Opinión

Una nueva y necesaria ley de Formación Profesional

Análisis de la necesaria nueva regulación de FP

La aprobación, en el último Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley de Formacion Profesional es un intento más de solucionar una serie de problemas clave para nuestra economía. En primer lugar el desempleo, recordemos que estamos en unos de los países con una mayor tasa de desempleo; además la falta de profesionales preparados para cubrir un gran número de ofertas de empleo; en tercer lugar, el insuficiente reconocimiento de la capacidad y habilidades laborales que permiten una movilidad del trabajador con experiencia pero sin titulación que lo acredite; y por último la readaptación de profesionales a ámbitos y sectores con mayores y mejores expectativas de empleo y sueldo.

En España seguimos teniendo un reto que aún no ha obtenido respuesta y resultado satisfactorio: el impulso, la ponderación y una gestión eficaz de la formación profesional.

Con este hándicap nos movemos; existe un importante desajuste entre personas sobrecualificadas y personas carentes de la cualificación necesaria que la economía exige y además en nuestro país es claramente insuficiente el número de profesionales con una cualificación intermedia (dice el Anteproyecto que en 2025 el 49% de los puestos de trabajo requerirán una cualificación intermedia).

La presentación de este Anteproyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional es una buena iniciativa y en un momento idóneo, pues si la formación profesional se uniera a la necesaria reindustrialización y hubiera un mayor apoyo a la empresa y una mejor adaptación al entorno económico nuestra recuperación sería posible.

Pero este "poderoso instrumento para la modernización y transformación del modelo productivo", así lo denomina el texto del Anteproyecto, tiene que tener unos pilares firmes y una actuación y adecuación valiente, consecuente y uniforme entre todas las Administraciones.

La idea de que la formación profesional ha de ser dual es sin duda acertada y probada en otros países en los que el sistema de formación profesional es ejemplar. Pero, para que esta fórmula de formación y práctica funcione, se requiere flexibilidad y coordinación ordenada entre la Administración pública y la empresa. Se cita en numerosas ocasiones la palabra "flexibilidad" en el Anteproyecto, pero esta flexibilidad ha de ser real, para lo que es absolutamente imprescindible oír y conocer cuáles son las necesidades y las posibilidades de una implementación óptima de este sistema en las organizaciones empresariales.

El Anteproyecto pretende una auténtica transformación del sistema de formación profesional y establece o, al menos, se refiere a un "sistema único de formación profesional". Hasta ahora, como creo que es conocido aunque quizá de manera insuficiente, en España coexistían dos sistemas de formación profesional: el que se encuadra, como formación profesional reglada, organizada y regulada desde el ámbito educativo y, en segundo lugar, la formación profesional para el empleo con su específica titulación de los certificados de profesionalidad. Esta unificación parece que también es complicada, dos sectores tan diferentes como educación y empleo regulan y ordenan de manera distinta el sistema. Por ello, la nueva regulación acoge el sistema modular de la formación profesional para el empleo y espero que también su mayor flexibilidad y por otra parte parece que, como se hace ya en educación, resulta más natural el tránsito a otras titulaciones universitarias como un itinerario formativo accesible.

Para esta unificación la ley ordena un sistema de formación con un catálogo nacional de estándares de competencia profesionales (hasta ahora el catálogo nacional de cualificaciones profesionales) con familias profesionales y niveles en función de la complejidad de la formación. A lo que se añade un nuevo registro estatal de formación profesional.

Es importante destacar que se establece un catálogo de ofertas de formación profesional que incluye todas aquellas ofertas de formación que puedan cursarse en nuestro país.

Esto será bueno para ponderar estas actividades formativas y se requiere que se dé a conocer de manera exhaustiva para su mayor impulso; y además que esta información lleve anudada las posibilidades de empleo e incluso los ratios de salarios entre los que se mueven.

Se establece un sistema de grados de formación profesional A, B, C, D y E que va desde los cursos cortos o microformaciones hasta los títulos y cursos de especialización hablando incluso de una titulación "Master profesional" que se obtendrá superando el curso de especialización de formación profesional.

En cuanto a los centros cuya ordenación y regulación corresponde a las comunidades autónomas se crean los centros de especialización por sectores, se abre la posibilidad de centros extranjeros que podrán impartir formación profesional en España y se promueve una red de centros de excelencia de formación profesional que esperemos que no anule el magnífico trabajo de los Centros de Referencia Nacional.

En cuanto al profesorado habrá formadores de la formación profesional para el empleo y docentes del sistema educativo de profesorado. Aquí no entendemos dónde está la unificación. Se crea un nuevo cuerpo de profesores especialistas de sectores singulares de la formación profesional.

