La factura de la crisis del Coronavirus ha sido terrible a todos los niveles, también en el económico. Dentro del desastre económico un aspecto importante es el tremendo coste de la crisis para la Hacienda Pública. Nos enfrentamos en España a un nivel de deuda pública, 120% del PIB, que además continuará aumentando a corto plazo, vistos los datos de déficit de 2020 y las previsiones para 2021. Ante esto, parece una obviedad que el Estado necesitaría recaudar más. Aún así, convendría realizar un par de matizaciones:
Señalaba el filósofo griego Protágoras que "el hombre es la medida de todas las cosas". De alguna forma, en macroeconomía el PIB es la medida de todas las cosas. Este planteamiento suele ser muy útil en tiempos normales: no se puede comparar en términos absolutos la deuda pública norteamericana y la española porque las soportan economías de distinto tamaño. Sin embargo, cuando se produce una contracción de la economía tan brutal, y probablemente coyuntural, como la causada por la pandemia del Coronavirus, distorsiona muchísimo medir en función del PIB. Lo cierto es que cuando se recupere, al menos una parte de la contracción económica, el problema de la sostenibilidad de la deuda será algo menor.
Por otra parte, la mayor parte del desfase de la Hacienda Pública en España estuvo en los gastos y no en los ingresos. En 2020 el déficit público se incrementó respecto a 2019 en 90.592 millones de euros, de ellos 65.519 millones se debieron al incremento del gasto público, 9.900 millones a "ayudas a las entidades financieras", es decir computar parte de las pérdidas de la SAREB que pasa a estar a efectos contables en el Sector Público, y "sólo" 24.487 millones de euros a la caída de ingresos públicos. La recaudación fiscal ha caído menos que el PIB, y como algunos ya habíamos previsto los ingresos públicos como porcentaje del PIB alcanzaron un récord en España, al suponer ya el 41,30% del PIB más incluso que el 41,14% que alcanzó en 2007.
La sociedad necesita que las empresas paguen una tasa razonable de tributos
Eso sí, el impuesto que peor se comportó en términos recaudatorios fue el impuesto de sociedades con una caída respecto de 2019 del 33,2%, frente a una caída de la recaudación gestionada por la Agencia Tributaria del 8,8%. Dentro de esta caída destacan los pagos fraccionados de los grupos consolidados, es decir las empresas más grandes, con una caída en 2020 del 28,4% superior a las demás empresas, teniendo en cuenta que ya en 2019 la contribución de las muy grandes empresas se había caído un 19,4% respecto de 2018. Parece, según estos datos, que el menor tipo de tributación efectiva sobre el resultado contable que tenían las grandes empresas respecto de las demás, ya en los ejercicios anteriores, lejos de disminuir, se incrementó en 2019 y sobre todo en 2020.
Es cierto que en 2020 las rentas que más sufrieron la crisis fueron las rentas empresariales. Según el INE, mientras que el Excedente Bruto de Explotación y las rentas mixtas cayeron un 11,6% frente a la caída de la remuneración de los asalariados en un 4,5%. En consecuencia, cabía esperar que la caída del impuesto que grava las rentas empresariales fuese mayor que la del impuesto cuya recaudación procede en un 80% de las nóminas y pensiones: el IRPF. La realidad de las cifras es que la recaudación del IRPF en 2020 fue un 2% superior a la de 2019. Por el contrario, en 2020 se dejaron de recaudar 1 de cada 3 euros del impuesto de sociedades.
El año pasado se recaudaron 15.858 millones de euros por el impuesto de sociedades. Es decir que para encontrar una recaudación inferior por este impuesto hay que remontarse a 1999. Y sólo estamos viendo la cara visible del Iceberg. La cara oculta son las pérdidas que las empresas podrán compensar en futuros ejercicios, las denominadas bases imponibles negativas, que muchas empresas tuvieron en 2020 y que todavía están pendientes de declarar. Esto hará que las empresas paguen menos impuestos por los beneficios que tengan en el futuro.
Equilibrar el campo de juego favorecería a las empresas sin estructuras multinacionales
A corto plazo, el objetivo fundamental debe ser recuperar la actividad económica, no aumentar la recaudación fiscal, al menos en mi opinión. De hecho, al recuperar actividad económica, aumentará la recaudación de impuestos. De hecho, la recaudación fiscal se ha comportado muchísimo mejor que en la anterior crisis, con una excepción obvia: el impuesto de sociedades. Por lo tanto, podemos extraer algunas conclusiones: La primera es que a muy corto plazo hay que vacunar para poder salvar vidas y reabrir la economía, subordinando a eso prácticamente todo lo demás. A corto plazo hay que reactivar la economía, lo que incrementará el empleo, el PIB y la recaudación. Esto debería disminuir el gasto público, que no olvidemos que es el componente más importante, con mucho, del incremento del déficit público en 2020.
A medio y largo plazo, no ahora ni el año que viene, las grandes empresas, especialmente las multinacionales, deberían pagar más. No puede ser que las empresas que más dinero ganan del mundo sean las que menos paguen por sus beneficios. Tampoco puede ser que cuando la economía va bien apenas aumente la recaudación del impuesto de sociedades, o incluso disminuya como pasó con los pagos fraccionados de los grupos consolidados en 2019, y cuando va mal, como pasó en 2020, la recaudación del impuesto de sociedades se desplome. Evidentemente, tenemos un problema mundial con la tributación de los gigantes tecnológicos, y no sólo tecnológicos, pero también tenemos un impuesto de sociedades en España en crisis desde hace muchos años.
Seamos realistas, que las muy grandes empresas contribuyan algo más a medio plazo no va a evitar que la consolidación fiscal que nos queda por delante no conlleve sacrificios. Partimos de una situación muy complicada. Pero, lo que no pagan unos lo acaban teniendo que pagar otros. Y exigir los impuestos correspondientes a los que tienen más capacidad económica no sólo es un imperativo constitucional sino también un elemento fundamental para legitimar el sistema fiscal y la acción del Estado.
Comentábamos la semana pasada que la propuesta de Biden de armonizar a nivel global el impuesto de sociedades era, al mismo tiempo, una oportunidad para España y, sobre todo, un reto para Europa. Equilibrar el campo de juego favorecería a todas las empresas que no tienen capacidad para montar estructuras multinacionales para pagar tasas ridículas sobre sus beneficios, y tienen que competir con empresas que sí lo hacen. Pero para eso, resulta imprescindible que en Europa más del 70% de los beneficios de las multinacionales (por lo menos norteamericanas) NO se desvíen hacia tres Estados, Irlanda, Luxemburgo y Holanda, por razones fundamentalmente fiscales. Corregir esta situación legitimaría, también, el proyecto europeo.
Concluyo, con bastante probabilidad, las grandes empresas pagarán en el futuro más impuesto de sociedades. Recordemos que el impuesto se paga cuando se tienen beneficios y muchas empresas no los tuvieron en 2020. Y efectivamente, una sociedad necesita que las empresas ganen dinero, pero también que esos beneficios paguen una tasa razonable de impuestos, por razones recaudatorias, pero, sobre todo, de justicia y legitimación del sistema fiscal. Decir que esto solucionaría todos los problemas económicos a los que nos enfrentamos es puro populismo, pero obviarlo es la estrategia del avestruz, lo que tampoco soluciona los problemas, sino que los agrava.
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