El sector energético español cierra una de las semanas más convulsas de su historia, provocada por la intervención por decreto que el Gobierno impulsará en los beneficios derivados de la generación mediante fuentes libres de CO2.
El incendio alcanzó tal magnitud que el propio Ejecutivo tuvo que reaccionar el jueves ante la amenaza de una masiva paralización de proyectos en el sector de las renovables. Por ello, Transición Ecológica aseguró que incluirá una "aclaración" en el decreto-ley, que ya está en vigor, para mitigar su impacto en los PPA, los acuerdos bilaterales entre los desarrolladores renovables y los compradores de esa energía. No obstante, sería ingenuo pensar que Moncloa ha acabado así con todas las incertidumbres, surgidas en múltiples frentes, que ha creado. La mejor prueba de la inquietud alimentada en el mercado es el castigo ya infligido en bolsa a las principales eléctricas (con la excepción de Naturgy, por la situación excepcional que crea la opa de IFM). El impacto en su resultado bruto de la futura confiscación de beneficios se estima en 2.300 millones. Esa cifra ya se ha quedado pequeña ante una pérdida de capitalización tres veces mayor en la bolsa. Y las alarmas no sólo han saltado en el mercado de renta variable. Desde Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ya avisa de que vigilará las medidas anunciadas por el Gobierno.
El castigo infligido a las eléctricas en bolsa evidencia hasta qué punto la seguridad jurídica ha quedado en entredicho
No en vano el castigo impuesto a las eléctricas españolas las perjudica respecto a sus rivales europeas y puede suponer un ruptura del mercado único energético. La precipitada y unilateral reforma energética de Moncloa apenas dio sus primeros pasos, pero ya logró quebrar la seguridad jurídica y sembrar la desconfianza entre inversores y autoridades.
