Opinión

Vacunas: la difícil suspensión de patentes

Pros y contras de la eliminación de la patente de la vacuna del Covid

A esta altura de la pandemia, la pregunta clave es si la producción de vacunas se puede aumentar lo suficientemente rápido como para permitir que la mayoría de las personas estén vacunadas relativamente pronto. Pero esta pregunta remite a otra: si es apropiado o no, y en qué circunstancias, suspender los derechos de propiedad intelectual acordados a nivel nacional e internacional. La cuestión se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio ahora que la administración del presidente norteamericano, Joe Biden, ha salido sorpresivamente en respaldo de una exención de las patentes ante la emergencia creada por el Covid-19, dejando en evidencia una fisura entre los Gobiernos occidentales.

La mayoría concuerda en que, si un conjunto de condiciones justifica una exención, esta pandemia sin duda las cumple. Los millones de vidas amenazadas por el virus deberían generar un compromiso compartido de solidaridad. Y la vacunación es un bien público, porque la seguridad de cada uno en definitiva depende de la de los demás. En algunos casos, los Gobiernos han coinvertido junto con empresas en el desarrollo de vacunas, fortaleciendo el argumento a favor de una suspensión de patentes obligatoria. Pero cualquier cosa que hagamos no debe producir consecuencias adversas o no intencionadas que pudieran afectar nuestras respuestas a crisis futuras de este tipo.

Necesitamos empezar por un interrogante básico: ¿la propuesta en discusión suspendería los derechos de propiedad intelectual o simplemente permitiría una exención obligatorio, según el cual la empresa retiene su propiedad intelectual y el derecho de obtener un retorno? De las dos opciones, es preferible la exención obligatoria. Al admitir que el creador tiene derecho a un retorno, minimizaría el efecto adverso en incentivos futuros a la investigación.

Ahora bien, una cuestión importante pasa por determinar qué se está licenciando exactamente. ¿Estamos hablando de la composición química del propio medicamento o la licencia se extiende a toda la tecnología incluida en un proceso de producción en escala? Aumentar la producción global muy probablemente exigiría ambas cosas. Pero, como la tecnología de fabricación patentada no necesariamente es específica de un medicamento, la exención de patentes obligatorio en este caso podría afectar la producción de otros fármacos, planteando interrogantes en relación a la justicia y a la tasa de retorno sobre la inversión. Asimismo, transferir tecnología de producción no siempre es fácil.

La capacidad de producción es otra variable importante. ¿Con cuánta se cuenta ahora y cuánta más necesitaríamos construir aceleradamente para garantizar una producción de alta calidad si se transfiriera la propiedad intelectual? Más allá de las respuestas precisas, y más allá también de los problemas estrictamente relacionados con la propiedad intelectual, la cuestión más importante pasa por determinar quién va a fabricar y distribuir en estas condiciones y aún más decisivo a qué precio lo hará.

Los expertos de salud pública y los responsables de las políticas por lo general se han resistido a cobrar por la vacunación, porque esto iría en contra del objetivo de inmunizar a todos. Pero, en el contexto actual, los clientes que compran vacunas son principalmente gobiernos o instituciones multilaterales, lo que implica que existen por lo menos dos precios a determinar. Uno es la regalía obligatoria pagada a los productores originales, supuestamente las empresas que liberan la propiedad intelectual de la vacuna. Pero después está el precio pagado por los gobiernos a esos licenciatarios, que pueden o no ser compañías nacionales.

La prioridad general de largo plazo es preservar los incentivos para que las grandes compañías farmacéuticas inviertan mucho y rápido en la respuesta a la próxima crisis –como lo hicieron en ésta-. Estas son inversiones arriesgadas. Se deben fijar las regalías, en conjunto, para producir retornos sustanciales para los productores exitosos, y también un retorno sobre la propiedad intelectual incluida en la tecnología de fabricación. Más concretamente, el incentivo debe seguir siendo lo suficientemente fuerte como para persuadir a todas estas empresas de asumir el riesgo de un fracaso.

Algunos dirán que el retorno para los productores de vacunas exitosos ya es alto a partir de las ventas a los países desarrollados. Eso puede ser verdad, pero no podemos simplemente darlo por sentado. Es una cuestión que tendrá que resolverse en la OMC. Menos inciertos son los principios que se deben defender ahora y en crisis futuras como ésta. Para la compañía inversora, los retornos esperados sobre el desarrollo de las vacunas (que incluye la probabilidad de fallar) no deberían ser ni inapropiadamente bajos ni prohibitivamente altos. Es un error común considerar sólo los retornos para las compañías que tienen éxito.

La manera más justa de pensar en esto es basar los precios en el ingreso per capita del país cuyo gobierno está comprando las vacunas. (Dependiendo de su misión, las agencias humanitarias y las organizaciones sin fines de lucro pueden subsidiar aún más las compras). Pero ya que la discriminación entre países abre la posibilidad de que gobiernos y empresarios sin escrúpulos puedan sacar ventaja del sistema mediante trasbordos, una institución internacional como las Naciones Unidas idealmente negociaría y compraría grandes cantidades de vacunas para distribuir a países por debajo de un cierto nivel de ingresos.

El programa Acceso Mundial a Vacunas contra el Covid (COVAX), lanzado en 2020 por la Organización Mundial de Comercio, Gavi, la Alianza de Vacunas, y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, está destinado a lograr esto, con financiación de las economías avanzadas. Es una buena idea y debería seguir su curso. Pero si bien ha hecho progresos en materia de adquisición y distribución de vacunas, está sub-financiado y padece los mismos problemas de oferta (acaparamiento de vacunas, requerimientos de licenciamiento y cuellos de botella en la fabricación) que normalmente enfrentan los países en desarrollo.

Se supone que los países donde se desarrollan vacunas satisfarán sus propias necesidades primero. Así, la única solución real a nivel global es escalar la capacidad de producción en la mayor cantidad de lugares posible.

Al considerar las lecciones aprendidas de esta crisis hasta el momento, se destacan dos puntos finales. Primero, no se deberían tomar decisiones críticas de manera unánime y todos deberían tener derecho a veto. Esta es una receta para la dilación y la inacción. Por el contrario, necesitamos un organismo responsable y ampliamente representativo como las Naciones Unidas para declarar una emergencia global, que luego debería dar lugar a acuerdos pre-especificados. Negociar opciones de fabricación global y propiedad intelectual en medio de una pandemia no es lo ideal.

Segundo, sigue habiendo un problema importante y urgente de capacidad máxima en la fabricación. La capacidad máxima es costosa, porque si bien no se utiliza la mayor parte del tiempo, su ausencia en momentos de crisis puede resultar en una mortalidad mucho más alta y en alteraciones más prolongadas. El sector privado no puede resolver este problema. Mientras haya un interés público global en tener una capacidad de fabricación farmacéutica en exceso, los gobiernos, en su conjunto, deben explicar cómo pagarán por ella y cómo preservarán los incentivos a inversiones muy complejas que siempre implican riesgos para las empresas que los acometen.

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