Un profesor e ingeniero de Caminos llamado Víctor Gómez Frías se preguntaba no hace mucho:
"¿Imaginan un avión donde el piloto se eligiera entre los pasajeros de clase preferente? ¿Un Ministerio donde el responsable de la cartera emanara del sufragio entre los funcionarios?"
Pues bien, un concepto dudoso llamado autonomía universitaria ha llevado a que todas universidades públicas españolas elijan rector entre sus catedráticos y por sufragio ponderado de la comunidad universitaria. Así, la elección prioriza la protección de intereses internos, no del conjunto de la sociedad. Además, sólo se puede elegir entre quienes han progresado en su carrera profesional por méritos docentes o científicos, cuando el puesto de rector requeriría privilegiar las competencias de gestión, negociación, representación y liderazgo.
"¿Se imaginan –continúa Gómez Frías- una ley determinara cómo deben estructurarse internamente todas las empresas de un mismo sector? ¿Una organización donde no solo su máximo representante sino todos los que encabezaran departamentos intermedios se eligieran por y entre sus miembros?"
Por otro lado, son los departamentos los que cooptan a los nuevos profesores y también se les atribuye competencia para decidir el reparto entre sus miembros de las asignaturas y otras funciones académicas.
Es frecuente que a múltiples niveles (entre profesores, entre departamentos, entre instancias más altas y más bajas) los conflictos y las decisiones se enquisten en el tiempo ante la ausencia de una autoridad efectiva para arbitrar y la dificultad para alinear tantos niveles independientes que responden a cuerpos electorales diversos.
El resultado de toda esta endogamia es que la mayoría los profesores ha permanecido en el mismo centro en el que realizó sus estudios, tanto iniciales como de doctorado. Esta cuestión se refuerza por la citada limitación para elegir cargos solo entre los profesores de la propia universidad. Y ello provoca que entre los electos para responsabilidades internas la endogamia sea aún mayor.
Una vez "dentro", el sistema tiende a protegerlo, sacándole "su plaza" fija por un criterio casi estrictamente de antigüedad, donde con frecuencia no tendrá que competir con nadie. Ya se sabe: "Lo primero y principal, es tener un buen tribunal; lo segundo e importante, es no tener contrincante".
Todos estos defectos se retroalimentan y generan escaso dinamismo, miedo a la toma de decisiones y desconexión de la sociedad.
¿Tienen arreglo estos nudos gordianos? Claro que sí, pero desde luego no está en la nueva Ley de Universidades que quiere la igualdad de género y otros ataques contra el mérito y la capacidad que defiende nuestra Constitución.
Se hace cada vez más urgente construir puentes entre el empresariado y la Universidad, de suerte que ésta responda a las demandas de formación y especialidades que el país vaya necesitando. De esta forma, la rigidez actual iría desapareciendo y la agilidad y la flexibilidad crecerían, y, como resultado, la empleabilidad de los egresados también aumentaría. Cosa esta última que falla estrepitosamente en la actual Universidad española, que además de endogámica es ineficiente.
Pero no parece que la Ley de Universidades que anuncia el Gobierno pretenda abordar los verdaderos problemas que –desde luego- nunca arreglará la "cuota de género".
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