Ley que castiga a las farmacéuticas

En la carrera por la aplicación masiva de las vacunas anti-Covid, España tiene cierto protagonismo en la distribución del fármaco y en su envasado. No ha ocurrido así con su desarrollo científico, lo que debería estimular la reflexión sobre el desaprovechamiento del potencial que, de acuerdo con la patronal Farmaindustria, nuestro país sería capaz de desplegar en este ámbito.

Ahora bien, para cambiar esa situación, urge reconocer que el sector no puede seguir sometiéndose a las mismas reglas de juego que antes de la epidemia.

Especialmente restrictiva resulta la disposición legal española que establece la obligación de igualar precios por abajo, en cuanto la patente de un fármaco caduca y surgen genéricos que lo imitan. Esta situación es especialmente lesiva para el tipo de fabricación que se desarrolla en España, basada en la llamada innovación incremental, que consiste en hacer mejoras sobre fármacos ya existentes.

Ese aumento de las prestaciones no puede traducirse, en el mercado español, en un precio acorde, si la molécula sobre la que se aplican ya contaba con copias baratas en el mercado. En estas condiciones, que implica dejar sin las más mínima recompensa el esfuerzo investigador de las empresas, resulta una quimera pensar que los laboratorios están en condiciones de traer a España la producción que deslocalizaron en China o India.

Poner fin a esta penalización legal es un paso que el Gobierno debe llevar a cabo. Ante la destrucción de tejido productivo que la crisis deja tras de sí, sería una temeridad menospreciar la capacidad de reindustrializar nuestro país con un sector intensivo en investigación y desarrollo, y capaz de crear empleo e lata cualificación.

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