Es condición humana y factor de sostenibilidad sociológica que, en cualquier actividad, busquemos certezas. Más si cabe en la actividad económica, donde cualquier iniciativa ha de ponderar adecuadamente las posibilidades que se ofrecen y determinar la intensidad de las eventuales amenazas. Si la incertidumbre es mundial, producto de una crisis bélica o de una crisis sanitaria como es el caso, el "horror vacui" es más profundo. Ante una situación perdurable como la que vivimos, la primera pretensión es partir de un diagnóstico cierto de la realidad. La descripción veraz de la realidad no es alarmismo, porque lo que más alarma puede causar es la negación o la simplificación de la realidad misma.
La primera causa de incertidumbre es la misma forma de gestionar la incertidumbre que lleva a cabo el Gobierno de Sánchez. Para ello, hay que distinguir tres parámetros de acción política: diagnóstico, reacción y propaganda política. Desde el punto de vista del diagnóstico, es evidente que la proliferación constante de nuevas noticias sobre la mutación del virus merma la posibilidad de una prognosis atinada. Ahora bien, la sensación sociológica es que dieciocho meses después, parece que no hemos aprendido nada. Si ya advertí en su momento que la crisis sanitaria se había abordado como se abordaban las pestes en el siglo XIII, casi dos años después volvemos de nuevo al Medievo. Sin respuesta, con amenaza de confinamiento bajo estado de excepción. Por lo que se refiere a la reacción, es notoria la inacción, producto de una parálisis intelectual muy preocupante y que no mitiga la insubstancialidad de la aprobación de algunas normas a través de Decretos Leyes que vienen a impugnar no la pandemia, sino la esencia misma de los fundamentos del Estado liberal. Y, por último, la propagada política trata de edulcorar torpemente la magnitud de la crisis sanitaria y económica.
La ego-oposición o la intro-oposición, si se me permiten las expresiones que he acuñado en el Congreso. Como una paradoja colosal, la principal incertidumbre parte de la dualidad aparente del mismo Gobierno de Sánchez. Es el "dilema de la tanqueta". Cuando un Gobierno se diluye entre dos facciones aparentemente enfrentadas, entre el moderantismo tecnócrata de Calviño y la pulsión pseudocomunista de Díaz o el tremendismo populista de Belarra, la incertidumbre crece. Pero la incertidumbre se hace crónica cuando se percibe cada vez con mayor fuerza que el ala aparentemente más moderada del Gobierno claudica ante las presiones de la izquierda radical. Y todo ello el objetivo de hacer posible el viejo dogma socialista y comunista de que el Gobierno equivale al Estado, y, en segundo lugar, hacer del Estado a través esencialmente del presupuesto un aparato de control de voluntades individuales. En definitiva, el Gobierno aspira a convertir a los ciudadanos nuevamente en súbditos, pero de su propia autarquía como partidos en el Gobierno. Y no solamente a través de los presupuestos, sino también a través de un conjunto de leyes que impugnan radicalmente el sentir mismo de la libertad individual y la propiedad privada. De ese modo, la incertidumbre se hace estructural.
Quizá la manifestación más palmaria de disociación entre política y realidad haya sido el mantenimiento de las proyecciones del cuadro macroeconómico que sitúa el crecimiento en el 7.0% para 2022 frente al 5.9% que espera Banco de España (pendiente de revisión) o el 5.7% de la media del consenso del panel de Funcas para seguir con su relato paralelo de "recuperación justa".
Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que Nadia Calviño se ha negado a cambiar el cuadro macro? Es una razón subrepticia y es que aspira a cumplir los objetivos fiscales a costa del bienestar de los españoles, por el impacto en la economía de otro factor de incertidumbre como es la inflación. En los presupuestos para 2022, el Gobierno incluye un crecimiento real del 7.0% y un deflactor del PIB del 1.2%; esto es, un crecimiento nominal del 8.2%. A su vez, las estimaciones apuntan a un crecimiento real del 5.7% y un deflactor que estará en media en 2.6% (FUNCAS); esto es, un crecimiento nominal del 8.3%. En consecuencia, si la situación de precios actual se mantiene, o se intensifica por efectos de segunda ronda (indexación de partidas de gasto público, repercusión de incremento de costes en otros bienes y servicios), acabaremos con un menor crecimiento real, como ha sucedido en 2021, pero una mayor inflación, por lo que el crecimiento nominal seguirá en niveles próximos al 8.0%. Por otro lado, sólo las compras masivas por parte del Banco Central Europeo han permitido mantener bajos los tipos de interés, pero un entorno con presiones inflacionistas puede acelerar el tapering y poner el foco nuevamente en la elevada deuda pública. Otra incertidumbre más a la cesta de incertidumbres de la economía española.
Y la última incertidumbre es la derivada de la inejecutabilidad de los fondos de recuperación. De los ERTES a los PERTES. Desde el fracaso de la planificación de los PERTES como proyectos-país diluidos ya en una raquítica propaganda hasta la incapacidad de gestión de las Comunidades Autónomas, víctimas de libramientos de fondos tardíos por el Estado y de las rigideces estructurales de las normas de derecho público, todo es incertidumbre.
"La necesidad de contar con una estrategia fiscal a medio plazo para reconducir la deuda hacia un nivel de deuda pública más prudente que reduzca la actual vulnerabilidad de la economía española, tal y como ha recomendado la institución en numerosas ocasiones." La institución no es la oposición, que también piensa lo mismo. Es la AIREF o el propio Banco de España los que concluyen que sólo con una estrategia definida de consolidación fiscal se puede reducir la vulnerabilidad, que es tanto como reducir la incertidumbre en este año que hemos vivido peligrosamente.
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