Si no fuera porque he sido diputado ejerciente podría ir con el lirio en la mano. Pero como lo fui, el lirio se me ha caído. ERC ha presentado una enmienda en el congreso al Proyecto de Ley de medidas urgentes y complementarias para apoyar la economía y el empleo. Pensarán ustedes que es para que se ayude a las pymes españolas a relanzar sus actividades. Pues no. Bajo el eufemismo de que Aena "reequilibre los descuentos" a las tiendas conocidas como "Duty Free" en realidad está defendiendo a empresas que no son pymes, una de ellas con accionistas como Alibaba, o fondos soberanos de Noruega, Catar o Singapur. O corporaciones dirigidas por individuos que se otorgan 'bonus' multimillonarios mientras exigen descuentos. Lo curioso es que el mismo argumento está recogido en una moción del PP en el Senado para pedir a Aena que reequilibre con más descuentos los arrendamientos a esas tiendas.
Aena afirma que más de dos terceras partes de sus arrendatarios han firmado las condiciones ofrecidas, que en su opinión son generosas y suficientes. También afirma que alguna de las empresas reticentes a firmar los acuerdos alegan falta de liquidez para sobrevivir por culpa de la pandemia. Es el caso de Cristal Travel Retail. Una empresa que, según ha reconocido el juzgado de primera instancia nº 21 de Palma de Mallorca se descapitalizó. Pero no para pagar a sus empleados durante el COVID, sino para repartirse más de dos millones de euros en dividendos.
Así que ese "reequilibrio" consiste en ver si se favorece a los accionistas y directivos de esas poderosas cadenas, como la compañía Dufry o a los de AENA. Los primeros son poderosos fondos extranjeros. Los segundos, los accionistas de AENA, son el Estado español (que mantiene mayoría del capital), e inversores en su mayoría españoles, bien directamente, bien a través de instrumentos financieros como fondos de pensiones.
También es singular el caso de la cadena Áreas que se opone a las condiciones ofrecidas por AENA y dice a la justicia española que está en riesgo de insolvencia. Áreas, controlado por el fondo de Nueva York PAI Partners, dice a la justicia española que está en riesgo de insolvencia mientras dispara las retribuciones a su equipo directivo.
Como rehenes de la negociación están los empleados que esas empresas dicen no poder mantener si no se le negocia a la baja. Empleados que, probablemente, están o han estado ahora en ERTEs financiados por los impuestos del contribuyente español. Empleados que pueden reengancharse a nuevas empresas adjudicatarias de los locales como ha ocurrido en muchas ocasiones en que un empresario sustituye a otro en un servicio. Algo que se puede poner en los pliegos de condiciones para renovar o iniciar un nuevo arrendamiento.
De manera que en virtud de uno o varios lobbies ERC y el PP es posible que se encuentren defendiendo a accionistas extranjeros o españoles que piensan antes en sus dividendos y multimillonarias retribuciones, qué en los empleados. Intereses contrapuestos a los de una empresa española financiada por fondos públicos y privados de nuestro país. La pregunta es: ¿es una defensa consciente o inconsciente? ¿es que ERC y el PP no se han dado cuenta de los intereses en juego y han pecado de ingenuos? O …. (que el lector imagine lo que quiera yo no puedo afirmar nada, solo exponer los hechos).
En todo caso es una situación extraña. Porque en una negociación comercial, en el mercado, lo hay que dejar que las partes defiendan cada uno sus intereses, con sus argumentos y capacidades, sin que manos extrañas perturben el equilibrio.
Afirmo, por otra parte, que todo lo que se haya hecho puede ser no sólo legal, sino también legítimo y ético ¿estético? Para que en este tipo de casos se desvanezcan las sospechas solo hay una solución. Que haya una regulación transparente de los que antes se llamaba el Lobby y ahora Publics Affairs.
En EEUU los lobistas están registrados como tales en una oficina de las cámaras (representantes y senadores). A esta oficina ellos tienen la obligación de declarar todo tipo de acciones, reuniones, intercambios de bienes y dinero que hacen con los miembros de las mismas o sus equipos. También quienes son los clientes que representan y sus intereses. Todo transparente.
No es posible parar las aguas de un torrente, pero si encauzarlas. El contribuyente norteamericano no es ingenuo. Sabe que todos tenemos el derecho a defender legítimos intereses en los parlamentos. Lo que quiere conocer es lo que cada uno hace para obrar, y votar, en consecuencia.
No solo es lo mejor para el ciudadano elector y contribuyente (todos pagamos impuestos, aunque sea solo el IVA). También lo es para los propios profesionales de los "Publics Affaires" (en francés suena más fino).
El ministro Iceta ha anunciado como propósito crear ese registro público de empresas. Si estuviera ya en marcha sabríamos hasta el color de la ropa interior de quienes ejercen esta honorable profesión. Y cuando los profesionales saben que se va a conocer el estado de esa ropa interior se esmeran en ir limpitos.
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