La batalla abierta entre Aena y las tiendas de los aeropuertos esconde unos 3.457 millones de euros en alquileres garantizados hasta 2024 que los arrendatarios ni quieren ni pueden pagar y que el gestor buscar salvar en la mayor medida posible.
Así, mientras las empresas alertan del riesgo de quiebra y piden al presidente Pedro Sánchez que medie ante Aena para anular las rentas mínimas garantizadas y vincular el pago de los alquileres a los ingresos reales de los locales hasta que se recupere el tráfico, el pasado enero la cotizada impuso una reducción del 100% de las rentas mínimas garantizadas en el periodo del confinamiento (marzo-junio), del 50% entre el 22 de junio de 2020 y el 8 de septiembre de 2021 y el cobro íntegro de las mismas a partir del 9 de septiembre de 2021, pese a que la firma asume que el tráfico no volverá a ver los niveles de 2019 hasta 2024. Una previsión ahora se considera optimista en el sector.
Con esta medida, que obliga a las tiendas a pagar en 2020 tres veces más que las ventas generadas entre marzo y diciembre, Aena se garantiza cobrar unos 400-500 millones de euros de los 800 millones que tenía previsto ingresar por las rentas mínimas contempladas en los contratos. En 2021, tiene blindados unos 740 millones, de los espera asegurarse más de la mitad con el acuerdo de rebaja que han rechazado el grueso de las empresas, a las que ha empezado a facturar el cien por cien de las rentas y ha amenazado con ejecutar los avales.
Los Dutty Free, que han visto desplomarse sus ventas por el desplome del 72% de los pasajeros, que continúa en enero y febrero, tienen la obligación de pagar un mínimo de 370 millones de euros anuales entre 2020 y 2024. Los restaurantes, por su parte, tienen comprometidos por contrato unos alquileres mínimos de 210 millones al año hasta 2022 incluido. A 2023 baja a 171 millones y a 2024 a 145,8 millones.
A partir de 2022, año en el que se prevé una actividad floja, Aena ya cobraría 735 millones que tenía comprometidos con los contratos firmados a 2019. Cifra que baja a 616 millones en 2023 por las renovaciones pendientes. Esta falta de flexibilidad en la negociación teniendo en cuenta que casi no pasa gente por los aeropuertos podrá suponer un problema a largo plazo para Aena a la hora de tener buenas condiciones en los contratos por mucho que a corto mantenga el tipo en las cuentas.
"Aena debe ceder en su inmovilismo y adaptar el canon a la facturación real. De llevarse a cabo el ultimátum dado por Aena, estaríamos ante una inminente situación de insolvencia para la mayoría de las tiendas, la entrada en concurso de acreedores y la inevitable pérdida de miles de empleos", denuncian los arrendatarios y sindicatos.
