Madrid
El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobado este martes, 31 de agosto, en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación. La Ley de Universidades de Castells pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, tomando como máximo un 20% de temporalidad en los contratos de los docentes universitarios.
Tras 70 reuniones con órganos colegiados y agentes sociales, la nueva Ley forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea "gradual".
Uno de los principales vectores de acción del Ministerio de Universidades en la actual legislatura ha sido la búsqueda permanente de la calidad del sistema universitario, estableciendo criterios de calidad para la creación y reconocimiento de universidades, según expone en el Ministerio en el comunicado en el que presenta esta ley.
Esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.
Precariedad
El ministerio de Universidades plantea esta reforma gradual y progresiva como un cambio estructural. Con el objetivo de acabar con la "situación estructural de precariedad" en las universidades, se establecen tres niveles de progresión en la carrera académica (incorporación, consolidación y promoción), se reduce la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la antigua Ley (LOU) al 20% en la actual, y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.
Asimismo, se establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesorado asociado con título de Doctor y con una relación contractual previa mínima de 5 años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.
También se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor, destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de 5 cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de Doctor y se introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.
La norma impulsa también los doctorados industriales, la formación permanente a lo largo de la vida, así como el reconocimiento y las pasarelas con los estudios de Formación Profesional Superior para "ayudar desde las universidades a nuestra sociedad y economía en la búsqueda de un empleo estable y de calidad".
15% de plazas para investigadores
Las universidades dedicarán, al menos, un 5% de su presupuesto en investigación. Los investigadores tendrán aseguradas al menos un 15%de entre las plazas permanentes para investigadores. La ley quiere promocionar el liderazgo de los jóvenes investigadores e impulsar la transferencia de conocimiento. Los estudiantes universitarios denuncian que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, y que vendrá a derogar la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en vigor desde 2001, "supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades, así como en los derechos estudiantiles".
Los estudiantes universitarios denuncian que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, y que vendrá a derogar la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en vigor desde 2001, "supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades, así como en los derechos estudiantiles".
Los estudiantes, en contra de Castells
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) rechaza que la Ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años, pues considera que "perjudicaría gravemente la democracia interna de las universidades".
Además, rechaza la fórmula establecida para este nuevo sistema de elección a rector, en el que dicho órgano estará formado por entre 20 y 30 miembros, de los cuales el 50% corresponderá a Personal Docente e Investigador (PDI) de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PAS), y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio, lo que supondrá una "devaluación del voto de los estudiantes".
