El Gobierno exigirá al fondo australiano IFM que le explique sus planes para los próximos tres años en el capital de Naturgy. El Ministerio de Industria, del que depende la Dirección General de Comercio Internacional e Inversión Exterior, plantea a todos los inversores extranjeros un cuestionario tipo para que notifiquen los detalles de sus planes en España.
En dicho documento, el Ejecutivo exigirá a IFM que especifique los objetivos económicos de su inversión, el equipo directivo y consejeros de la compañía o las perspectivas de empleo en España al acabar dicho periodo para la compañía tanto en el propio país como en el extranjero.
La petición de información de planes para los próximos tres años parece insuficiente a todas luces, ya que un periodo regulatorio para las infraestructuras de gas se corresponde con ciclos de seis años.
El Gobierno exigirá también detalles concretos sobre la operación como el importe de la inversión, porcentaje, en su caso, del capital y fecha de la formalización, que en gran parte ya son conocidos al tratarse de una operación en una empresa cotizada.
IFM deberá aclararle también al Ejecutivo cuál es su estructura mercantil en España, así como si ha recibido fondos de los programas citados en el Reglamento 452/2019 de la UE que regula el control de inversiones extranjeras (principalmente centrados en la investigación y desarrollo).
La operación, además, requerirá cumplimentar un formulario en inglés que será remitido al resto de países miembros de la Unión Europea que, llegado el caso, podrían pronunciarse sobre la misma. Naturgy tiene presencia en varios países europeos (Francia, Irlanda, Portugal) y en Reino Unido.
El cuestionario exige también a IFM que aclare si ha sido objeto de sanciones administrativas o judiciales en materias que afecten a la seguridad, salud u orden público, así como si está sujeto a sanciones internacionales.
La entidad australiana deberá determinar sus participaciones en proyectos relacionados con las infraestructuras críticas en cualquiera de sus vertientes jurídicas tanto como concesionario, contratista principal o subcontratista en España, tanto en solitario como en unión temporal de empresas.
Y, por último, IFM deberá especificar los proyectos en los que Naturgy esté participando en áreas como tecnologías críticas y de doble uso, tecnologías clave para el liderazgo y la capacitación industrial, y desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España, incluidas las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, las nanotecnologías, las biotecnologías, los materiales avanzados y los sistemas de fabricación avanzados.
Contacto preliminar
Según indicaron fuentes cercanas a IFM, el fondo ya ha mantenido un contacto preliminar con representantes del Ministerio de Industria para poder avanzar en la presentación de la información necesaria para esta autorización.
Por el momento, IFM, junto con sus asesores, está preparando la información requerida y se espera que el trámite oficial pueda comenzar en las próximas semanas, ya que este permiso es la piedra angular de su oferta sobre Naturgy.
Desde la aprobación de la nueva regulación de control de inversiones extranjeras, el organismo supervisor de los mercados tiene que esperar a que el Consejo de Ministros haya dado su aprobación o impuesto condiciones a la oferta para que esta se pueda sustanciar posteriormente en los mercados.
Naturgy se encontraba justo antes de lanzar la oferta IFM a punto de presentar su próximo plan estratégico. La compañía pretendía dar un salto en energías renovables donde se había propuesto crecer alrededor de un 30% para los próximos años y seguir con el plan de rotación de activos donde el presidente de la compañía, Francisco Reynés, ya había dejado claro que no había "vacas sagradas".
Naturgy ha anunciado el pago de dividendo, lo que reducirá la oferta presentada por IFM
El consejo de administración de la gasista decidió esta pasada semana aplazar la presentación de la revisión de su hoja de ruta hasta tener solventada la oferta de IFM, aunque espera cerrar las operaciones que tiene en marcha, como la salida del negocio eléctrico de Chile o el acuerdo de ruptura con la petrolera italiana Eni de Unión Fenosa Gas.
La compañía española tiene que cumplir con el deber de pasividad que le exige la ley, pero ya ha asegurado que seguirá adelante con este proceso de rotación de activos que tenía ya en marcha y ha anunciado un próximo pago de dividendo que supondrá una minoración automática de la oferta presentada por el inversor australiano una vez que se realice dicho pago.
