"De la ley a la ley a través de la ley". Torcuato Fernández Miranda, el llamado "guionista de la Transición", intentaba definir con esta frase lo que, bajo el mandato y la supervisión del Rey Juan Carlos, se estaba preparando para acabar con el franquismo de una forma pacífica y ordenada. Un diseño magistral que ahora está siendo tergiversado torticeramente por Pedro Sánchez y su guionista de Cámara, Iván Redondo, para acabar con el Estado de Derecho que consagra la Constitución mediante un cambio de régimen que tiene sus cimientos en ese anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, aprobado en primera instancia por el Gobierno y pendiente de su remisión al Parlamento.
Bajo el pretexto de prevenir y combatir las situaciones de emergencia o de "interés para la Seguridad Nacional", y para corregir los vacíos legales que se produjeron durante el Estado de Alarma el documento aprobado ordena textualmente que "toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales" que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. Declaración ésta de un estado de crisis que el anteproyecto gubernamental ni explica ni define cómo ni en qué circunstancias debe procederse por lo que queda a la discreción de Pedro Sánchez, al menos durante los próximos dos años y medio.
Pero eso no es todo, el anteproyecto del sanchismo establece también que las autoridades podrán proceder a la "requisa temporal" de todo tipo de bienes y a "la intervención u ocupación provisional" de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Eso sí, a última hora y con fórceps, según cuentan, a alguien con un poco más de escrúpulos se le ocurrió introducir un añadido para que quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tengan derecho a ser indemnizados.
Y para completar sus afinidades con los momentos más oscuros del franquismo el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de "colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo". Lo que en román paladino significa que el Gobierno se carga de un plumazo la libertad de expresión que garantiza el artículo 20 de nuestra Constitución.
Conscientes de que ni pueden, ni podrán, contar con esa mayoría exigible en el Parlamento para reformar la Constitución -absoluta en el Senado y de dos tercios del Congreso-, y que muy posiblemente el Tribunal Constitucional va a declarar la inconstitucionalidad del Estado de Alarma, Sánchez y sus tributarios no dudan en intentar asaltar el Consejo del Poder Judicial, denostar y anular el Tribunal de Cuentas, manipular el ordenamiento jurídico y vulnerar el Estado de Derecho para declarar indultos a los golpistas y preparar un referéndum en Cataluña en la Mesa de Diálogo, sino que ahora también se inventan un instrumento legal para modificar la Constitución dejando sin validez alguna todos los artículos de nuestra Carta Magna que garantizan a la seguridad jurídica, la libertad individual y la propiedad privada, como ocurre en la Venezuela de Maduro o en la China de Xi Jinping.
Una ofensiva en plena regla contra las libertades y la democracia que el Gobierno quiere perpetrar con el respaldo incondicional de un PSOE "atado y bien atado", convertido hoy en la reedición del Movimiento Nacional franquista y que, prietas las filas tras el caudillo Sánchez, busca convertirse en el único cauce de participación en la vida pública española. Además de con la colaboración inestimable de los socios de la "Frankestein", coalición en la que participan todos los enemigos de España y de nuestra Carta Magna.
Para echarse a temblar.
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