidente estadounidense Joe Biden apoya decididamente estos cambios, y ha designado en altos puestos del ejecutivo a figuras críticas de la industria cuyas posturas antimonopólicas son bien conocidas. En julio de 2021, la administración Biden aprobó una ambiciosa orden ejecutiva con el objetivo de promover la competencia en la economía estadounidense, y afirmó su determinación de luchar contra el uso de prácticas monopólicas en la industria de las plataformas de Internet.
En China también se está dando un cambio trascendental en relación con las tecnológicas. El Partido Comunista de China venía manteniendo una actitud no intervencionista hacia las empresas chinas del sector, con la intención de fomentar el crecimiento y promover el dominio tecnológico de China. A cambio de la laxitud regulatoria, las principales empresas se sometieron voluntariamente a las demandas del gobierno, entre ellas la de facilitar la censura electrónica impuesta por el PCCh. Pero la atención del gobierno ahora está puesta en las disparidades sociales y en la distribución desigual de la riqueza. Y la dirigencia del PCCh, temerosa de que las megatecnológicas chinas se estén volviendo más poderosas que el Estado, consideró necesario recordar a los empresarios quién manda.
Fue así que en abril de 2021, las autoridades chinas impusieron al gigante del comercio electrónico Alibaba una multa de 2800 millones de dólares por impedir a los comerciantes la venta de productos en plataformas rivales. También multaron al conglomerado tecnológico Tencent, le ordenaron renunciar a sus acuerdos de exclusividad con sellos de música internacionales y bloquearon el intento de la empresa de comprar los dos principales sitios chinos de streaming de videojuegos, Huya y DouYu. Además de estas medidas, el gobierno elaboró nuevas reglas de defensa de la competencia que apuntan a las empresas de Internet.
Qué sucederá a continuación es más fácil de predecir en la UE que en Estados Unidos y China. En Europa, después de la probable aprobación de la LMD en 2022, la Comisión tendrá vía libre para seguir adelante con sus numerosas investigaciones antimonopólicas (siempre que no haya algún revés importante en los tribunales europeos, que en el transcurso del año entrante deberían resolver los recursos de apelación que presentó Google contra la Comisión).
La gran incógnita es hasta qué punto los organismos regulatorios de Estados Unidos podrán persuadir a los tribunales estadounidenses de sumarse a una revolución antimonopólica. El año pasado fue una demostración de que no será fácil convencer a los tribunales estadounidenses de tendencia conservadora de que Facebook y Apple son monopolios. También hay que ver si un Congreso estadounidense profundamente dividido podrá apelar al malestar compartido contra las megatecnológicas y aprobar leyes significativas.
Irónicamente, la campaña regulatoria china puede allanar el camino para una reforma antimonopólica en Estados Unidos, ya que dejará a las empresas estadounidenses sin el argumento de que diluir su poder las debilitaría frente a sus rivales chinas. Aquí la cuestión no es lo que el PCCh pueda hacer, sino hasta dónde está dispuesto a llegar. China necesita una industria tecnológica próspera si quiere convertirse en la superpotencia tecnológica global; pero el gobierno necesita armonía social incluso más que eso. Todo indica que el Partido está decidido a asegurar que los frutos del éxito de las tecnológicas chinas se repartan mejor, en nombre de la «prosperidad compartida». Hallar este equilibrio será la tarea central de los reguladores chinos, no sólo en el año entrante, sino en el transcurso de la década.
A pesar de ciertas incertidumbres, está claro que la nueva acometida regulatoria es señal de un consenso internacional emergente. Además de la UE, Estados Unidos y China, otras grandes economías como Australia, Corea del Sur, la India, Japón, el Reino Unido y Rusia, están tomando medidas de control de la industria tecnológica.
En este entorno, las megatecnológicas tendrán que elegir bien sus batallas y andar con pies de plomo. Se avecina una larga confrontación entre las empresas y el Estado, con amplias consecuencias para todas las sociedades y sin final a la vista.
