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La calidad de la nueva Ley de Universidades, en entredicho

  • La CNMC critica los requisitos que establece el Real Decreto
  • La nueva norma pone en peligro la especialización de los centros privados
El ministro de Universidades, Manuel Castells. Imagen: Pool.
Madrid

La Universidad debe ser pionera no solo en los cambios científicos y tecnológicos, sino también en áreas sociales, económicas y culturales capaz de enfrentarse al nuevo modelo de cátedra del siglo XX.

Está claro que una ley que cuenta con 20 años de antigüedad y cuya última modificación data de hace 14 años, no puede ser el marco normativo que responda a los desafíos de la Universidad en España. Es obsoleta y hay que cambiarla, como se ha hecho, pero ¿dibuja esta nueva ley los objetivos y las funciones del sistema universitario español para ser medianamente competitivos en Europa?

Una vez aprobado el Real Decreto, a finales del pasado julio, en el que se establecen las nuevas bases que garantizan que las universidades, ya sean públicas o privadas y de modalidad presencial, virtual o híbrida, tengan que adaptarse a los requerimientos de calidad establecidos para todo el sistema universitario, el Gobierno confía en tener la nueva Ley de universidades (LOSU) en el segundo trimestre de 2023.

La CNMC critica los requisitos de "calidad" del Real Decreto

Una iniciativa que introduce cambios importantes en cuanto a los requisitos para crear y reconocer a una Universidad, tanto en el ámbito docente como en el investigador, y que han sido cuestionados por expertos. De hecho, entre los cambios legislativos más importantes destaca el que las universidades deban disponer de una oferta académica mínima de diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado, donde deberán estar representadas, como mínimo, tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura), y donde la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) ya puntualizó que "la necesidad de ofrecer titulaciones en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento no está vinculada con una mayor calidad de servicio universitario". Además "estos requisitos pueden reducir la capacidad de especialización de los centros universitarios y su capacidad de aprovechamiento de economías de escala en determinados casos".

Peligra la especialización

De igual forma, este RD pone en peligro a los centros privados y los condena prácticamente al cierre, ya que estos requisitos son difíciles de cumplir, especialmente en lo que al número de oferta de títulos se refiere. Una situación que castiga también a las universidades privadas especializadas en determinadas materias, que no tienen cabida en el nuevo proyecto del ministro de Universidades, Manuel Castells. De hecho, según el Observatorio de Sistema Universitario (OSU), en su informe titulado ¿A qué puede llamarse universidad? deja de manifiesto que la mayoría de las privadas no tienen suficientes titulaciones y programas de doctorado que cumplan las exigencias del ministro.

Asimismo, muchos centros públicos tampoco cumplen con las exigencias del RD por la alta temporalidad entre sus plantillas de profesores -la media de contratos temporales en España está en un 46%, mientras que la norma marca un tope del 40%. En conjunto, España cuenta con una tasa de temporalidad 9,9 puntos superior a la media europea, mientras que la tasa de temporalidad en Europa se sitúa en el 13,5%, el territorio español cuenta con la tasa más alta, 24,3%.

En cuanto a los requisitos vigentes, según el Observatorio, si obviamos los que se refieren a infraestructuras, los requisitos actualmente en vigor se limitan a cinco. Uno exige una oferta docente mínima (que todas las universidades cumplen) y los otros cuatro se refieren a la plantilla docente, y exigen una ratio mínima entre profesorado y estudiantado, así como unos porcentajes mínimos de Personal docente investigador (PDI) doctor, a tiempo completo y permanente (que no se aplica a universidades privadas) y que solo 18 universidades del total de 81 los cumplen.

Si tenemos en cuenta también los centros adscritos, el cumplimiento se desploma aún más, pues las universidades cumplidoras se reducirían a 10 (8 públicas y dos privadas). Por lo que, primeramente, lo necesario sería implantar un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

Los nuevos requisitos, un imposible para las privadas

El nuevo RD incrementa los requisitos sobre la oferta docente, que pasan de uno a seis, y añade un nuevo conjunto de cinco requisitos sobre la actividad investigadora. En cuanto a los requisitos sobre la plantilla de PDI, un nuevo requisito se extiende a las universidades privadas, haciéndoles una nueva zancadilla que les haría quedar fuera del marco establecido por la nueva ley si entrara en vigor, ya que solo 12 universidades de las 81 cumplirían los requisitos, todas ellas de carácter público. Además, si se añaden también los requisitos para los centros adscritos, las 12 universidades cumplidoras se reducen solamente a 4.

La nueva norma, que refuerza el papel de las Comunidades Autónomas en la gestión de los requisitos que deben cumplir los centros, también es cuestionado por la CNMC que recomienda "mejores sistemas de medición y transparencia sobre el desempeño". Así como valorar "si es adecuada la participación del Consejo de Universidades en dicho proceso".

No obstante, según destaca el texto final publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE): Las universidades y centros universitarios que, en el momento de entrada en vigor de este real decreto cuenten con su respectiva autorización, dispondrán de hasta cinco años desde dicha entrada en vigor -un tiempo que las universidades catalogan de "insuficiente"- para que puedan adaptarse a los requisitos docentes, de investigación, de personal docente e investigador, de PAS y de instalaciones establecidos.

Así pues, con la nueva Ley de Universidades en camino, los expertos reclaman mayor libertad legislativa que le permita a las instituciones competir desde una identidad propia, vertebrada desde el consenso y con visión de futuro, en cuanto a una cuestión de Estado, como es la Educación, se refiere.

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