El Gobierno desvelará hoy su largamente demorado plan de ayudas a la hostelería. Es conocido que uno de sus capítulos prevé rebajas en los alquileres de locales que en el sector ya se consideran insuficientes, por lo que reclama transferencias directas en función de la facturación previa a la crisis.
Las declaraciones más recientes del Ejecutivo dejan clara su lógica reticencia ante una ayuda así. No es fácil calcular la facturación en una actividad aún muy sujeta al sistema de tributación por módulos. Pero más grave es el riesgo de que gran parte de las transferencias lleguen a empresas ya inviables. Más que una ayuda social que acabe financiando empresas zombies, es preferible un sistema de incentivos para retomar la actividad con una mínima garantía de devolución.
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