El regreso del mecanismo que vincula la revalorización anual de las pensiones al IPC se producirá en el momento más comprometido. El incremento que la inflación muestra en este ejercicio situará su tasa promedio entre el 1,6 y el 2%.
Ésa será también la horquilla en la que se moverá la actualización de estas prestaciones que entrará en vigor el próximo enero. En otras palabras, el desembolso extra en el que incurrirá el Estado superará los 2.000 millones. Se trata así de la revalorización de pensiones más costosa de la última década. Es un resultado inevitable en un contexto como el actual, en el que la subida de los precios vuelve a ser considerable, y la Seguridad Social se ha visto privada de todos los medios para mitigar ese impacto en sus desembolsos. En la cuneta quedó el mecanismo, establecido por la reforma de 2013, que limitaba las revalorizaciones al 0,25% anual mientras persistiera el déficit en esa Administración. La misma suerte ha corrido la intención del actual Gobierno de incluir, en el cálculo del IPC que se toma como la referencia, la evolución de los precios durante los tres últimos años, lo que ahora habría sido muy útil para racionalizar el gasto. No en vano, excluyendo 2021, la inflación registró tasas muy bajas o incluso negativas. Sin embargo, el Ejecutivo renunció a esa pretensión, como también a la posibilidad de imitar a otros países europeos y tener en cuenta otras variables importantes, en particular el comportamiento del PIB y los sueldos, o la situación de las finanzas públicas.
El regreso de la indexación al IPC se saldará, ya el próximo enero, con el mayor gasto extra en este capítulo en 10 años
El regreso a la simple y llana indexación de las pensiones al IPC anual empieza, con gran velocidad, a cobrarse un alto precio que compromete el futuro del sistema público de protección.