Se crea asimismo la posibilidad de una doble titulación internacional obteniendo simultáneamente el título en dos países. Pero se mantiene la titulación de grado en formación profesional y el certificado profesional para el ámbito de la Formación para el empleo.

La regulación de la acreditación de la experiencia profesional sigue una importante modificación estableciendo un procedimiento único y abierto de manera permanente y referido a cualquier competencia dejando así de depender de convocatorias de las distintas administraciones.

En definitiva, esperemos que esta nueva normativa facilite y no añada trabas al sistema.

Para un buen comienzo de esta nueva etapa se ha de hacer una rigurosa prospección del mercado identificando las necesidades de cualificación atendiendo a las indicaciones de los futuros empleadores. Y se ha de facilitar el acceso y la información sobre esta formación tan útil y necesaria. Espero que este sistema calificado de único, dual, modular, flexible y adaptado a las necesidades laborales responda a las exigencias y requerimientos de nuestra economía y sirva para su impulso y para la capacitación para el empleo de los trabajadores que se incorporen al mundo laboral así como para los que necesiten una readaptación y reciclaje para un mejor currículo profesional. Sin olvidar la obligación de aprovechar la oportunidad que supone la inversión en Formación Profesional de los fondos europeos.

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Muy interesante artículo que aborda el trillado tema de la Formación Profesional. Hemos visto recientemente como desde el Ministerio de Hacienda se prohíben los pagos en efectivo de más de 1000 euros, o como desde el Ministerio del Paro, que eufemísticamente se llama de Trabajo, se pretende que las empresas hagan fijos por Decreto Ley a todos sus trabajadores, sin considerar que lamentablemente las empresas son entes vivos que nacen, crecen y pueden morir. La idea subyacente a esta medida, que si amenazamos a las Pymes con una mayor indemnización por despido no les quedará más remedio que hacerlos fijos, al igual que la anterior de Hacienda, nos están indicando que desde la administración socialista comunista de Pedro Sánchez se desconoce por completo lo que es una Pyme, sus necesidades, y el papel crucial que juega en nuestra sociedad. Hasta la articulista, Navarro Álvarez, habla de emprendimiento, ya que en nuestro país tras intensas campañas llevadas a cabo durante muchos años por los sindicatos, se ha llegado a conseguir que la palabra empresario sea considerada un término peyorativo. Por tanto, en España, la mejor y más cómoda forma de vida es hacerse funcionario, del tipo que sea, de modo que la titulitis es una enfermedad crónica de nuestro sistema educativo, ya que para presentarse a una oposición se necesitan títulos, y cuantos más, mejor. A partir de ahí, hay un profundo desconocimiento de los que es una Pyme y sus necesidades. Hay que ver simplemente el hermoso calendario de Hacienda para las Pymes, con declaraciones de IVA trimestrales y anuales que obligan a contrastar trimestralmente las facturas entre las empresas, las cuenta anuales y su presentación en el Registro Mercantil para una mejor fiscalización, el barullo legislativo de todo tipo al que se ven continuamente sometidas las Pymes, entiéndase OCAS por parte de muchísimos organismos como sanidad, trabajo, industria, protección de datos, conciliación familiar, estadística, etc., hacen que sea una opción de las menos atractivas para los jóvenes. Baste con saber que en nuestro raquítico tejido empresarial, el 55,7%, es decir 1.601.769 empresas, no tienen ningún asalariado, ya que realmente es un tostón tenerlos. Cuando esos jóvenes que acaben la FP y se vean en la necesidad de crear una Pyme, debido a que nadie los va a contratar, se van a enterar de que va el asunto, y como se les deprecia desde ese mismo momento y son blanco continúo de todas las administraciones del estado a todos los niveles. La FP debe ir acompañada de una cambio profundo en la concepción que de las Pymes tiene el estado, algo difícil de conseguir, ya que sus funcionarios son personas que cuentan con un puesto fijo en propiedad de por vida y, por tanto, con una mentalidad opuesta desde su misma naturaleza a la del emprendedor que necesita una Pyme. Recordemos la máxima que dice: todo gobierno que desprecia a sus empresarios está bocado a tener paro sin remedio, por muchos cambios que se quieran hacer en el sistema educativo. Se debería obligar a los funcionarios a pasar una temporada de prácticas en una Pyme, que se debería actualizar cada tres años, para que se enteren de una vez de lo que es una Pyme y, de ese modo, hagan leyes y se comporten de una manera más correcta en su trato con ellas, si no, la nueva y muy necesaria ley de FP será papel mojado.

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