Las debilidades de la economía española quedan al descubierto durante esta crisis. Una de ellas es que no se ha sembrado lo suficiente para dotarnos de más y mejor productividad, lo que enlaza con el tamaño de nuestras empresas, el empeño y pedagogía que desplegar para su crecimiento junto con un marco que favorezca crecer. Y otra fragilidad viene dada por nuestro modelo productivo, el de una economía excesivamente decantada hacia los servicios, a menudo de bajo valor añadido, con lo cual no se dan alicientes para la formación y que se ha ido desindustrializando.
En España, a marzo de 2021, había 2.876.944 empresas, de las cuales pymes sin asalariados eran 1.601.769; microempresas con de 1 a 9 asalariados 1.101.334; pequeñas con de 10 a 49 asalariados 145.078; medianas con de 50 a 249 asalariados 24.009, y grandes empresas, con 250 asalariados o más, 4.754. Salta a la vista el absoluto predominio de las pymes en la composición de nuestro tejido empresarial. Concretamente, empresas sin asalariados y con hasta 9 asalariados suman 2.703.103, representando casi el 94%.
Las embestidas de la crisis actual se ceban cruelmente con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Su tamaño reducido imposibilita disponer de suficientes mecanismos con los que poder resistir tantos meses, más de un año que llevamos ya de restricciones y cierres de actividades a causa del virus.
Si los rigores de la pandemia se hubieran limitado a aquellos primeros quince días de marzo de 2020, o a un mes, el dañino impacto sobre nuestras pymes hubiera sido más llevadero. La conmoción se ha agravado por la falta de ayudas directas y la ausencia de exoneraciones de impuestos y exenciones de cotizaciones sociales. La única panacea concebida por las autoridades competentes, para algunas empresas, ha sido la de engordar la bola de su deuda a través de préstamos bancarios, avalados por el ICO o no. Deudas que un día se tendrán que devolver, que está por ver si se podrán liquidar, relativas a períodos en los que no se ha ingresado un solo euro. Verbigracia, los hoteleros de Barcelona han dejado de facturar 2.100 millones de euros en los quince meses que llevamos de Covid. Decía Jordi Mestre, presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, que "la situación se nos hace mucho más complicada; el verano es la última oportunidad que tenemos de remontar".
El problema de nuestras pymes y autónomos radica en la brusca interrupción de los ingresos, en no hacer caja, y, en cambio, en verse obligadas a soportar los gastos fijos y de funcionamiento, con los de personal que suelen ser los de más peso, los impuestos y las cotizaciones sociales y otros de carácter operativo. Aunque esos menoscabos más que tener su origen en la pandemia han sido consecuencia directa de la gestión política que de la misma se ha hecho y, en especial, de las severas y restrictivas regulaciones adoptadas por las autoridades competentes que han supuesto una carga de profundidad para autónomos y pymes, máxime al no haberse establecido un cuadro de compensaciones económicas como se ha hecho en otros países. De tal suerte que se ha dado la puntilla a muchos miles de pequeñas empresas por la falta de interés gubernamental en socorrerlas, precipitando una trágica destrucción económica.
Otrosí, aquellas pymes enfrascadas en inversiones recientes financiadas a través de endeudamiento se han visto obligadas a tener que hacer frente a sus compromisos de pago. Lo que empezó siendo una crisis de liquidez, que solo para algunas empresas, que no todas, se procuró reparar a través de más deuda por la vía de los préstamos ICO - lo que es pan para hoy y hambre para mañana, cuando se tengan que devolver tales préstamos -, devino en algo peor: una crisis de solvencia. Y de la crisis de solvencia a la insolvencia solo hay un paso.
Por consiguiente, esa estructura empresarial en la que prevalecen empresas de reducida dimensión ha golpeado su línea de flotación, por sus condicionadas posibilidades de resistir. Esto lleva a reflexionar sobre algunos puntos, como el de procurar intensificar la dinámica de la productividad, dada la exigua evolución de la economía española y que, a la postre, deriva del insuficiente desarrollo de la productividad. Baste señalar que durante los últimos veinte años la productividad total de los factores en España ha crecido a una tasa anual promedio del 0,2%, muy inferior a la de otros países y por debajo, por ejemplo, de la tasa de Alemania o de Estados Unidos. Además, se advierten acusadas diferencias de productividad negativa entre las pymes españolas en comparación con las europeas. Con baja productividad, de no reajustar nuestra estructura económica, no tiraremos adelante y nuestra economía se irá apagando. No hace falta que hablemos de 2050…
Para obtener ganancias en productividad, además de avivar bríos y crecimientos empresariales, procurando dar más fuelle a la competencia sectorial, es preciso mejorar el capital humano y reforzar el capital tecnológico. Si nuestras pymes pudieran crecer no solo aumentaría su productividad sino también su solidez financiera.
Pero hay otros puntos sobre los que insistir. El marco regulatorio en España solo presenta obstáculos para que nuestras pymes cojan músculo. Engorrosos e interminables trámites en la creación de empresas, regulaciones muy puntillosas y burocratizadas en sectores como el comercio minorista, transporte y servicios profesionales, amén de un funcionamiento del sistema judicial que no es el más apropiado y, de remate, esa falta de voluntad de las Comunidades autónomas para reducir las trabas existentes a la unidad de mercado.
