El reciente anuncio de la creación de una autoridad central europea contra el blanqueo de dinero, más que demostrar la voluntad de Bruselas de luchar contra el blanqueo de capitales, lo que demuestra es el fracaso hasta ahora de su empeño para terminar con el enorme problema de lavado de dinero dentro de las fronteras comunitarias. La primera directiva relativa a esta cuestión es de 1991 y desde entonces ya ha sido modificada en seis ocasiones.
La última directiva, conocida como 6AMLD, es precisamente la que ha impulsado la transposición y aprobación, por parte de las Cortes Generales, de la llamada Ley Antifraude el pasado mes de junio.
El problema es que, al tratarse de directivas, cada Estado miembro las transpone y adapta según sus intereses y, lejos de conseguir un marco jurídico armonizado, resulta que no todos las aplican con la misma contundencia, de modo que es posible saltarse su cumplimiento a través de la legislación del Estado más permisivo. Así, aquellos que quieren introducir y lavar capitales ilícitos en el mercado comunitario sólo tienen que hacerlo a través del país adecuado y luego podrán moverlo y utilizarlo en cualquier otro país de la Unión.
Por ello, la mayoría de Estados miembros, junto a la Autoridad Bancaria Europea, han dicho basta y proponen la creación de un organismo independiente que se dedique a combatir el principal problema del mercado común europeo: el dinero sucio. Este organismo supervisará directamente un conjunto de entidades financieras seleccionadas, las cuales operan en múltiples Estados miembros, y se dedican mayoritariamente a inversiones de capitales, intercambios de divisas, servicios de pagos, seguros y operaciones con monedas virtuales, actividades todas ellas susceptibles de dar cobertura al blanqueo de dinero.
Excepcionalmente, también podrá intervenir en aquellos casos en los que participen entidades no supervisadas directamente pero que la gravedad del delito financiero así lo requiera, sustituyendo al supervisor nacional. En sus manos tendrá el poder de investigar, denunciar y sancionar a aquellas entidades que realicen estas actividades fraudulentas, teniendo en cuenta a los clientes implicados los productos financieros utilizados y el número de países miembros afectados.
Una lucha coordinada
Además, esta nueva autoridad se encargará de ayudar y coordinar los órganos nacionales de lucha contra el fraude, favorecerá el intercambio de información y buscará su convergencia por la vía del trabajo colaborativo y la aplicación de un reglamento único.
Igual que el reciente acuerdo de la OCDE, de aplicar un tipo impositivo mínimo del Impuesto de sociedades a nivel mundial, necesita la aceptación del mayor número posible de países para que sea viable, la creación y funcionamiento de esta autoridad central europea requiere el acuerdo de todos los socios comunitarios para que sea efectiva. No obstante, y del mismo modo que en el citado acuerdo internacional, existen países que ya les va bien con las actuales reglas de juego, de modo que ya veremos cuando y con que atribuciones se acaba poniendo en marcha el nuevo organismo supervisor.
Y es que la Unión Europea tiene un talón de Aquiles, la necesaria unanimidad en la adopción de sus acuerdos en materia fiscal y financiera. Esta necesidad, junto a la negativa de los Estados a ceder soberanía en materia tributaria, han impedido hasta ahora la existencia de una política fiscal y de lucha contra el fraude común, que sería el principal pilar del resto de políticas y objetivos de la Unión. Mientras las cargas tributarias de los países europeos sean tan diferentes y eludir las obligaciones fiscales sea tan fácil, la Unión Europea no será realmente una unión, no al menos una unión de iguales.
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