Opinión

No a la OPA de IFM sobre Naturgy

El autor considera un grave error aceptar la opa parcial de IFM a Naturgy

La energía es un factor esencial para la economía de un país y contar con un suministro seguro y estable de ella es imprescindible para su crecimiento y para el bienestar de sus ciudadanos. Por añadidura, cualquier Estado que no cuenta bien con independencia energética bien con un mix de generación diversificado tiene siempre un elevado riesgo potencial. Esta situación se agrava en países, como España, que carecen de fuentes de energía autóctonas y que son de facto una isla en términos energéticos lo que es aún mas grave si se carece de potentes empresas nacionales con presencia en ese sector. Estos elementos son claves para analizar la OPA parcial lanzada por el fondo australiano IFM sobre Naturgy.

De entrada, la energética española es la única compañía de ese sector con una presencia importante de capital nacional en su accionariado, lo que constituye una garantía de que su desarrollo y estrategia están y estarán relacionados con los intereses de España. Por añadidura, Naturgy supone más de la mitad del mercado de gas español y es el tercer operador eléctrico del país. Si se tiene en cuenta que el gas constituye el back up del sistema energético, la garantía última de la seguridad del suministro de energía a las familias y a las empresas, su posición es indiscutiblemente estratégica. En reafirmación de esa tesis hay que señalar un elemento adicional. Naturgy es propietaria del 49% del gaseoducto con Argelia que aporta el 70% de esa fuente de energía a la economía nacional.

Desde esta perspectiva, la adquisición de IFM del 23% de Naturgy, ese es su objetivo declarado, se traduciría en la configuración de una mayoría del capital de esa compañía en manos de fondos de inversión ya que otros dos, GIP y CVC, poseen ya el 40% de las acciones. Esto supondría poner en manos de instituciones financieras guiadas por criterios de inversión a corto plazo y sin experiencia ni vocación empresarial de una compañía cuya estrategia de negocio es, por definición, a largo plazo. Y, por cierto, tanto GIP como CVC están en los límites temporales de inversión marcados por su filosofía corporativa.

En ese contexto, todo apunta hacia una dirección: la venta de Naturgy en trozos porque es mucho más rentable que hacerlo en su totalidad. Sin duda, esta opción es racional y legítima, pero se traduciría en la desaparición de la energética española. Obviamente, esa venta se produciría a su mejor postor y nada impediría que activos estratégicos esenciales, léase la participación de Naturgy en Medgas, fuese controlada por inversores con intereses distintos e incluso contrarios a los nacionales. Es evidente que esto sería un alto riesgo para la seguridad española en todos los ámbitos.

Por otra parte existen claros o, al menos, poderosos signos de la existencia de una acción concertada entre IFM y los otros dos fondos presentes en el accionariado, GIP y CVC. De otra manera no cabe explicar que esas dos entidades de inversión anunciasen que no venderían sus participaciones sin conocer siquiera los detallas de la OPA del fondo australiano. Esta presunción de concertación tiene la suficiente consistencia para que sea investigada por la CNMV. De lo contrario se estaría convalidando una acción potencialmente contraria a las normas de funcionamiento de un mercado de capitales transparente.

El Gobierno ha sostenido que España no puede prohibir las inversiones extranjeras. Este planteamiento no es incompatible con la política adoptada por otros estados de la UE, por ejemplo Francia que han vetado de facto la entrada de inversiones de control en sociedades consideradas estratégicas o dudosamente estratégicas. Ello no ha impedido al Hexágono recibir flujos de capital del exterior ni provocar una salida de inversión extranjera del país. Además, no es lo mismo comprar acciones que invertir en una compañía cuando esa transacción no se traduce en un incremento del capital de Naturgy que es lo que sucede en el caso de la OPA de IFM. Se están simplemente ante un traspaso de acciones de uno o varios inversores a otro.

Por todas estas razones, el Gobierno tiene dos alternativas racionales: primera, rechazar la OPA planteada por IFM; segunda, imponerla condiciones para que con su voto no pueda producirse el troceamiento de Naturgy o la venta de activos estratégicos a inversores foráneos. Esto es lo que haría cualquier Gobierno responsable en cualquier democracia occidental. En el período de transición entre una u otra decisión, el Ejecutivo debería exigir a IFM toda la información necesaria para conocer cual será su posición sobre el futuro de Naturgy y advertirle de que la adquisición se considerará nula si incumple las condiciones fijadas por el Ejecutivo.

La política energética patria adolece de un exceso de ideología y de una absoluta falta de racionalidad económica, financiera y empresarial. La descarbonización de la economía nacional no puede realizarse a costa de convertir España en un páramo industrial lo que tendría consecuencias económicas y sociales muy negativas. Sin un exceso de suspicacia podría pensarse que el desmantelamiento de Naturgy coincidiría con la vocación del Gobierno de acabar con las compañías que no encajan en su religión climática. Esperemos que esa apreciación sea errónea y la energética española perviva como una pieza estratégica central del sistema energético nacional.

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Comentarios 4

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Nicaso
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Me parece oportuno y bien este artículo. Esta OPA es incomprensible por la gran incongruencia de hechos que se dan. Por un lado es parcial, por otro lado es de lo más cutre. Además, los otros fondos no van a ir lo que es sspechoso.

Lo que no me gusta nada es la tardanza en responder por parte del ejecutivo. Esto no es una inversión sino un mero intercambio de acciones de unas manos a otra que no asegura valor añadido alguno. Por mi parte no pienso acudir a la OPA y la estrategia de Criteria me parece correcta, aunque la tendría que haber llevado en silencio.

Puntuación 4
#1
veteamarruecos
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Me importa una m. lo que opine cualquiera de vox

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#2
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mármoles

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#3
plenilunio
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En un mercado capitalista las opas deben ser autorizadas siempre. Porque suponen la libertad de un propietario para vender su bien.

Lo contrario es socialismo o comunismo. ¿Es Vox socialismo...?

Si el Estado está interesado en quedarse una propiedad empresarial que haga una contra opa. Dinero para ello no le va a faltar.

Puntuación 2
#4