Ningún demócrata negará la necesidad de controles, se trate de la separación de poderes, de los tribunales constitucionales, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, administraciones imparciales, órganos consultivos o cualquier otra institución diseñada para controlar los excesos del poder. Lo malo es que el Ejecutivo tiende a someterlos, y lo mismo se puede decir de los medios de comunicación.
La analista y abogada del Estado Elisa de la Nuez explicaba muy bien hace pocos días como esos mecanismos democráticos vienen siendo demolidos en Cataluña a manos de las élites destructoras creadas por el separatismo. En efecto, los catalanes están desprotegidos cuando reclaman sus derechos frente a las instituciones autonómicas en temas como la inmersión lingüística, el sectarismo de TV3, la falta de neutralidad de las universidades públicas y el clientelismo o de la falta de imparcialidad de las administraciones, sin que, al menos hasta ahora, hayan tenido mucho apoyo por parte de las instituciones estatales, que con la excusa de su falta de competencia o por consideraciones de tipo político tienden a inhibirse.
Cree de la Nuez que "convendría reconocer de una vez que la construcción nacional en Cataluña pasa necesariamente por el deterioro o incluso la desaparición del Estado democrático de derecho y la construcción de un sistema iliberal de corte clientelar en el cual el poder político no está sometido a ningún tipo de contrapesos y donde los gobernantes están por encima de la ley, tienen garantizada la impunidad y pueden otorgar prebendas de carácter público a su clientela".
Y mientras este deterioro continúa, el Gobierno de España no sólo indulta a los golpistas sino que prepara una mesa de diálogo fuera del Parlamento español. "No se aprobará nada fuera de la Constitución" ha dicho Pedro Sánchez, pero ¿quién le cree?
El ataque contra la Democracia española comenzó en Cataluña mucho antes de que se iniciara el procés, concretamente con ocasión del nefasto estatuto de Maragall y Zapatero. Durante aquel debate se dijo a propósito del Tribunal Constitucional: "¿Cómo puede ser que unos jueces, que carecen de la legitimidad democrática que solo da la elección popular, se opongan a un texto legal del máximo nivel autonómico, aprobado por las Cortes Generales y ratificado por el pueblo de Cataluña?". Esto no es una democracia, decían, sino el gobierno de una oligarquía, la de los jueces, es decir, lo más opuesto a una democracia.
Francesc de Carreras ha escrito a este propósito lo siguiente:
"Puede decirse que con estas ideas ninguno de aquellos que las proclamaban —políticos y periodistas— aprobarían el primer curso de Derecho, pues ignoraban lo que era una democracia constitucional y la división de poderes, además del principio de legalidad. Es decir, ignoraban —o quizá, más bien, les interesaba ignorar— todos estos principios básicos de un Estado de derecho. Pero la idea cundió entre mucha gente que no tenía por qué entender de esas cuestiones, a veces las ideas elementales y falsas son las que más éxito obtienen. Diez años después, la situación en Cataluña es la que es".
El profesor Carreras detecta algo evidente: una ofensiva, desde el Gobierno y sus socios, contra el Poder Judicial, principal contrapeso y principal garante de nuestros derechos como ciudadanos.
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