Los analistas empiezan a poner cifras al impacto que tendrá el polémico plan de choque para abaratar la luz que el Gobierno anunció esta semana. No en vano el propósito de intervenir los beneficios de las eléctricas españolas, alegando que deben renunciar temporalmente a los supuestos sobreingresos derivados de los altos precios del gas en el mercado mayorista, ha generado un terremoto en el sector.
Es una reacción coherente con el destacado impacto económico que esa confiscación tendrá sobre las expectativas de beneficios anuales de las eléctricas, ya inferiores a las propias de sus homólogas europeas antes de que esta nueva crisis se desencadenara. La reducción del resultado bruto de explotación (ebitda) discurrirá entre la reducción del 5% que tendría que afrontar Iberdrola tanto este año como el siguiente, hasta la mengua del 12,5% que correspondería a Endesa en el ejercicio actual y en el próximo. Se trata de un muy grave perjuicio a unas empresas que en ningún momento dejaron de respetar las reglas del libre mercado o la normativa de funcionamiento del pool mayorista eléctrico que dicta la UE. Pero todavía más grave es el daño sobre la certidumbre, en un ámbito de tanta importancia, que el Gobierno está dispuesto a impulsar. Este fenómeno es más difícil de cuantificar, pero los principales analistas dejan claro que el terreno está abonado para "un deterioro estructural de la confianza de los inversores".
Los analistas ya advierten del "deterioro estructural" de la confianza que el intervencionismo en el sector provocará
En nada mejorará la situación el encuentro con las eléctricas afectadas que la vicepresidenta Ribera planea, para convencerlas de "la necesidad de que todos aporten" para solucionar el problema del alto precio de la luz. El cambio, unilateral y por decreto, vuelve a alimentar la inseguridad jurídica en el sector energético.
