La actual coyuntura, además de obligar a resistir y combatir los embates de la pandemia y sus aristas económicas y sociales, amén de las políticas, exige concretar el paradigma para la reconversión y reconstrucción de la economía española que tiene que fijar sus objetivos en promover la competitividad y fortalecer la calidad del modelo productivo.
Uno de los rasgos esenciales, tras la experiencia que estamos viviendo, es el de dotar de los necesarios recursos a la sanidad española que indudablemente se erige en el principal muro de contención para salvar vidas humanas y proteger a la economía. España, en 2018, solo destinaba el 6% de su PIB a gasto público en sanidad, a diferencia de otros países europeos. El promedio de gasto en salud en porcentaje del PIB de la Unión Europea y de la Zona Euro, ese año, fue del 7,1%; en Alemania del 7,2%; en Austria del 8,2%; en Dinamarca del 8,3%; en Francia, del 8,1%; en Países Bajos, del 7,6%; en Reino Unido, del 7,5%; en la República Checa, del 7,6%; en Suecia, del 7%; en Eslovaquia, del 7,3%; e incluso en Portugal del 6,3%.
No cabe la menor duda de que nuestra sanidad goza de un elevado prestigio y consideración a nivel mundial, que investigadores y médicos españoles destacan como auténticos números uno en diversas especialidades y que científicos formados en nuestro país trabajan en reconocidos centros de investigación con sede en distintos países y, en concreto, en Estados Unidos. Asimismo, una serie de hospitales españoles se configuran como referencias de primer orden en el concierto sanitario internacional. El problema, aquí, en España, es simplemente la dotación de recursos y la falta de reconocimiento en las carreras profesionales de médicos e investigadores, compelidos en muchos casos a emigrar.
El gasto público fluye en demasía por otros cauces que no son por los que debiera discurrir. Si el dinero que los españoles pagamos en impuestos y que no es poco, se distribuyera más en favor de los pilares de nuestro estado del bienestar, incluyendo sanidad, educación y protección social, y menos en otros menesteres ociosos y superfluos de vitola política, se apuntalarían cimientos consistentes para construir una España mucho mejor y una economía mucho más sólida.
La reindustrialización de España, que pasa por las tres íes es otro de los retos cruciales. La primera í es la de la industria, la segunda la de la investigación y la tercera la de la internacionalización. Y esa reindustrialización tiene que encaminarse hacia el aprovechamiento de nuestras infraestructuras, muchas de ellas construidas en los alegres años del arrebato de un derroche de gasto público sin ton ni son, con ramalazos faraónicos y cuya dudosa efectividad en su momento podría rehabilitarse ahora. La reindustrialización, a los acordes de la transformación digital y la transición ecológica, debiera canalizarse en buena parte a través de la España interior y vaciada, promoviendo el desarrollo de la España rural. Y es ahí donde juega un papel determinante la creación de polos de desarrollo industriales y tecnológicos, junto a la innovación empresarial. Para ello, se necesita menos páginas de BOE y de iracunda y sobrecargada normativa y más libertad económica.
El campo, el sector primario, se ha consolidado durante los últimos meses en un baluarte imprescindible para nuestra economía, siendo el único sector que creció en 2020. Hay que aprovechar su empuje y combinarlo con una robusta industria agroalimentaria, en la que la influencia tecnológica sea nuclear y que, además, se ha sabido abrir al exterior como lo confirma su encomiable faceta exportadora.
El turismo vivirá un salto cualitativo. Ha sido y es uno de los sectores más importantes de la economía española, y eso comporta cuidarlo y, al mismo tiempo, pulirlo, asistirle en lo que será una tendencia selectiva y de personalización, que habría que integrar con promocionar nuestra cultura, gastronomía, deporte, calidad de vida, sirviendo de aliento tractor hacia otras actividades. Todos ganaríamos.
Que el capítulo de la formación, básica, secundaria, profesional y universitaria supone uno de los grandes envites de la economía española, no cabe duda. En España tenemos universidades en las que no solo hay que plantear cabales reformas de los planes de estudio, encajando el binomio universidad y economía/empresa de forma idónea, sino también propiciando que nuestras universidades se conviertan en auténticos ejes de investigación, desarrollo e innovación, para lo que es preceptivo dotar de recursos a las universidades y promocionar carreras docentes e investigadoras siempre en busca de la excelencia. Hoy, lamentablemente, a las universidades españolas no se las trata como debiera, pensando que en ellas es donde se gesta el talento que, por desgracia, al comprobar que aquí, en España, no puede progresar se ve forzado a emigrar en busca de nuevos horizontes. Eso explica la fuga de talento que sufrimos, lo que se traduce en una emigración de calidad notable que no se compensa con una inmigración de la misma talla. A la larga, estamos ante el empobrecimiento del país. Y esa fuga de talento se está agravando.
Y un apunte postrero al respecto es el concerniente a la revisión del gasto público, que a tenor de los derroteros que va tomando, sería recomendable que se impusiera una política de Presupuesto Base Cero, es decir, partiendo de nuevo y de cero en cuanto a lo que España tiene que gastar. Cualquier revisión que se formule sobre este particular, conducirá a la conclusión de sobredimensionamientos del gasto público, lo que implica que los ciudadanos tengamos que asumir mayores cargas tributarias y que el dinero no se gaste – y vuelvo a los párrafos iniciales – en las partidas que debiera.
Acaso, la única alternativa para acometer una profunda revisión y ajuste del elevado gasto público que en 2020 representó más del 52% del PIB, evidenciando que el primer agente económico de España es el sector público y delatando pues un excesivo intervencionismo estatal en la economía sería la formación de un gobierno de concertación, con protagonismo tecnócrata, y poco numeroso. ¿De verdad España precisa de tantos ministerios como hoy tiene para funcionar, que no funciona, o es que hay mucha prebenda y mamandurria?
